ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY
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FORUM II: PROPUESTAS DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL y JURISPRUDENCIA:

DERECHO INDIGENA Y DERECHOS HUMANOS/

Indigenous law and human rights

Críticas al Dictamen del Congreso sobre la Iniciativa COCOPA presentada por el Pdte. Fox

Reseña: El Dictamen del Congreso de la Unión sobre la Iniciativa presentada por el Presidente Vicente Fox ha dado lugar a varias críticas, las que se recogen en este documento:
1. Manifiesto del Congreso Nacional Indígena, criticando el Dictamen del Congreso de la Unión sobre la Iniciativa presentada por el Pdte. Fox (Iniciativa COCOPA).México, 1 mayo 2001
2. Artículo de Sergio Rodríguez Lascano: La propuesta del Ley Indígena aprobada por el Senado: Un paso adelante, dos pasos atrás. (Mayo 2001)
3. SIPAZ: La ley Indígena desata polémica Nacional y debilita el Proceso de Paz (3 mayo de 2001)
Debate: en el Foro II se encuentra: 1) La Iniciativa presentada por el Presidente Fox, 2) Comentarios por Willem Assies, 3) Magdalena Gómez, 4) Héctor Díaz-Polanco, 5) el Manifiesto de Antropólogos e Historiadores Mexicanos de apoyo a la aprobación de la Iniciativa COCOPA, y 6) El Dictamen del Congreso de la Unión sobre la Iniciativa.

ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY, alertanet@hotmail.com

FORUM II

1. CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

MANIFIESTO INDÍGENA DEL PRIMERO DE MAYO

CONSIDERANDO que 509 años de historia han significado para los nuestros, pueblos primeros, explotación, discriminación y pobreza, y que la Nación Mexicana, nacida de nuestra semilla y de nuestros corazones, ha sido edificada por los poderosos negando nuestra existencia y negando nuestro supremo derecho a caminar nuestro propio camino, sin que ello signifique renegar de la patria fundada con nuestra sangre.

RECORDANDO que los Acuerdos de San Andrés Sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados el 16 de febrero de 1996, corresponden tan solo a la Primera Mesa de Diálogo entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y son compromisos y propuestas conjuntas que ambas partes pactaron para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Y que estas propuestas conjuntas, que serían enviadas a las instancias de debate y decisión nacional, fueron recogidas por la Comisión de Concordia y Pacificación –integrada por legisladores de los diversos partidos políticos nacionales- en un texto legal que se presentó como Iniciativa de Reforma Constitucional, misma que aceptaron, tanto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como el Congreso Nacional Indígena el 29 de noviembre de 1996, no sin señalar las omisiones que presentaba y reconocerla como el paso primero para el reconocimiento constitucional de nuestros derechos.

RECONOCIENDO que los Acuerdos de San Andrés, así como su traducción jurídica constitucional que se expresa en la Iniciativa de Reforma Constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), reflejan el consenso mayoritario de los pueblos indígenas de México, del Gobierno y de la sociedad nacional en materia de derechos y cultura indígena.

CONSIDERANDO que el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígena, según la Iniciativa de la COCOPA, como parte de las tres señales demandadas por el EZLN, es el paso firme para la construcción de un paz justa y digna en Chiapas.

CONSIDERANDO que la Marcha de los Mil Ciento Once Zapatistas a la Ciudad de México, en septiembre de 1997, y los resultados de la Consulta Nacional Sobre Derechos y Cultura Indígena, realizada en marzo de 1999, ratificaron el consenso nacional que representan los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa de Reforma Constitucional elaborada por la COCOPA.

RECORDANDO que los pueblos nuestros, convocados y reunidos en el Tercer Congreso Nacional Indígena, realizado en Nurío, Michoacán, los días 2, 3 y 4 de marzo de este año, acordaron en forma unánime exigir: el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, conforme a la Iniciativa de la COCOPA; el reconocimiento constitucional de nuestro inalienable derecho a la libre determinación, expresado en la autonomía como parte del Estado Mexicano; y el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos.

OBSERVANDO que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con rango de Ley Suprema en nuestro país, establecen que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, y que en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

OBSERVANDO, asimismo, que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indios y Tribales en Países Independientes, también con rango de Ley Suprema en México según nuestro orden constitucional vigente, establece el derecho de nuestros pueblos para asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y para mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, territorios y recursos naturales, dentro del marco del Estado en que viven.

DENUNCIANDO que una vez más nuestra palabra y nuestro sentir sólo han servido para burla y escarnio de los poderosos; que la voz primera de nuestros pueblos y la voz mayoritaria de la sociedad mexicana expresada durante febrero, marzo y abril del Año 2001 en la Marcha Por la Dignidad Indígena que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es escuchada por quienes dicen ser depositarios de la voluntad popular; que los intereses políticos y económicos de quienes detentan el poder pretenden, otra vez, que los pueblos más primeros de estas tierras, los pueblos nuestros, los pueblos indígenas, queden al último, sin ser reconocidos en sus derechos fundamentales, presas del despojo, el etnocidio y la integración forzada a un proyecto de nación ajeno a nuestra historia y a nuestro sentir, que hoy intenta arrebatarnos todo a todas y a todos.

LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES QUE INTEGRAMOS EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA MANIFESTAMOS QUE:

PRIMERO.- Rechazamos tajantemente la Iniciativa de Ley Indígena aprobada por el Congreso de la Unión, porque la misma no solo violenta la voluntad del pueblo y es inconstitucional, sino que resulta profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales de nuestros pueblos, consignados en la propia Constitución, así como en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales que México ha suscrito y que tienen rango de Ley Suprema de acuerdo a nuestro orden constitucional vigente. De manera especial, la Iniciativa aprobada incorpora en forma parcial y distorsionada algunos conceptos y derechos consignados en el Convenio 169 de la OIT, y omite otros muchos que son fundamentales.

SEGUNDO.- La Iniciativa de Ley Indígena aprobada por quienes decían representar la voluntad popular, no recoge el espíritu ni la letra de los Acuerdos de San Andrés y modifica en forma sustancial la Iniciativa de Reforma Constitucional elaborada por la COCOPA, al señalar que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de los estados, situación que en realidad implica no realizar el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos y sus derechos. La iniciativa aprobada representa un obstáculo para que se reanude el diálogo entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el fin de construir una paz justa y digna. El voto de los legisladores no fue un voto por la paz.

TERCERO.- Esta contrarreforma constitucional representa una burla para nuestros pueblos y una afrenta mayor para la sociedad mexicana, que decidió respaldar nuestra justa causa, porque deja en manos de las Entidades Federativas definir las características de la autonomía indígena y los mecanismos para su realización, anulando nuestros derechos de libre determinación expresados en la autonomía dentro del marco del Estado Mexicano y las aspiraciones de nuestros pueblos para su reconstitución plena.

CUARTO.- La Iniciativa aprobada reduce la aplicación de nuestros derechos autonómicos al ámbito municipal, no resuelve lo relativo al acceso y administración de los recursos municipales que corresponden a nuestros pueblos y posibilita la construcción de auténticas reservaciones indígenas municipales.

QUINTO.- La contrarreforma constitucional otorga a las comunidades indígenas, en forma caritativa y piadosa, el carácter de entidades de interés público y no de derecho público como lo establece la Iniciativa de la COCOPA para que, dentro de la estructura del Estado y estando plenamente reconocida su personalidad, éstas y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena puedan asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. La contrarreforma constitucional omite garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

SEXTO.- En la Iniciativa aprobada se omite la posibilidad de remunicipalización de los territorios en que están asentados los pueblos indígenas y el hecho de que la reorganización territorial de los distritos uninominales, con el fin de propiciar la participación política de los pueblos indígenas, se deje para un artículo transitorio, no hacen sino afirmar el carácter ilusorio y regresivo de la reforma constitucional impuesta.

SEPTIMO.- La Iniciativa que aprobó el Congreso de la Unión desconoce, en lo relativo a los territorios de nuestros pueblos, el marco legal ya establecido por el Convenio 169 de la OIT, y no reconoce nuestras tierras y territorios de acuerdo a los conceptos que se recogen en dicho Convenio. El término "territorios" es groseramente sustituido por el de "lugares", por lo que quedamos desprovistos del espacio físico inmediato para el ejercicio de nuestra autonomía y para la reproducción material y espiritual de nuestra existencia.

OCTAVO.- La Ley Indígena que hoy pretenden imponer a nuestros pueblos y a la sociedad reafirma la concepción individualista que inspiró la contrarreforma del Artículo 27 Constitucional en 1992 y se expresa como complemento de la misma, ya que no reconoce el derecho CONSTITUCIONAL que tenemos para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en nuestras tierras y territorios, por el contrario restringe, en forma regresiva, este derecho exclusivo que tenemos y lo convierte en simple derecho de preferencia, previamente limitado por las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra ya establecidas en la Constitución y por los derechos que han sido adquiridos (generalmente en forma ilegal) por terceros a nuestros pueblos. Hemos exigido el reconocimiento del derecho que tenemos para acceder a los recursos naturales que se encuentran en la totalidad del hábitat que los pueblos ocupamos y los legisladores, en forma contraria, deciden reducir derechos que ya históricamente tenemos ganados de hecho y por derecho, en títulos primordiales y resoluciones agrarias y con el sudor y la sangre de nuestros abuelos.

NOVENO.- La Iniciativa aprobada, en contravención al formato de Diálogo establecido entre el Gobierno Federal y el EZLN, pretende zanjar la cuestión agraria en los términos de lo que dispone actualmente el Artículo 27 Constitucional, lo anterior sin considerar la gran oposición de nuestros pueblos hacia la reforma de dicho Artículo y olvidando que el tema agrario deberá ser discutido en la Mesa de Diálogo relativa al Tema de Bienestar y Desarrollo.

DECIMO.- Asimismo la Ley Indígena establece un apartado "B" en el Artículo Segundo Constitucional que, además de no corresponder su contenido al de un texto propiamente constitucional, reproduce las políticas indigenistas de etnocidio que históricamente ha aplicado el Estado Mexicano, al señalar una serie de políticas asistencialistas que los legisladores, en forma por demás autoritaria, han supuesto que servirán a nuestros pueblos, siendo que nuestra demanda es el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas para que éstos puedan definir sus propias prioridades de desarrollo.

DECIMO PRIMERO.- Hoy como ayer decimos ¡Nunca más un México sin nosotros! ¡Nunca más la voz de los pueblos indígenas callará ante las injusticias! En esta hora nacional ratificamos y hacemos más fuerte este grito ante la nueva agresión que significa la reciente contrarreforma constitucional. A todos hacemos ver que no existirá un México verdadero, justo y digno sí los derechos de nuestros pueblos no son plenamente reconocidos.

Por lo expuesto anteriormente,

CONVOCAMOS:

A todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del país a unir nuestro sentir, nuestros caminos y nuestra voz con el fin de exigir el reconocimiento constitucional de nuestros derechos de acuerdo a la Iniciativa de la COCOPA, y PARA ORGANIZAR EN TODOS LOS RINCONES DE LA PATRIA LA MOVILIZACIÓN Y LA RESISTENCIA FRENTE A LA NUEVA BURLA DE LOS POCOS QUE DETENTAN EL PODER EN ESTE PAÍS Y QUE HAN SECUESTRADO AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LA VOLUNTAD DE LA NACIÓN, A TRAVES DE LAS POSICIONES MÁS RETRÓGRADAS QUE EXISTEN EN NUESTRO PAIS, REPRESENTADAS POR DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y MANUEL BARTLETT. LLAMAMOS A EJERCER LOS DERECHOS DE SOBERANÍA POLÍTICA QUE NOS OTORGA EL ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN, YA QUE EL ORDEN LEGAL VIGENTE HA SIDO VISIBLEMENTE QUEBRANTADO, A TRAVÉS DE LA INCONSTITUCIONAL INICIATIVA APROBADA.

RECURRIREMOS A TODOS LOS RECURSOS LEGALES EXISTENTES NACIONALES E INTERNACIONALES: QUE LA VOZ Y LA PRESENCIA DE LOS PUEBLOS MÁS PRIMEROS, LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SE ESCUCHE Y SE SIENTA POR TODA LA NACIÓN.

A los trabajadores del campo y de la ciudad y a todo el Pueblo de México, a organizar un masivo movimiento nacional que nos conduzca a la unidad de acción y al mismo tiempo nos permita construir consensos y superar debilidades con el fin de lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de nuestros pueblos y la cancelación de las políticas neoliberales que hoy destruyen la Nación entera.
México, D. F. a 1º de mayo del 2001

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Enviado a ALERTANET para su difusión por: Alejandra Vargas, alej@ragnatela.net.mx

 
2. LA PROPUESTA DEL LEY INDÍGENA APROBADA POR EL SENADO:
UN PASO ADELANTE, DOS PASOS ATRÁS
 
Sergio Rodríguez Lascano, México. D.F.
 
Las modificaciones constitucionales que el Senado de la
República con el voto de todas las fracciones partidarias, para
vergüenza del PRD, en materia indígena en sus aspectos
fundamentales se encuentran más cerca de la Ley Zedillo que de
la Ley Cocopa.  Una vez más los partidos políticos no han sido
sensibles al reclamo indígena, apoyado por millones de mexicanos
no indígenas, de dotarse de un marco jurídico que les permitiera
lograr un doble objetivo: participar como un sujeto con
reconocimiento jurídico en la reorganización del Estado nacional
y lograr lo anterior por medio del reconocimiento jurídico de
sus mecanismos propios de regular su vida social, política,
económica y cultural.
 
Cuatro son los puntos más cuestionables de la actual proyecto de
Ley: 1) En el texto original de la Cocopa se planteaba a las
comunidades indígenas como "entidades de derecho público", en
la Ley Zedillo esto se cambiaba y se señalaba "las comunidades
indígenas como sujeto de interés público".  En la propuesta del
Senado se plantea "así como el reconocimiento de las
comunidades como entidades de interés público".  Entre la
Cocopa y Zedillo, el Senado escogió al segundo.  ¿Qué implica
esta diferencia? Que en la propuesta de la Cocopa se le reconocía
a las comunidades como sujeto de derecho público, es decir,
como parte del Estado; en la propuesta de Zedillo, hoy avalada por
el Senado, se les da un trato a las comunidades indígenas
mexicanas similar a una tienda de la Conasupo, al considerarlas
como de interés público.  Todo esto contradice el párrafo 1 del
artículo 2 de la propuesta del Senado que a la letra dice: "La
nación tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas".  ¿Cómo se puede decir
eso y luego reconocerle a esos pueblos una estatus jurídico similar
al de una tienda Conasupo?
 
2) En el texto original de la Cocopa se planteaba lo siguiente:
"Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos
naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la
totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan,
salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación".
La propuesta Zedillo decía: "Acceder al uso y disfrute de los
recursos naturales de sus tierras, respetando las formas,
modalidades y limitaciones establecidas para la propiedad por
esta Constitución y las leyes".  La propuesta del Senado dice:
"Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las
leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por
terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan
y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las
áreas estratégicas, en términos de esta Constitución".  Otra vez
no hay duda, la ley Zedillo pesó más que la de la Cocopa.  El
concepto territorio, clave para entender y definir la autonomía
desaparece.  De esta manera el espacio geográfico donde la
autonomía se podría ejercer queda limitado al máximo, violando
el acuerdo establecido en san Andrés de que todo el problema de
la Tenencia de la Tierra debería discutirse en la mesa 3 sobre
Justicia y Desarrollo.
 
3) En el texto original de la Cocopa se decía: "Se respetará el
ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas
en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su
autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de
acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada
entidad federativa.  Las comunidades indígenas como entidad de
derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a
un pueblo indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente
a fin de coordinar sus acciones".  En la Ley Zedillo se decía:
"Las comunidades de los pueblos indígenas como entidades de
interés público y los municipios con población mayoritariamente
indígena, tendrán la posibilidad de asociarse libremente a fin
de coordinar sus acciones, respetando siempre la división
político-administrativa en cada entidad federativa".  La
propuesta del Senado dice: "Las comunidades indígenas, dentro
del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en términos
y para los efectos que prevenga esta ley".  Aquí, incluso se
ubican por atrás de la propuesta de Zedillo.  Aquí desaparece la
posibilidad de asociarse en términos regionales, más allá de los
municipios existentes, mecanismo que representa la única
garantía de reconstitución de los pueblos indígenas después de
más de 500 años de fragmentación y marginación.  El agregado al
115 que se propone representa una burla completa a los pueblos
indios.
 
4) En la ley de la Cocopa se decía: "Para establecer la
demarcación territorial de los distritos uninominales y las
circunscripciones plurinominales, deberá tomarse en cuenta la
ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su
participación y representación políticas en el ámbito nacional".
 En la propuesta de Zedillo se decía.  "Para establecer la
demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los
pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y
representación políticas en el ámbito nacional".  En la
propuesta del Senado, en el tercero transitorio, se dice: "Para
establecer la demarcación territorial de los distritos
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea
factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a
fin de propiciar su participación política".  Una vez más la
propuesta del Senado se ubica por atrás de la Zedillo.  No tan
sólo se está en contra de que los pueblos indios, esos que son
el sustento original de la Nación, tengan una representación
específica, vía una circunscripción plurinominal propia sino que
ahora ya no se 'deberá tomar en cuenta la ubicación de los
pueblos indígenas' sino que esto se hará solamente cuando sea
factible.
 
Cuando Ernesto Zedillo presentó su propuesta señaló que la
propuesta de la Cocopa estaba retomada en un 85 por ciento, el
problema era que en el 15 por ciento restante se ubicaba lo
central del proyecto de autonomía indígena.  Ahora con la
propuesta del Senado se puede decir que lo que se recoge es el
80 por ciento (5 por ciento menos que en la de Zedillo) pero el
20 por ciento que queda fuera es la columna vertebral de la
autonomía indígena.
 
La omisión del Senado no se puede sustituir con planteamientos
generales y abstractos sobre la autonomía o con una propuesta
asistencialistas de gobierno (todo el apartado B de la
propuesta) que es una vergüenza que se ponga dentro del cuerpo
de la Constitución y que además ha sido la plataforma política
de un sistema que fue derrotado el 2 de julio.
 
Es verdaderamente lastimoso que una vez más el Senado (el
mismo
que se negó a escuchar a los zapatistas y a los miembros del
Congreso Nacional Indígena) y la Cámara de Diputados le den la
espalda a los pueblos indígenas de México.  La convicción de que
esta decisión cerrará una herida histórica no tan sólo es
ficticia sino una broma de mal gusto.  Si se aprueba esta
propuesta de Ley, en la Cámara de Diputados y luego en los
Congresos de los estados, se habrá cumplido un expediente pero
no se solucionará el grave problema de más de 10 millones de
mexicanos, pero la lucha por los derechos y la cultura indígena
seguirá siendo una asignatura pendiente y una afrenta para la
Nación.
 
Enviado a ALERTANET para su difusión por: Servicio Informativo "Alai-amlatina" info@alai.ecuanex.net.ec

Agencia Latinoamericana de Información, http://alainet.org
 

3. LA LEY INDÍGENA DESATA POLÉMICA NACIONAL Y

PONE EN RIESGO EL PROCESO DE PAZ

San Cristóbal de las Casas - 3 de mayo de 2001

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ, webmaster@sipaz.org

El proceso de paz en Chiapas ha sufrido un nuevo golpe: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) rechazaron rotundamente la ley sobre derechos y cultura indígenas aprobada recientemente por el Congreso mexicano. Los pueblos indígenas y sectores de la sociedad civil que los apoyan consideran que la ley traiciona los Acuerdos de San Andrés al limitar dramáticamente el derecho a la autonomía. Esta situación puede derivar en el debilitamiento de la vía política y la consiguiente opción por la violencia armada en el conflicto de Chiapas.

El 25 de abril, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de ley en materia de derechos y cultura indígenas, redactado y presentado por la Subcomisión de Análisis de las Iniciativas Indígenas del Senado de la República. Y el 27 de abril, la Cámara de Diputados ratificó la aprobación del Senado, con los votos a favor del Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y los votos en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Trabajo (PT). Para recibir una aprobación definitiva, la iniciativa ahora tendrá que ser ratificada por una mayoría de los congresos estatales.



Como aspectos positivos, el texto aprobado prohibe expresamente toda forma de discriminación, provee garantías para el ejercicio de los derechos de la mujer (incluido él de participación en el gobierno local), y reconoce la autonomía indígena en áreas como la cultura, la educación, la lengua y el gobierno local. No obstante, la ley aprobada difiere significativamente del proyecto original de la COCOPA, presentado por el presidente Fox al Congreso en diciembre de 2000 como respuesta a una de las tres condiciones exigidas ese mismo mes por el EZLN para la reanudación del diálogo con el gobierno federal.



Inmediatamente, el CNI en un comunicado del 27 de abril, manifestó su rechazo al texto de ley aprobado por el Congreso, por considerar que no es fiel a los Acuerdos firmados entre el Gobierno Federal y el EZLN en San Andrés en febrero de 1996 y recogidos en el proyecto de ley presentado por la COCOPA en noviembre de ese mismo año. 



El CNI señaló que "La ley [...] elimina partes sustanciales de la Iniciativa de la COCOPA, como son: el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público; el reconocimiento de los territorios indígenas; el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales que se encuentran en dichos territorios y la posibilidad de asociación de comunidades y municipios indígenas". 



Un grupo de investigadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó que, debido a esas omisiones, resulta que no hay territorios, ámbitos geográficos ni instancias constitutivas del Estado mexicano en los que se garantice el ejercicio colectivo de la autonomía, porque los derechos reconocidos a los indígenas carecen de un espacio en el que se puedan hacer valer. 



Por su parte, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, consideró que la aprobación de la ley indígena impulsada por el PRI y el PAN significa un retroceso a las acciones de paz que llevaron a cabo el gobierno federal, el estatal y el EZLN. El mandatario estatal, quien formó parte de la COCOPA cuando se redactó la iniciativa de ley original, llamó al presidente Fox y al EZLN a mantener la voluntad de paz y situarse por encima de los intereses y visiones de grupos conservadores que obstaculizan las iniciativas para reanudar el proceso de negociación en Chiapas.



El 29 de abril, el EZLN declaró que la reforma constitucional no responde a las demandas de los pueblos indígenas del país, y tampoco a las del EZLN, del CNI y de la sociedad civil. Afirmó que la reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley de la COCOPA. El EZLN afirmó que el gobierno federal y los legisladores “cierran la puerta del diálogo y la paz” y ordenó a Fernando Yañez, enlace zapatista, que suspenda todo contacto con el gobierno federal. 



En los primeros cinco meses de su sexenio, el presidente Vicente Fox ha hecho avances significativos en cuanto a las otras dos condiciones planteadas por el EZLN para la reanudación del diálogo: la liberación de los presos zapatistas y el retiro de siete bases militares de la zona de conflicto. No obstante, en la medida que la ley aprobada no es fiel al texto de la COCOPA, no se estaría cumpliendo con la tercera condición, la de mayor trascendencia para los zapatistas. El rechazo del EZLN a la ley aprobada significa que las perspectivas de reanudación del proceso de paz, que habían recibido un impulso positivo en los primeros meses del año, nuevamente se han ensombrecido, y el escenario es otra vez complejo y difícil. 



SIPAZ tiene una propuesta de ACCIÓN URGENTE. Info:  webmaster@sipaz.org
Documento enviado para su difusión a ALERTANET por SIPAZ.

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