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FORUM II: PROPUESTAS DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL y JURISPRUDENCIA:

 DERECHO INDIGENA Y DERECHOS HUMANOS/

 Indigenous law and human rights

 

Indigenous Nations – Argentinean and Chilean cases

Reseña: La autora hace un análisis histórico del tratamiento jurídico político dado a los llamados indígenas no sometidos por la Corona española. A diferencia de los casos de México, Perú y Guatemala, donde se conquistó a los pueblos indígenas, quedaron pueblos no sometidos militarmente en territorios que posteriormente se crearían los países de Chile y Argentina. Para evitar la guerra, fomentar el comercio y evitar alianzas de estos pueblos con Inglaterra o Francia, durante el reinado de los Borbones se establecieron tratados, pactos y parlamentos entre la Corona y estos pueblos dándoles una suerte de tratamiento como “naciones”. Se les reconoció autonomía y gobierno dentro de un territorio extra-frontera. Posteriormente, con la instauración de las repúblicas Argentina y Chilena, los nuevos gobiernos establecieron diferentes políticas, que incluyeron la guerra, el sometimiento, los intentos de asimilación y el desconocimiento de su autonomía. La autora considera que en el caso argentino las políticas de asimilación y debilitamiento tuvieron más éxito que en Chile. Ello puede explicar en parte los reclamos nacionalistas que actualmente hacen los mapuches. En un segundo momento la autora analiza el tratamiento constitucional de los pueblos indígenas dado en Argentina y el alcance y significado de la reforma de 1994. A partir de esta reforma se plantean nuevos retos para las leyes de desarrollo constitucional, debatiéndose el carácter de estos pueblos y el alcance de los derechos reconocidos.  Nota: Dada la extensión del documento se tuvo que cortar algunas partes del mismo, en cuyo caso aparece “(...)”. Todos los derechos de autor pertenecen a Sonia Fernández (soniamedrano@ciudad.com.ar)

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NACIONES INDÍGENAS

(Análisis Histórico y constitucional de los casos de Argentina y Chile)

 

Lic. Sonia Fernández soniamedrano@ciudad.com.ar,

Profesora de la Universidad Nacional del Comahue

Definición del Problema:

 

            Desde fines del siglo pasado algunas comunidades indígenas de Iberoamérica se están movilizando para lograr reivindicaciones, vinculadas especialmente al reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación, a la libertad e igualdad, a ser consideradas como naciones, a la posesión y recuperación de sus tierras, territorios y recursos, a conservar su cultura, a su educación y  participación en todas las esferas, ya sean políticas, económicas o sociales, que tengan vinculación con la sociedad indígena. Aspiran además a poseer su propio derecho indígena que regule la vida de sus pueblos, siendo este tema especialmente controvertido, ya que implica un probable enfrentamiento con el orden jurídico impuesto por aquellos Estados Nacionales Iberoamericanos que no reconocen la diversidad cultural de los pueblos que los integran, considerando a todos sus habitantes sujetos a las mismas leyes y formas de administración de justicia.

            No obstante, la limitación temporal que surge del período que abarca este trabajo, no resulta ocioso, a fin de señalar posibles cauces de investigación posterior, recordar que en 1994 se aprobó en Ginebra el proyecto de declaración de la  ONU “Sobre Los Derechos De Las Poblaciones Indígenas” aprobado por unanimidad en la Subcomisión De Prevención Y Protección De Las Minorías, Comisión De Derechos Humanos. Muchos fueron los temas debatidos. Algunas de las delegaciones indígenas no estuvieron de acuerdo con la limitación del concepto de  libre determinación, concepto dinámico  que se define de diversas formas, y cuyo traslado a la práctica suele tener fuerte oposición entre los gobiernos. Jose Bengoa señala la contradicción lingüística que existe en la Declaración, ya que en inglés “people” (sin ese), significa “gente” o “poblaciones”, y “peoples”, se refiere a “pueblos”. Usados como sinónimos, configuran un problema teórico, instalando el debate sobre el concepto de pueblo, íntimamente vinculado al de libre determinación. Otro problema reside en establecer cuál es la diferencia entre Etnia y Nación, tema teórico muy discutido hasta la actualidad. También necesita  revisión la distinción entre la cuestión indígena y la de las minorías, como así los conceptos de autonomía y autarquía, entre otros. Históricamente se debe analizar su evolución en cada espacio geográfico y en cada tiempo y si realmente se los aplicaba tal cual se definían.(1).

            No es mi intención elaborar un trabajo detallado sobre la sociedad indígena, cuya complejidad ha merecido la atención mundial volcada en innumerables publicaciones desde el punto de vista de variadas disciplinas. Solo intento presentar una problemática abierta para futuras investigaciones.

            El objetivo de este trabajo consiste en realizar un somero análisis  histórico y luego jurídico, identificado principalmente con los derechos adquiridos por la sociedad indígena en Latinoamérica, particularmente en  Argentina y Chile, desde la época colonial. Se centra particularmente en analizar las políticas impuestas a la sociedad indígena, primero por los Borbones Ilustrados y luego por los nuevos gobiernos surgidos en el Río de la Plata. Y además, en procurar descubrir a partir de que época algunas sociedades indígenas fueron consideradas naciones, y que derechos tenían como tales, teniendo en cuenta las reivindicaciones que reclaman actualmente y el reconocimiento de derechos que debe concretarse siguiendo los lineamientos de la referida Declaración de Ginebra.

 

¿Existían Naciones indígenas en América?

Algunos antecedentes:

 

Francois-Xavier Guerra considera que interpretar la nación en América Hispánica genera una fuente muy rica de investigaciones, teniendo en cuenta los países implicados (diecinueve, si se cuenta a Puerto Rico)  y el complejo proceso de construcción nacional en sociedades muy diferentes y heterogéneas.

El problema de América Latina no fue el de las nacionalidades diferentes que se constituyeron en estados, sino que radicó en la construcción, a partir de una misma “nacionalidad” hispánica,  de naciones separadas y distintas.

            Hay que entender por qué, cómo y en nombre de qué, la parte americana de la Monarquía se  separa de la “metrópolis” y adopta una nueva forma de existencia, la nación moderna, que esta unida al conjunto de ideas, imaginarios y comportamientos que formaban la modernidad. Una nación moderna no es un ser atemporal, que exista eternamente y en todos lugares, sino un nuevo modelo de comunidad política. Modelo en un doble sentido: primero como arquetipo, de orden ideal, que se usa de referente para el pensamiento y la acción en intentos que no finalizan siempre como para asentarlo en lo real. Segundo  como un conjunto complejo de elementos relacionados entre sí ; en nuestro caso, como una combinación inédita de ideas, imaginarios , valores y  comportamientos, que corresponden a la forma de pensar una colectividad humana: su estructura íntima, el vínculo social, el fundamento de la obligación política, su relación con la historia, sus derechos.

            El autor, en su análisis de las Identidades del Antiguo Régimen, interpreta que la América hispánica previa a la Independencia fue como todas las sociedades del Antiguo Régimen europeo, un conglomerado de grupos de diversos tipos, formales e informales,  superpuestos unos a otros, que tuvieron estructuras y relaciones complejas, con autoridades reales igualmente diversas y complicadas. Más aún que la de los estados modernos de la misma época. A los grupos que existían en estas sociedades -formales, de carácter territorial  (virreinatos, provincias, ciudades, señoríos), personales (órdenes, cuerpos de todo tipo) o informales (redes de parentesco, de clientela o de intereses)- se agrega una división legal de los habitantes de las dos “repúblicas” ( la de los españoles y la de los indígenas) y múltiples distinciones menores  basadas en el lugar de nacimiento (criollos y peninsulares) y/o en  el mestizaje (los mestizos tiene un estatuto incierto).

            Como la monarquía hispánica es una arquitectura política compleja, son las identidades políticas las que sirven de guía para el análisis de Guerra. Menciona que en la base de toda la estructura política americana está la ciudad principal, cabeza o jefe de una región. Es la transposición americana de uno de los aspectos más originales de la estructura territorial de Castilla en los inicios de la Edad Moderna: la existencia de grandes municipios, verdaderos señoríos colectivos que ejercían su jurisdicción sobre un conjunto de ciudades y pueblos “sometidos”. La fundación de ciudades se inició con los conquistadores, ya que la ciudad era para ellos, que provenían de un mundo mediterráneo, el marco ideal de la   vida en sociedad y el modelo fundamental de la organización política.

Las ciudades precedieron a la organización de los Estados. Cuando la Corona retomó el control del Nuevo Mundo, los poderes de las ciudades  fueron disminuyendo a favor de las Autoridades reales y su gobierno fue dirigido por algunas grandes familias. Aunque continuaron hasta casi fines del siglo XVIII,  siendo la base de toda la organización política de América española y el ideal de una comunidad autogobernada. Incluso, a estas ciudades y pueblos “españoles” se agregaron, luego, las homólogas “indígenas”, ya que la Corona se esforzó, exitosamente, por extender a las sociedades indígenas el modelo municipal castellano. De estas apreciaciones del autor que vengo citando, surgiría la existencia de un importante traslado de estructuras propias del pueblo conquistador al pueblo conquistado, con la consiguiente mayor o menor autonomía, pero autonomía al fin, que la adopción de esas estructuras conllevaba.

En la ciudad se arraigan y se expresan las identidades culturales más fuertes, basadas en el vínculo con la tierra, costumbres particulares, culto de los santos patronos, es decir, una memoria compartida, religiosa y profana. La importancia de  la memoria radica en que no es  solo el recuerdo en común de acontecimientos excepcionales, buenos o malos, sino además el basamento de los derechos políticos de la comunidad.

 En la memoria institucionalizada, se apoyan tanto los “títulos primordiales” de las ciudades indígenas, garantía del gobierno autónomo y de la posesión de las tierras, como los privilegios de las ciudades españolas e indias, recompensa de sus méritos y de los servicios efectuados al rey.

Sin perjuicio de la estructura municipal, cabe recordar que, acostumbrados a una Monarquía constituida por reinos que se agregaban, y a considerar al reino como el ideal de una comunidad política superior, natural, los conquistadores incorporaron los conjuntos indígenas con una organización avanzada, dentro de una organización política que denominaron  Virreinato. El uso del término  se impuso, desde ese momento, entre españoles e indígenas, para designar a México, Perú, Guatemala, Quito y Chile. El virreinato, como la nación moderna, es una “comunidad imaginada”, cuya construcción demanda tiempo.

(...)

 

Nuevas políticas españolas vinculadas con los indígenas no sometidos

Naciones bárbaras

 

            A mediados del siglo XVIII, los indígenas no sometidos controlaban la mitad del territorio que actualmente se denomina Hispanoamérica, ocupaban las zonas de bosque tropical o los territorios áridos en el norte de México, las tierras bajas de América Central y del Golfo de Darién, las cuencas del Amazonas y del Orinoco, el Gran Chaco, las pampas, Patagonia y Tierra del Fuego. Según la visión española, los grupos indígenas ocupaban las fronteras del Imperio español en el nuevo Mundo y sus tierras adyacentes, pero desde la visión de los indígenas no sometidos, los españoles ocupaban las fronteras de las tierras que ellos controlaban, y el territorio de alrededor.

Durante el reinado de los Habsburgos, quienes gobernaron España hasta 1700, no consideraron ventajoso extender la conquista territorial, más allá de las tierras altas de México, América Central y América del Sur. Excepto algunas zonas de Venezuela, los valles de los ríos Cauca y Magdalena (Actual Colombia), algunas zonas del Paraguay y Chile Central al sur del Bío-Bío.  Las condiciones climáticas, geográficas y económicas no captaron la atención de los españoles para conquistar otros lugares.(4). Antes del siglo XVIII los españoles introdujeron la política de los acuerdos con los indígenas en distintos espacios geográficos, estableciendo su subordinación  y la obligación de servir a la Corona. Consideraron a los pueblos indígenas como súbditos reales e impusieron la cristianización y la explotación y no fueron considerados capacitados para efectuar pactos, negociaciones y tratados. El término súbdito etimológicamente proviene del latín subditus pp.de Subdere, someter. Adj. Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle (5). Esto implica que “las naciones indígenas americanas” continuarían sujetas al dominio del Estado Español, bajo un régimen de obediencia.

En el siglo XVIII no existía en Europa uniformidad en la denominación, conceptualización y usos de determinados vocablos, algunos de los cuales expresaban el mismo significado. Problema que subsistió en el siglo XIX y que se trasladó a Iberoamérica en el momento en que se luchaba por la independencia. Los vocablos en cuestión se refieren a libre determinación, nación, estado, pueblo, soberanía, patria, identidad, nacionalidad, país, territorio, región, frontera, vasallo, súbdito, autonomía,  entre otros.

En la segunda mitad del siglo XVIII, las correrías de los indígenas se convirtieron en una amenaza para España  en las zonas americanas de frontera. A lo que se sumaba una probable alianza de los indios “bárbaros” con Inglaterra, principal rival de España,  facilitando la expansión inglesa en territorios reclamados pero no ocupados por España (Península de la Florida, Louisiana, entrar al Pacífico y apoderarse de Baja California, aliarse con los indígenas de la región y unir sus nuevas posesiones en el Pacífico a la Louisiana). Es decir, que si Inglaterra ocupaba la frontera norte de la Nueva España, podría fácilmente invadir su centro territorial y tomar posesión de la más valiosa colonia española. Por otra parte, España enfrentaba el peligro de que los araucanos (sur de Chile) “dejando la amnistía en que viven con nosotros se pasarían del lado de nuestros enemigos”, los ingleses. (6)

En resumen:  los indígenas no sometidos amenazaron la posibilidad de comerciar y la integridad de los territorios reclamados por España, convirtiéndose en un peligro latente. La imagen que del problema tenían algunos funcionarios españoles radicados en América y sus advertencias a España, producían más alarma y tensión entre los funcionarios borbónicos. Como ejemplo, cabe citar que el virrey del Perú  expresó que en América: “ Las naciones que allí habitan son bárbaras. No cuidan de cubrir su desnudez y sus casas son tan pobres que nada pierden aunque se las quiten..... Reducirlos por armas se ha tenido siempre por imposible, respecto a que con mudarse de un lugar a otro...” (7).

Lo que interesa rescatar para mi análisis, es que de acuerdo al lenguaje y concepción de la época se consideraba a las sociedades indígenas americanas como “naciones indígenas”, “naciones bárbaras”. Si bien el virrey del Perú reconoce a las sociedades indígenas americanas como naciones, les da una connotación negativa al calificarlas de bárbaras, por ser indios no sometidos, salvajes, desnudos, pobres, no domésticos o tributarios, infieles, viciosos e indolentes por naturaleza, agregando que pueden vivir sin casas y que resulta imposible y difícil dominarlas mediante la guerra porque son nómades. 

Según Weber, las nuevas políticas borbónicas a mediados del siglo XVIII hacia los indígenas, emergieron de las relaciones dialécticas entre centro y periferia, tradición e innovación, pragmatismo e ideología, venalidad e idealismo. El pensamiento ilustrado y los ejemplos inglés y francés sugirieron otra estrategia a los Borbones: controlar  a los indígenas mediante el comercio más que por medio de la conquista física o espiritual. La idea en la tradición del pensamiento español se halla en el NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO ECONOMICO PARA LA ESPAÑA, plan publicado en 1779 para el desarrollo de las colonias españolas.

El autor del Nuevo Sistema no estaba conforme por el creciente gasto que España realizaba para mantener  la guerra contra los indígenas y consideraba que “tratados con maña y amistad, nos darían infinitas utilidades”. Justificaba que a principios del siglo XVI  los españoles en América usaran la fuerza militar “porque había unos pocos españoles en América y muchos millones de indios que dominar”, pero España se equivocó al preferir continuar con la política de conquista y dominio antes que ver las ventajas que proporcionaba el comercio y “trato amigable con las Naciones bárbaras”. Sin embargo, España tenía una desventaja que radicaba en “el odio que tienen a los españoles las Naciones confinantes”. (8).

El Nuevo Sistema consideró a los indígenas como el fundamento del resurgimiento comercial y económico de España. Consideraba que los indios voluntariamente y según su propio interés se transformarían en productores y consumidores al realizar prácticas mercantiles con los europeos.

Efectivamente, Mandrini señala que se produjeron transformaciones en el mundo de las relaciones internacionales durante y después de la guerra de Sucesión, que significaron modificaciones en la política colonial española cuyos efectos se sintieron hacia mediados del siglo: reformas políticas y administrativas centralizadoras, liberalización del comercio, reanudación del interés por las producciones regionales (entre otras la ganadería), revalorización del frente Atlántico del imperio español al volver a usarse la ruta del Cabo de Hornos. Además las amenazas extranjeras, al menos potenciales, sobre las costas patagónicas, favorecieron viajes y expediciones exploratorias y militares, que redundaron en un mejor conocimiento de los territorios del sur y un contacto cada vez más intenso con los grupos indios que los ocupaban(9).

De esta manera, al tener mejor conocimiento de la realidad del espacio geográfico y de los indígenas que lo habitaban, los Borbones implementaron una política doble,  diferenciando entre indios sometidos y no sometidos. Los funcionarios conocían a los indios no dominados por sus nombres locales, quienes atacaban las haciendas y ranchos españoles, destruían sus propiedades, los mataban y obstruían sus circuitos comerciales y se referían al conjunto de ellos como “salvajes” –indios bárbaros o salvajes-; como “indios bravos”; como “gentiles”; o como “indios no sometidos”. Así se los distinguía de los otros indígenas sometidos, reducidos, domésticos o tributarios, cristianos y que reconocían la autoridad española.

 

Naciones- Estado soberanas

Autonomía indígena

Relaciones:  Derecho de las Naciones

 

El problema fronterizo no fue suficiente para explicar las políticas conciliatorias de los Borbones hacia los “indios bárbaros”. En América del Sur y del Norte se combinó la influencia de los derechos humanos con propuestas pragmáticas para conferirles contenido a las políticas Borbónicas.

              En el Imperio, los funcionarios españoles borbónicos que intentaron limitar los reclamos territoriales españoles y sostenían que el comercio era el instrumento de dominación en las fronteras del imperio, redefinieron la idea de poder, percibiendo las ventajas de aplicar una política reconociendo el derecho a vivir  en forma autónoma a algunos grupos indígenas, fuera de las fronteras de los límites imperiales. Paradójicamente este reconocimiento se produjo paralelamente cuando los Borbones expandían las fronteras imperiales. La nueva política basada en argumentos teóricos, legales e ideológicos definió las relaciones de España con sus territorios americanos sin asentamientos o controlados débilmente y estipuló el reconocimiento del derecho a la autonomía de los indígenas, mediante tratados escritos. Aunque cabe aclarar que algunas sociedades indígenas ya eran autónomas de hecho . Estableció además  las relaciones con los indígenas no sometidos sobre la base del derecho de las naciones, más que en el requerimiento de la subordinación de los indígenas como vasallos (sometimiento que en caso de no lograrse los exponía a las consecuencias de la guerra de “pacificación”). (10). 

 En los tratados, los españoles se refieren a los indígenas como “naciones”  y reconocen que su constitución política es distinta a la propia. Ambas partes se comprometían a la paz, a luchar contra los enemigos comunes y a establecer relaciones comerciales. Además, los indígenas generalmente aceptaron la protección de la Corona, aunque  muchos  no se convirtieron en vasallos o súbditos, ni cedieron su derecho a la autonomía, ni aceptaron misioneros. Efectivamente, en el siglo XVIII los españoles le dieron el trato de naciones nativas a algunas comunidades indígenas que estaban ubicadas en el sudeste de América del Norte y las consideraron naciones-estado-soberanas,  que equivale a suponer que fueron las primeras naciones, instituciones políticas, que ejercían un poder autónomo propiamente americano  fuera de los límites fijados por la Corona. La cita siguiente es elocuente al respecto:

“Los españoles dieron a los indígenas un trato de “naciones nativas” en el sudeste de América del Norte en un sentido más amplio que el de pueblo de origen común- el uso vulgar del término “nación” en la época- considerándolas como naciones-estado soberanas- de un rango inferior, seguramente, pero naciones-estado de todos modos-”. Se observa la importancia del contexto en la determinación del significado del término nación en una época en que era usado indistintamente como equivalente de patria, país, estado o reino. (11).    

Hasta el final del período colonial los debates alternaban entre la capacidad de los indígenas para realizar tareas laborales sin coerción, y las ventajas que podía proporcionar la  diplomacia o el comercio, reemplazando a la fuerza para lograr la pacificación de los “indios bravos”. Sin diferenciar cuáles eran las ideas de los funcionarios borbónicos que guiaban las acciones en centros coloniales y en las fronteras, lo real es que tuvieron similar actitud que los funcionarios de los Habsburgo. Y ante la presión y estrategia de los indígenas que variaba entre solicitar apoyo a los extranjeros o hacer la guerra, los funcionarios españoles debieron ceder, otorgándoles grandes concesiones.

El proceso histórico del caso de Chile resulta significativo, ya que no obstante  la caracterización negativa efectuada de la Araucanía, los monarcas les reconocieron derechos más amplios que a otras comunidades indias, sobre las cuales España reclamaba dominio directo. Los indígenas araucanos solían frecuentemente perturbar las zonas fronterizas con guerras y malones y por esta razón los funcionarios radicados en Chile en el siglo XVII valorizaron el comercio como medio de control de los araucanos, y establecieron  al sur del Bío-Bio agentes bilingües, biculturales y biraciales -capitanes de amigos-, para que vivieran entre los “indios amigos” araucanos.

Es pertinente para conocer el pensamiento negativo relativo a los indígenas araucanos citar al cronista Gónzalez de Nájera, quién en 1601 llegó a Chile luego de la guerra entre los españoles y mapuches,  que finalizó con el triunfo de los últimos en Curalaba. Los indígenas rechazaron el dominio español en la Araucanía,  dominio que se caracterizaba por su inestabilidad y que incluso  resultaba peligroso para el asentamiento de españoles en el territorio de la Nueva Extremadura..

Nájera expresó : “ para dar...a conocer quién es esta nación por sus infames costumbres, digo que es gente indigna de llamarse racional, porque es ajena de toda virtud, hechicera, supersticiosa, agorera, sin justicia, sin razón, sin novedad, sin conciencia y sin alguna misericordia, más que crueles fieras, y principalmente sin Dios, pues no conocen ni guardan ninguna religión”. Los mapuches no tenían quién les gobierne, siendo “una nación en todo extrema, falsa y engañosa, sin honra y sin palabra.” .Y propuso exterminar a los indios chilenos mediante una campaña militar y si algunos sobrevivían se debía venderlos como esclavos.(12).

Los funcionarios españoles ya en 1606 y 1612 realizaron negociaciones formales o “parlamentos” con los araucanos, quienes poseían un estatus jurídico especial. Luego de 164l 1a convivencia en la zona fronteriza entre españoles y araucanos no era pacífica y para solucionar los conflictos se apeló a los parlamentos y tratados escritos. En la misma fecha los araucanos presionaron a España para que reconozca al río Bío-Bío como una frontera fija y firmaron el Pacto de Quillín, en 1641, que establecía que los indígenas araucanos reconocían como frontera fija el río Bío Bío, y al sur del mismo podían gozar del derecho de  libertad, entendida ésta como la no obligación de servicios personales a los españoles. Considero que esta era una libertad relativa, en razón de que tenían como obligaciones: someterse a la Monarquía  para que los protegiera, rendirle vasallaje y permitir el ingreso de los misioneros católicos. Es decir, que a fines del siglo XVIII España reconocía al territorio araucano como el estado de Arauco, con “autonomía” y en 1641 y 1744 con representación a través de  sus embajadores que iban a la capital española. Esta es una línea importante para avanzar ya que aparentemente en el siglo XVIII los Borbones reconocieron la autonomía del estado de Arauco y presupongo que sin relaciones de vasallaje. (13).

En 1767 Ambrosio O’ Higgins de Chile le comunicó al monarca español que le resultaba difícil defender la inmensa costa del Pacífico de las invasiones extranjeras, si no lograba cooptar a los indígenas mediante políticas de alianzas pacíficas. Interpretaba que los españoles no lo lograrían “mientras estemos a cada instante irritando y golpeando a los indios de las fronteras haciéndonos de enemigos intestinos “... y los rivales europeos se aprovecharían de esa situación y conformarían alianzas con los indígenas no sometidos. El peligro de la frontera, inducía al estado español a buscar soluciones pacíficas para lograr la lealtad de los indígenas y transformarlos en “soldados de frontera de la Corona”.

De acuerdo a lo relatado por  O’Higgins, se observa la imperiosa necesidad de dejar de hacer la guerra  a los indígenas y negociar la firma de alianzas para acordar relaciones pacíficas, leales y convertirlos en soldados de frontera de la Corona, para preservarlas del imperialismo de otras potencias extranjeras.

Creo que estas estrategias demuestran a las claras, que tras una máscara de reconocimiento –voluntario o inducido- de la autonomía de los pueblos indígenas, se ocultaba la auténtica voluntad política del conquistador español, encaminada, ya a consolidar las fronteras de los territorios conquistados para conservarlos bajo su órbita de poder, ya a facilitar las condiciones de seguridad y armonía que son indispensables para posibilitar el desarrollo del comercio. En todo caso, ausente de un verdadero respeto a los derechos que como seres humanos poseían, y fundada exclusivamente en el propósito de defender los intereses de la Corona.

También había funcionarios españoles, como Juan José de Vertiz, virrey ilustrado del Río de la Plata, que no estaba de acuerdo con la política de Pactos, que se oponía a la guerra y a la expansión de España sobre áreas que no podía controlar. Por desconfianza no quiso tratar con el jefe araucano Lincó, que proponía la paz en 1779. Interpretaba que era una táctica del indígena para ganar tiempo y continuar con sus malones, y que el resultado sería dudoso “no teniendo estos bárbaros principios bastantes para discernir la fuerza de estos pactos” (14).      

Al terminar la etapa Colonial en la Araucanía, los funcionarios españoles reconocieron su derecho a la autonomía, pagaron tributo a los nativos  e interpretaron como regalos lo que ofrecían y probablemente los indígenas entendieron que las donaciones eran tributos pagados por los españoles. (15).

En otros espacios geográficos americanos transformados en Estados Nacionales luego de las guerras de Independencia con los españoles, se afirmó que desde la época colonial existían naciones indígenas, que precedieron a la identidad nacional correspondiente al ser nacional de cada país. Al respecto, Buchbinder sostuvo que en la historiografía del Uruguay se afirmó que existía una nación indígena charrúa desde la época colonial, ya que conformó una entidad aparte del conglomerado étnico del Río de la Plata. Se consideraba que en toda América existía una estrecha correspondencia entre el mapa geográfico, la división política, la existencia de grandes agrupaciones indígenas y el surgimiento de las nacionalidades. En los países de América “se puede aseverar que su mapa político coincide, con raras excepciones, con la ubicación que tuvieron las grandes agrupaciones indígenas y que allí donde el descubridor encontró un pueblo fuerte con caracteres inconfundibles, el transcurso del tiempo y los elementos geográficos afirmaron la formación de una nacionalidad”. (16).

España también reconoció en América la existencia de la nación indígena chiriguana.  Efectivamente,  cuando se produjo en 1799 el levantamiento de los chiriguanos, ello  provocó la intervención del fiscal de la Real Audiencia, quién indignado criticó al gobernador Francisco de Viedma por tratarlos como criminales, sin reflexionar sobre la naturaleza del crimen o de la criminalidad. Afirmaba que un acto criminal consiste en la ruptura del pacto social dentro de una nación por parte de alguien que pertenece a esa nación. Los chiriguanos no pertenecían a España y si no eran vasallos de la Corona, no podían considerarse como rebeldes. Pero podían -y lo hicieron- invadir el territorio español, y “la invasión de otra Nación podría ser un atentado contra el Derecho de Gentes que podrá vindicarse con las armas pero no un delito que pueda castigarse con las leyes” y rechazaba la fuerza como una política que pudiera ser efectiva contra los chiriguanos. (17). 

De estas reflexiones se deduce que los chiriguanos no pertenecían a la Nación española, no eran vasallos ni rebeldes, y  no podían ser sometidos a las leyes de España.. Y se reconoce que  una nación que invade a otra y que atenta contra el Tratado de Gentes, genera un problema que debe  solucionarse  con la guerra.

 

Río de la Plata

 

La aplicación en el Río de la Plata de las nuevas políticas, basadas principalmente en el ejercicio del libre comercio con los indígenas, generalmente no se podían cumplir.

            Desde la época colonial en el Río de la Plata, la principal riqueza de Buenos Aires era el ganado vacuno y caballar. El indígena que poblaba el espacio geográfico rioplatense constituía un impedimento con respecto al usufructo de estos recursos, ya que los compartía, los disputaba, o bien competía por ellos. Y en cuanto a los indígenas que habitaban el territorio chileno, se sintieron atraídos por estos productos, avanzando sobre las fronteras. Tales eran los impedimentos para cumplir con las prácticas mercantiles propiciadas en las nuevas políticas. Por esa razón, los funcionarios españoles en el Río de la Plata, alternaron entre una política de guerra y una política pacífica, esta última en base a alianzas, parlamentos y tratados.

Recuérdese que según Francois Guerra, existía una división legal de los habitantes de las dos “repúblicas”, las de los españoles y la de los indígenas. Bechis considera que en  1700, en el actual territorio argentino se reconoció “esta nueva república” en las pampas. Según el tratado de 1790 complementario del 3 de marzo del mismo año realizado en Guaminí, se nombró a Calpisquí como “Cacique Principal de todas las Pampas”. El Tratado  establecía que los “Indios” y “Españoles” no se ofenderían “en sus respectivos establecimientos”. El reconocimiento de una autoridad para “todas las Pampas” era una ficción jurídica, porque los aborígenes de todo el área arauco-pampeana no tenían una organización estatal centralizada y se reconoce un territorio y una sociedad “república” en términos políticos-españoles-indígenas. (18).

Persistiendo los españoles en la actitud de practicar el comercio libremente, aplicaron una política de delimitación de fronteras interiores. A tal fin, en 1740 se celebró un tratado con el cacique Bravo, a quién se nombró “maestre de Campo de la Cierra” y se reconocía que el Saladillo que ciñe dichas estancias de Buenos Ayres, sería en adelante el lindero –en la década de 1790 se firmaron tratados en Córdoba con los ranqueles y en Mendoza con los pehuenches-. Generalmente el Estado español y los indígenas respetaron los tratados que incluían el libre comercio entre las dos sociedades. La paz duró hasta 1814. (19).     

El término “frontera” presenta una amplia variedad de significados y asociaciones que oscilan entre una interpretación abstracta o vinculada al problema de definición de las fronteras interiores y exteriores, que delimitan el espacio geográfico de los Estados nacionales. Coincido con Hebe Clementi, quién expresó históricamente que para que el concepto “frontera” posea validez conceptual y real, es necesario que se interprete como un espacio de interacción. Si bien el concepto “frontera interior” es ambiguo, en sustancia representa una realidad concreta, compleja y se atiene a los hechos. Los conquistadores estuvieron guiados por propósitos. Y los que acuerdan que existen fronteras interiores están impregnados de ideas, culturas, tecnologías y finanzas. Si el espacio geográfico era contemplado como frontera de expansión, tierra abierta para ocupar por el conquistador o colonizador, el obstáculo-indio- actuaba como frontera límite de esa expansión. Por esa razón Clementi consideró que el problema del indio se articula con el de la “frontera”, que se entiende genéricamente como la incorporación de la tierra americana a la cultura del hombre occidental, a la historia continental, nacional y regional. Fue una tarea emprendida con espíritu empresario para lograr el progreso constante.

La última frontera es la interior, pero también es la primera, porque marca todo hecho y establece lo que se debe hacer. Entiendo que en función del hecho real, el indio es el primero en establecerse en la frontera, como lo cita Clementi: “Incluye al indio primero, que en sí constituye la primerísima frontera, dado que el espacio que se considera libre es con toda licitud el espacio indígena, que lo engloba, más que lo detecta”. (20).

Esto explica el porqué el Estado español mediante tratados delimitó dentro de su Imperio las posesiones americanas, fijando las fronteras interiores y  exteriores, a fin de preservarlas de las invasiones de los indios o de otras potencias. De ahí su política de establecer la institución de “capitán de amigos” en América - Chile, Río de la Plata-, para designaar  a Caciques- máxima autoridad de la sociedad indígena- con cargos y responsabilidades dentro del espacio geográfico previamente delimitado por el gobierno español. Para defenderlo, pero a la vez reconociendo, como consecuencia, que fuera de esos límites interiores los indígenas tenían el derecho a la “autonomía” para realizar el libre comercio, aunque controlado por los españoles. Pero además, al distinguirse en una frontera un espacio interior de uno exterior, se busca que no se altere la homogeneidad en el interior, reforzándose la heterogeneidad con respecto al espacio exterior. Esto supone la distribución de la sociedad indígena- con sus culturas, etnias, religiones e ideologías-  fuera de las áreas territoriales dominantes, ya que suponía un peligro constante frente a la diversidad y las oposiciones ideológicas, no solo entre ellas  mismas sino también con las españolas, donde el conflicto persistía potencialmente y generalmente se manifestaba violentamente, a través de incursiones, malones, rapto de cautivas y robo de ganado. A fines del siglo XVIII, los funcionarios del Río de la Plata designaron capitanes de amigos y suscribieron tratados, particularmente en la Pampa y en el Gran Chaco.

El hecho de volver la mirada al pasado colonial, implica analizar las rupturas y continuidades del proceso histórico para comprenderlo mejor. Noemi Goldman en su estudio revisa las continuidades históricas y aconseja volver al período colonial, ya que luego de su derrumbe quedó un mundo de relaciones sometidas a cierta legalidad tradicional que persistió. Y afirma: “lo que quedó en todo el ámbito rioplatense no fue una tierra de nadie sin orden social, sino un mundo de relaciones sometidas a cierta legalidad tradicional que persistió adaptada a la emergencia del nuevo contexto postindependiente”(21).

Mi pregunta es entonces : ¿Continuó respetándose el derecho a la autonomía de las naciones indígenas luego de la ruptura del estado Colonial? La respuesta la da Bechis, quién afirma que en el Río de la Plata, el imaginario de la sociedad blanca, especialmente  el vinculado a los intelectuales y los gobiernos patriotas de las primera décadas revolucionarias y gobiernos posteriores, no reconocieron la autonomía pactada entre indios y españoles durante la época colonial.

Es significativa la afirmación de Bechis, cuando sostiene que durante la primera década revolucionaria –1810-1820- en algunos lugares de América, mientras los pueblos buscaban y construían una nueva forma política para regir sus vidas en común, la sociedad indígena no tenía mucho de que enterarse mientras siguiera gobernándose en nombre del rey con quién habían hecho las alianzas, parlamentos y tratados cuyos fundamentos estaban explícitos en la política española-indígena colonial. Tal política incluía el reconocimiento  de su autonomía, de una autoridad, de un territorio y una sociedad república indígena. El cese del poder real sobre las colonias españolas fue un hecho lejano, extraño y externo y no presentido ni por el propio pueblo español. Menos aún por los indígenas soberanos, quienes no tendrían participación alguna en la construcción de un Estado que no los involucraba como parte integrante de la población revolucionaria. (22).

La autora expresa que:

“En el ámbito de lo que sería la república Argentina, los patriotas de primera hora tanto en las primeras Juntas como en la Asamblea del año XIII no hacen mención a los indígenas pampeanos como habitantes del país. Tampoco se alude al territorio que ellos ocupaban como parte del territorio nacional. Las proclamas tanto de la Primera Junta como las de la Asamblea se tradujeron al quechua, aymará y guaraní solamente”.

Ahora bien, considero que el lenguaje, es una variable significativa para interpretar el sentido de nación más amplio. Es un error creer que todos los indígenas no entendían el lenguaje español, ya que en América del Norte y del Sur existían mestizos que realizaban prácticas mercantiles o eran intérpretes al servicio de España y comprendían las lenguas y costumbres indígenas. Los recientes estudios de Daniel Villlar y Juan Jiménez informan que algunos indios chilenos hablaban castellano y entendían el idioma, y no nos olvidemos de los agentes bilingües que desde la época colonial realizaron tratados y prácticas mercantiles. Quizás por eso no hubo necesidad de traducirlos, excepto los que cita Bechis.¿Por qué se los traduce? Como esta problemática no forma parte de la línea investigativa de este trabajo, la dejo no obstante planteada como tema que puede ser objeto de estudio.

Si bien los primeros gobiernos transitorios  no mencionan la existencia de los indígenas pampeanos como habitantes e integrantes del territorio nacional, ello no implica que desconocieran su existencia. Mandrini asegura que ya en la etapa colonial, se conformó una sociedad fronteriza caracterizada por una amplia red de circulación mercantil coincidente con los grandes circuitos ganaderos, que sirvió para vincular y articular los diferentes espacios económicos del mundo indígena, estimulando en cada uno de ellos proceso específicos para mantener la red. Uno de tales procesos originó la especialización económica basada en la disponibilidad de los recursos. Como ejemplo cita la extracción y comercialización de sal por los pehuenches cordileranos, o el impulso que recibió la producción textil entre los araucanos chilenos. Otras zonas, como las ricas tierras de Buenos Aires -área centro sur- o los fértiles valles cordilleranos se orientaron a una producción pastoril especializada.       

Buenos Aires, un asentamiento en los confines del Imperio español, se constituyó  como una sociedad de frontera a principios del siglo XVIII cuando la monarquía borbónica comenzó a aplicar nuevas políticas que implicaban grandes cambios. También se integra a un eje oeste-este que la conecta con Santiago de Chile, donde el paso a una sociedad de frontera ya se había efectuado un siglo antes, luego de la exitosa revuelta araucana que culminó en Curalaba en 1598. (23).

En virtud de estos acontecimientos, no puede ignorarse que el indígena existe, pero si bien es cierto que durante los primeros años revolucionarios existió una continuidad de algunas prácticas legales, las relativas a la sociedad indígena sufrieron una ruptura. Una de las principales fue la violación del derecho a la autonomía de los indígenas, como habitantes de la “república de indígenas” en un territorio determinado. Esta violación se efectiviza en Buenos Aires cuando la Primera Junta realizó proyectos oficiales de expansión productiva sobre las tierras que habitaban los indios. Uno de los primeros objetivos fue “poner la campaña al abrigo de las incursiones de los “bárbaros”, para favorecer el avance de las fronteras internas, su poblamiento, la expansión  de la ganadería, la agricultura, aumentar el comercio exterior y los ingresos fiscales. El primer gobierno patrio, por iniciativa de Mariano Moreno, designó al coronel Pedro García para estudiar la frontera, ocupar las líneas de los ríos Colorado y Negro, establecer un cuartel en Salinas para poblar las sierras de Guaminí, de la Ventana y del Volcán y trasladar más al sur las fronteras de Córdoba y Cuyo para ampliar su jurisdicción”. (24). La frontera caracterizada por lentos avances y retrocesos, desprotegida durante todo el proceso de las guerras de independencia, impulsó a los gobiernos provinciales a implementar políticas nuevas vinculadas a su expansión,  mediante la entrega de tierras para favorecer el asentamiento humano en las áreas fronterizas. Recuérdese que a partir de 1814, las tensiones y conflictos entre la sociedad blanca y la india fueron constantes, perjudicándose mutuamente a través de distintas acciones delictivas. 

            De hecho, algunos grupos privados, particularmente estancieros y hacendados habían sobrepasado la línea del Salado hacia el sur, concretándose una expansión ganadera por compra de terrenos a los grupos indígenas desde fines del siglo XVIII. Habían construído establecimientos ganaderos y sostenían con algunos grupos indígenas relaciones laborales y comerciales. Actualmente todavía continúa el debate del reclamo de las tierras por parte de las comunidades indígenas, no solo de Argentina sino de otros países hispanoamericanos. (25).

A esta altura del análisis, cabe reiterar la importancia que tienen los significados de los términos “nación”,  “frontera”, “soberanía”, “territorio”, “autonomía”, “lenguaje”, entre otros, que es imprescindible estudiar más profundamente vinculándolos con el proceso histórico real, destacando a todos los actores sociales que debieron integrar la nación y señalando los privilegiados y los excluídos. Tarea que queda pendiente.

Retomando nuestro eje temático vinculado con el proceso de nación, es necesario recurrir a Chiaramonte, quién  sostiene que la idea de Nación en el imaginario de la época –1800-1846- se refería a la existencia políticamente independiente de un conjunto humano, y solo manifestaba solidaridades racionales y aludía a algo construído, no natural. Además, el término nación era sinónimo de Estado.

Aunque se mantenía un uso más antiguo, que “hacia referencia a grupos humanos, culturalmente homogéneos, pero sin existencia política independiente ni pretensiones al respecto”...En este contexto se declaraba como nación, ambiguamente,  a “la nación india”, tal como lo expuso un miembro de la Junta Grande el 18 de octubre de 1810 al informar sobre una delegación de indios pampas. (26).  

            Recuérdese además, que según el Derecho de Gentes, todas las naciones o estados eran “personas morales” (concepto equivalente al de “personas jurídicas”, incorporado a nuestro Código Civil –art. 32-). Esa conciencia de igualdad de derechos con las demás entidades soberanas era indiferente a las diferencias de tamaño, riqueza y poder, y constituyó el eje de una de las prácticas políticas del período abordado. Pero no todos coincidían con respetar los mismos derechos de igualdad o libertad para todos los hombres. Juan Bautista Alberdi, uno de los intelectuales más representativos de la generación de 1837,  expresó:

 “Hoy mismo bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América.. Cráneo, sangre, color, todo es de afuera. El indígena nos hace justicia: nos llama españoles hasta el día. No conozco persona distinguida de nuestras sociedades que lleve apellido pehuenche o araucano. El idioma que hablamos es de Europa... El salvaje está vencido: en América no tiene dominio ni señorío. Nosotros, europeos de raza y de civilización somos los dueños de América ”....(27).

La cita de Alberdi dibuja con toda realidad y crudeza la situación de los pueblos indígenas, colocados en un ámbito de marginalidad, no solo desde el punto de vista político –con la consiguiente imposibilidad de participar en la organización y gobierno del Estado nacional- sino también desde el punto de vista social –configurando un impedimento de integración-.

Sin embargo, durante las guerras civiles argentinas los indios fueron requeridos y disputados por distintos sectores, pertenecientes tanto a los grupos dirigentes políticos y/o intelectuales, como así también “caudillos” y desertores, para enfrentar a los grupos opositores. Esta política contradictoria debilitó en muchas oportunidades el poder de las instituciones de la sociedad blanca y sus propósitos, aunque también dividió y debilitó a la sociedad india. La movilización y participación de los indios en las guerras civiles se puede explicar en función de las ventajas que podían obtener, aunque no compartían ni se identificaban con los objetivos e intencionalidades de los grupos con los que colaboraban. Ellos tenían sus propias concepciones políticas, ideológicas, sociales, culturales. Su sentimiento de pertenencia estaba vinculado con el lugar que habitaban, y a ese lugar los españoles lo denominaron “americano”.  (28).    

Bechis afirma que no obstante la movilización y participación de los indios en la lucha sostenida entre unitarios y federales, aquellos no se identificaban con ninguna de las ideologías de los grupos en pugna. Al comentar un episodio sucedido en un enfrentamiento entre ambos grupos, relata que uno de los indígenas rosistas mató al jefe de la guerrilla, montó el caballo del enemigo...corriendo y gritando: “Matando huinca”. Observemos que el indio no dijo “enemigo” o “unitario”...el indio se  refirió a su guerra., su guerra íntima contra el huinca, su enemigo”. (29).

 Es decir, que los indígenas probablemente desconocían lo que era ser federal o unitario,  argentino,  chileno,  hispanoamericano.  La concepción del indio no era igual a la del blanco respecto al concepto de “frontera” ni al de las nacionalidades. El problema se agudizó al construirse los Estados Nacionales de los respectivos países americanos. La división geográfica de Chile y Argentina era una división artificial, extraña para los indios acostumbrados a transitar libremente por el espacio geográfico y con una interpretación comunitaria de la tierra y además, porque estaban convencidos de constituir una nación indígena, autónoma, con identidad propia, basada en la política española. Por esa razón, es posible que no se sintieran ni pertenecientes al Estado Argentino ni al Estado Chileno.(30).

El caso de Chile es elocuente y refleja la visión de los indígenas. En 1818 se produjo la independencia de Chile de los grupos realistas, quienes derrotados, prosiguieron su guerra intentando restaurar el poder monárquico español, conformando alianzas con las tribus indígenas de la Araucanía. El combate entre realistas y patriotas culminó en una “guerra a muerte” que se prolongó durante casi dos décadas, convirtiéndose el espacio geográfico fronterizo en un lugar adecuado para la lucha. Al desaparecer el jefe Vicente Benavídez se debilitó el frente realista en Chile, aunque la violencia continuó bajo la dirección de los hermanos Pincheira, quienes defendieron la causa del rey y ocuparon los valles del noroeste neuquino. Se fueron incorporando otros sectores sociales, entre ellos los indios pehuenches, habitantes de las tierras “neuquinas”, que se convirtieron en refugio de estas guerrillas hasta 1832. (31).    

Pero el fallecimiento de Benavídez y la rendición de los Pincheira no finalizó con el enfrentamiento entre realistas y patriotas, que continuó por muchos años, propiciado por los gobiernos  chileno y argentino. Interpreto que una de las explicaciones de por qué algunos grupos indígenas  persistieron en la lucha, defendiendo la restauración del rey, se debe a que habían logrado en la época que gobernaron los Borbones Ilustrados el ser reconocidos como naciones, como Estado, con autoridad, como habitantes de un territorio y como una sociedad república dotada de autonomía en todo el área arauco-pampeana, parte del espacio geográfico posteriormente denominado Argentina y Chile. Estos reconocimientos resultarían violados e ignorados en la nueva organización de los gobiernos embrionarios dirigidos por los patriotas.

 

Nueva conceptualización (nacionismo).

 

Bechis comenta que el vocablo “nacionismo” es un neologismo y fue inventado por Fishman en 1968 y alude a la formación de un estado o unidad geopolítica. Lo diferencia de “nacionalismo”, que sería la formación de una identidad nacional o unidad sociocultural. La distinción e identificación de estos procesos, es útil para comprender la evolución en la estructuración de los estados-nación. Bechis comenta que usa estos conceptos para las sociedades sin estado, por lo que basándose en algunos desarrollos internos y condiciones externas a su sociedad, sostiene que los indígenas  sostuvieron intentos aislados de crear un estado o unidad geopolítica, e intentos quizás más exitosos de crear una conciencia de identidad socio-cultural. Ejemplifica “ con los intentos de “nacionismo” o voluntad de crear

una estructura política que iba más allá de los segmentos cacicales”. (32). Relata estudios de casos donde cada parcialidad conformaba una alianza, producto de la unión de distintas etnias. Uno de ellos es el del extranjero José Miguel Carrera, considerado patriota chileno, quién en 1820 llegó a las pampas indígenas y se instaló en Guaminí. Allí se lo nombró Pichi Rey o reyecillo, y se declaró protector, mencionando además que esa unión proporcionaría ventajas a los indígenas. Bechis cree que los indios buscaban volver al estatus de autonomía que el gran rey les había concedido en 1641 y del que habían gozado hasta 1810 y que los realistas en la Araucanía de la Guerra a muerte, aún en 1821 les prometían regresarles. Los indígenas anhelaban que alguién los uniera con estabilidad también en la paz, para superar la estructura de jefatura competitiva y las barreras interétnicas indígenas, pero la aventura del Pichi Rey duró 24 días.

Luego menciona otra generación de caciques, que persistía en querer tener otro rey. En 1860 Oreille Antonio Tounens, decidió civilizar a los indios. Idea que fue receptada por algunos caciques del sur de la Araucanía, quienes conocían y aceptaban la monarquía, convirtiéndose Tounens en su rey. Los indios estaban interesados en tener un gobierno central, ellos eran independientes de cualquier otro estado, lo mismo que la población indígena de la Patagonia. Luego de la primera parte de la aventura de Tounens, en 1965 durante la guerra entre Chile y España, los arribanos continuaban expresando su voluntad de que la mejor forma de gobernarse era a través de un rey aunque viniera de afuera, ya que ellos no podían crear un régimen basado en una monarquía, debido a su estructura política.

En el espacio pampeano y patagónico surgieron fenómenos políticos importantes, internos y externos. La sociedad deseaba la formación de una conciencia de unidad nacional no solo en el sentido mapuche. Uno de los pilares conscientes fue el shamanismo, la magia y el origen divino asociados a la autoridad del cacique. Bechis  llama a estos fenómenos sociales ideologización de una etnia. Ejemplifica con Calfucurá, quién luego de la derrota de Rosas era famoso en sus tierras indígenas. Durante la lucha entre Buenos Aires y Urquiza, Calfucurá se alió a este último luchando por la Confederación, tal vez porque veía en ella la inclusión de un estado autónomo indígena. Luego comenzó a rescatar mediante la coerción, a los indios amigos de la frontera de Buenos Aires, para deshacer la dependencia de esas parcialidades. Convocó a otros indígenas bajo el grito “la tierra india para el indio”. En 1869, Calfucurá quería convencer a Coliqueo, borogano ya establecido en la frontera, de que se uniera a los indios libres, y en 1873 envió una carta al Presidente de la nación, protestando por su avance sobre Carhué: “Nosotros que somos dueños de esta América, no es justo que nos dejen sin campo”. Otra de sus cartas revelan sus sueños que le confirman que “a él lo había echado Dios al mundo como principal de los caciques de su nación”.

La Confederación de las Salinas, que tuvo como jefe a Calfucurá, fue en parte fabricada por Urquiza, pero la ideologización de este proceso se debió a Calfucurá .

Sayhueque, cacique de las Manzanas -Neuquén-,  escribió que no adquirió sabiduría de sus antepasados ni de fuentes sagradas de su cultura indígena, sino del dios de los criollos. Ese dios lo eligió para darle a su pueblo bienestar. El cacique no se consideraba de origen divino ni ostentaba poderes mágicos, el era un simple mortal elegido por Dios. Bechis dice que no se sabe si los integrantes de su comunidad así lo creían, o si realmente él los arengaba mediante esos discursos. Parece más bien una legitimización divina para “exportación”, no para que fuera creído por los criollos, sino como una expresión de su autoridad. Pero la fórmula fue útil. El Dios de los blancos, que protegía a los blancos, también protegía a su pueblo por intermedio de su cacique. El mito se hacía realidad, y como todo mito, servía para expresar y regular las acciones de los hombres en un momento determinado.

Bechis rescata otro discurso que se propaga por todo el ámbito indígena en un marco espacial-temporal. El discurso revela la máxima extensión histórica de una nacionalidad indígena -no ya del pueblo mapuche-. Está dirigida a  boroganos, pehuenches de Llaima y pampeanos, es decir que la mayoría eran mapuches de antigua migración que no habían olvidado sus orígenes históricos, pero ya habían integrado el ámbito pampeano al nivel de la afectividad o al nivel de sus categorías básicas de referencia e identificación.

En 1830 desde Chiloé a la pampa, el borogano Millalicán cuando le escribió a Rosas, exaltó a Yanquetruz como “dueño y Señor del país antiguo”. Es decir, que durante el siglo XIX en las primeras migraciones mapuches, los boroganos adquirieron conciencia de su linaje, que desde el siglo XVIII recorrió como espiral histórico todo el ámbito pampeano-cordillerano. Aunque ya en 1876 se estaba construyendo un pueblo, no un linaje, como referente histórico. (33). 

Bechis concluye que las migraciones indígenas entre 1815 y 1840, expandieron el ámbito mapuche hacia el este por la zona central pampeana. Estas migraciones se debían más a causas políticas y geopolíticas que económicas, independizándose lo político de lo económico. Los procesos de transformación de los dos Estados nacionales  fundamentados en ideas nacionistas y nacionalistas figuraron como importantes variables externas para inferir los cambios en las sociedades mapuches y pampeanas. Pero además es muy significativo visualizar la dinámica interna de las sociedades indígenas, que hallaron expresiones nativas para intentar su unidad política y crear los mitos necesarios para su integración sociocultural. Fueron esfuerzos aislados, intentos que no pudieron cambiar la estructura social, aunque los conductores contaban con mucha autoridad, pero su poder se circunscribió a una jefatura integrada por la autoridad de un individuo que estaba basada en  la costumbre y no poseía ningún aparato burocrático. El instrumento para unir a la población fue la persuasión, pero al conquistar los criollos sus tierras, se generó una conciencia de la diferencia.

(...)

 

Análisis jurídico: Nuevos enfoques y rupturas

 

Algunas reflexiones

  El jurista Carlos Colautti, en 1999, sostiene que la cuestión de los indígenas está relacionada con los derechos de las minorías, el concepto de autodeterminación, de autogobierno, la asimilación, el tratamiento preferencial, la secesión y otros problemas relativos a los derechos humanos. El derecho internacional fue interestatal, es decir, que solo los Estados podían ser sus sujetos, los problemas de las poblaciones indígenas eran ajenos a esta rama del derecho. No se les atribuyó el carácter de pueblos coloniales, por eso no se les reconoció el derecho a la autodeterminación. Al incorporarse la noción de los derechos grupales o derechos comunitarios, se adoptaron las primeras medidas para integrar estos temas a la legislación positiva. En el siglo pasado, las Conferencias Internacionales de Berlín (1884-85) y  Bruselas (1889-90), dedicadas al Africa, debatieron las modificaciones de las condiciones de vida de los aborígenes.

            En la época de la Liga de las Naciones, cuando se realizaron los primeros desarrollos teóricos de los derechos grupales o comunitarios, la tendencia fue no reconocerles los derechos a las poblaciones indígenas. Una comisión de arbitraje anglo-norteamericana, afirmó que las tribus no eran personas de derecho internacional, y en consecuencia los acuerdos que se efectuaran con comunidades indígenas no se regirían por el derecho internacional, sino que constituirían actos unilaterales regidos por el derecho interno.

Los dos Pactos Generales de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, proclamaron el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Pero el concepto de pueblo no fue determinado. Ni la Declaración Universal, ni los pactos generales, ni la Convención sobre Discriminación Racial, se refieren específicamente a las poblaciones indígenas. Tampoco el Pacto de San José de Costa Rica.

            En 1949, las Naciones Unidas, para tratar el problema de las poblaciones indígenas, sancionó la resolución 275 de la Asamblea General. Requirió a la Subcomisión analizar la  prevención de la discriminación y protección de minorías, y estudiar la condición de los indígenas americanos. Recién en l971, el Consejo Económico y Social autorizó por Resolución 1589 a la Subcomisión, a realizar un estudio de la discriminación contra los indígenas. Y en 1978 se creó un equipo de trabajo para estudiar la evolución de las normas relativas a sus derechos. (34).

En la reforma de la Constitución –1994- se introdujo respecto a las atribuciones del Congreso  - artículo 75-  lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas.

 

La aplicación de la ley para desestructurar antiguas tradiciones: servidumbre y trabajo obligatorio

Las poblaciones indígenas que habitaban desde hacía siglos, ya estaban disminuidas a inicios del siglo XIX por la integración y el mestizaje, o diezmadas por las guerras, particularmente en el litoral, sobre todo por las incursiones de los bandeirantes, luego de la expulsión de los jesuitas. Los grupos subsistentes más numerosos se hallaban asentados en países que se disgregaron del Virreinato: Bolivia, Paraguay y áreas que quedaron en Brasil. En esa época no existían muchas alternativas: una era la integración a la vida colonial mediante las encomiendas, y para otros la vida independiente alejado de las fronteras defendidas, con una situación de conflicto más o menos activa respecto de los sectores ocupados por la llamada “civilización”. Se produce un cambio en el Río de la Plata, en 1611, cuando el visitador Alfaro dictó ordenanzas para reemplazar el trabajo gratuito por otro obligatorio aunque remunerado. Estas servidumbres -encomienda, mita, yanaconazgo- fueron abolidas en 1813, pero la situación general no varió inmediatamente. (35).

Recuérdese que la Constitución de 1819 –artículo 128-, les reconocía a los indígenas “igualdad de dignidad y derechos a los demás ciudadanos”. Se  solicitó a los legisladores “promover eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado” .

 

CONSTITUCION NACIONAL DE 1853

1)Pacificación y conversión de los indios al catolicismo

En 1853, el gobierno, intentando poner en práctica  el proyecto de Alberdi vinculado con la ocupación del territorio y la idea de poblar los “desiertos”, dispuso en la Constitución Nacional de 1853 - artículo 67 -inc.15- la continuación de la tradición española, promoviendo la inserción pacífica de los indígenas en la civilización y su conversión al catolicismo. Este artículo se refería a las fronteras y a los indios. El vocablo “frontera” era entendido como límite físico, pero además como límite cultural. Se llamaba entonces frontera a los límites de la civilización. Los “infieles” o “indígenas” estaban más allá de la frontera que enmarcaba la existencia del “cristiano”. La Constitución, se  refería a la frontera como delimitación cultural y a los indios como elementos aún no incorporados a una cultura todavía en expansión geográfica. Esta norma procuraba el trato pacífico con los indios y su incorporación a la civilización, pero no usaba estos últimos términos sino  otros:... “la conversión de ellos al catolicismo” era el requisito fundamental de la seguridad del ingreso a nuestra civilización.

Esta obligación del Congreso, podía originar limitaciones a la libertad de cultos consagrada por el artículo 14, en aquellas zonas donde la población era predominantemente indígena. Efectivamente, la tendencia religiosa de otros cultos, podía disminuir las posibilidades de una homogeneidad cultural de los indígenas respecto de la religión católica, la religión protegida,  dificultando de ese modo su incorporación a la civilización, como se establecía en la Constitución.

Expresa Colautti, que hay que entender que entre 1853 y 1860, e incluso antes, las poblaciones indígenas  eran consideradas como muy primitivas, y reacias a integrarse a la sociedad, lo que probablemente motivó también desde el siglo XVIII, la idea de darles un trato pacífico, que no siempre fue tal. Lo demuestran las guerras producidas entre la sociedad indígena y la sociedad blanca, y las consecuentes “conquistas del desierto”  para recuperar los territorios considerados “desérticos”, geográfica y culturalmente desintegrados o aislados. Además, la  conversión de los indios al catolicismo fue una expresión de la confesionalidad asumida por la Constitución, aunque implica una tarea misional impropia del Estado, que debía ser cumplida por la Iglesia con la colaboración indirecta del Estado. (36).

 

Constitución Nacional de 1994: Desestructuración de la Tradición impuesta: conversión de los indios al catolicismo

En 1994, después de 141 años de imposición de una tradición religiosa, se piensa que la cláusula era anacrónica y hasta no coincidía con la libertad religiosa y un ecumenismo que, más allá del Estado, es establecido por el magisterio postconciliar de la misma Iglesia Romana..  Señala Bidart Campos, que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 -inciso 17 del  artículo 75-  reemplaza al inciso 15 del anterior artículo 67 en cuanto  éste prescribía: “ Conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo” .

 

2)Las comunidades indígenas forman parte de la población en general

3)Principio de igualdad ante la ley

 

Bidart Campos afirma,  que para los constituyentes que sancionaron la Constitución Nacional de 1853, las comunidades indígenas no eran equiparables a los Estados, ni configuraban entidades con personalidad jurídica propia, sino tan solo parte de la población general.

           Además, los convencionales quisieron evitaron cualquier tipo de distinción entre los “habitantes” de la Nación Argentina, estableciendo el principio de igualdad ante la ley -artículo 16-.

El autor comenta que “el inc. 18 (que fue inciso 16 del artículo 67, y se ha dado en llamar la cláusula del progreso) es de una amplitud manifiesta y engloba en su enunciado una temática que sin carácter taxativo, equivale a los contenidos del bien común y de lo que hoy se denomina desarrollo”.(37). Su texto  otorga a la cláusula una dimensión territorial y social que abarca a la integralidad geográfica y poblacional de todo el Estado, sin exclusiones ni marginamientos dentro de la federación.

Este inciso avala una doble interpretación: a) dentro de su programa, habilita opciones y alternativas flexibles; b) su plan de desarrollo elimina sectorializaciones geográficas y sociales porque  cubre a todo el territorio y la población. Además en la Constitución Nacional -art.107- “todas estas competencias son concurrentes con las provincias, que pueden hacer lo mismo en sus respectivas jurisdicciones locales”. (38).

En relación a la Constitución Nacional de 1853, Bidart Campos considera que no existe ninguna duda respecto a la igualdad de status de los indios con el resto de la población, ya que le compete al Congreso mantener el trato pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo. Durante los debates producidos en la Convención, Seguí afirmó que “los medios de conservar el trato pacífico con los indios son diametralmente opuestos a los que reclama la defensa de la frontera amenazada siempre por ellos” y pidió aclaraciones “sobre el modo como se pensaba conservar ese trato pacífico y

los esfuerzos que debía hacerse para atraerlos y civilizarlos”. La respuesta se la dio Gorostiaga, al informarle que dentro de los recursos pacíficos “estaban comprendidas las misiones evangélicas”.

 

Derechos Humanos

El derecho a la libre determinación política, económica, social y cultural

El derecho de los pueblos como minorías, está reconocido en las dos Convenciones generales de Derechos Humanos de la ONU que afirman:

“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural.”

La libre determinación es un concepto dinámico y se ejerce de muy variadas formas a nivel mundial. En el derecho internacional, según lo indicó Nojborn Eide, hay por lo menos tres tipos de autodeterminación. Entre ellos figura el de un pueblo a autogobernarse  dentro de un Estado. Y este es el caso de los pueblos indígenas y a esto se refiere la libre determinación en la Declaración. Por esa razón, el artículo 31 del proyecto de declaración de la  ONUSobre Los Derechos De Las Poblaciones Indígenas” aprobado en Ginebra establece el concepto de “autonomía relativa”. Expresa “como forma concreta de ejercer su derecho a la libre determinación”, es decir, se especifica y detalla el concepto, se entrega el marco adecuado de su ejercicio. Se reconoce el derecho a la autonomía o al autogobierno en “cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, etc...”. (39)

El texto actual de la Constitución Nacional Argentina (1994) afirma que se debe:

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

El contexto de la norma refleja un sentido humanista. El nuevo inc.17 del art. 75 ,rescata el derecho a la diferencia, que es una expresión del derecho a la identidad personal y se relaciona íntimamente con él. Afirma Bidart Campos, que esta cláusula no pugna con la abolición y prohibición de las prerrogativas de sangre y de nacimiento que mantiene el antiguo art.16. Aquí no se conceden privilegios ni prerrogativas, sino que se asume  una justa expresión del pluralismo democrático  y del citado derecho a la diferencia, necesario en un Estado democrático. (40).

Sigue diciendo el autor citado, que en la reforma : El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos presenta varios aspectos. A uno de ellos lo califica como simbólico y reparador. A otro como histórico, en cuanto implica que las comunidades aborígenes autóctonas precedieron a los españoles, con anterioridad a la independencia de los países y a la corriente de inmigración posterior a la constitución de 1853.  Argentina, reproductora de los modelos europeos y de las ideas foráneas, nunca enalteció su indigenismo y lo que hizo fue renegar de él, menospreciarlo, olvidarlo y ocultarlo. Por tal razón, los aspectos evocados, simbólico-reparador e histórico, constituyen, aunque tardíamente, una reivindicación de nuestro ancestro primero, disminuido cuantitativamente.

Colautti opina que lo afirmado por Bidart Campos es correcto, y acota el sustantivo preexistencia a un marco descriptivo que no modifica los derechos que el inciso reconoce a continuación. Segovia en cambio critica la inclusión, afirmando que “supone una alteración inequívoca de las bases fundacionales del Estado argentino, porque se violaría la unidad nacional inserta en el preámbulo”. Afirma que “el pluralismo democrático no puede llegar al extremo de convertirse en fuente de separatismo o secesionismo”. Esto constituye uno de los dilemas principales de los derechos de las minorías. Y el reconocimiento de estos derechos tiene por objetivo básico permitir que puedan conservar con integridad su cultura, pero con una integración plena al Estado Nacional,  que reconocerá el derecho a conservar, desarrollar y transmitir su cultura, y que  impedirá separaciones o secesiones.     

El establecer estos límites constituye un problema grave en el derecho interno e internacional. En algunos casos los usos y costumbres de las comunidades indígenas no son similares a las normas aceptadas por las mayorías. Y además se produce un problema semántico relacionado con la ambiguedad de los conceptos, sus definiciones imprecisas o controversiales.

 

Pueblos Indígenas: Conceptos

            Un problema semántico que originó controversias internacionales políticas, reside en explicar qué son las poblaciones indígenas,  y  diferenciar entre “pueblos indígenas” y  “poblaciones indígenas”. Países de América con importantes cantidades de población indígena como México y Perú, demostraron preocupación frente al problema de las definiciones, y se opusieron al empleo de la  palabra “indígena” en alusión a parte de su población. Pero los representantes de las organizaciones indígenas, insistieron en su derecho exclusivo a definir la noción de indígena.

La Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de minorías (1987) formuló la siguiente definición: “ Comunidades, pueblos, naciones indígenas son aquellos que, teniendo continuidad histórica con sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismos como distintos de otros sectores de las sociedades ahora prevalecientes en esos territorios o partes de ellos”. 

“En la actualidad, aquéllos son sectores no dominantes en la sociedad y se muestran determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continua como pueblos de acuerdo con sus moldes culturales, sus instituciones sociales y sistemas legales propios”.(41). 

Bidart Campos afirma que “Pueblo” sería aquí equivalente a población y, con ese sentido, los “pueblos aborígenes argentinos” vienen a definir los sectores de población o comunidades grupales que componen al conjunto humano que es elemento de nuestro Estado”. Que étnica y culturalmente hayan preexistido los pueblos indígenas implica que, negativamente, es inviable desconocer o contrariar la herencia que actualmente existe en sus comunidades y en nuestra sociedad; positivamente, en lugar de destruirla hay que promoverla.(42).

Hay que integrar a los pueblos indígenas acordándoles un trato igualitario con el resto de la sociedad; pero esto no implica que se les deba reclamar la renuncia o abdicación de su estilo,  sus diferencias,  su idiosincrasia,  su cultura.

También la  expresión “étnica” es redundante, y en muchas partes del mundo genera conflictos,  y por tal razón se la hubiera  evitado. La Argentina se caracterizó por la fusión de razas. Se debe aclarar que la idea del autor fue debatida a nivel internacional por diversas disciplinas, optándose por la utilización del término “etnia”.

 

La continuidad histórica

Colautti sostiene que se debe acoger la continuidad histórica de los pueblos indígenas,  que puede consistir en uno o más de los siguientes factores:

- La ocupación de tierras ancestrales.

- El origen común con los ocupantes primitivos de esas tierras.

- Manifestaciones específicas de cierta cultura, como la religión, un sistema tribal y los estilos de vida.

El grupo o comunidad debe tener el derecho de decidir quién pertenece al mismo sin interferencia exterior alguna. Colautti en su definición, considera que el “indígena es una persona que pertenece a tales poblaciones en virtud de su autoidentificación como indígena

y es aceptado por esas poblaciones como uno de sus miembros”.(43).

Recuérdese que cuando llegaron los primeros habitantes europeos a la Indias Orientales, se llamó “indios” a los aborígenes y dicha calificación se insertó en. la Constitución Nacional de 1853 –artículo 67,inciso 15-.

Técnicamente es más exacto el vocablo “indígenas” de origen latino, que significa “originario del país”. Por esa razón, en 1994 se cambió la calificación de “indios”  por “indígenas”. (44).

 

            Sigue sosteniendo Colautti, que entre los derechos específicos figuran:

 

 l) Se debe garantizar a los pueblos indígenas el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Bidart  Campos comenta que aquí surge otra vez el aspecto integrativo. Estos derechos implican el reconocimiento de sus propios valores y modalidades culturales. El respeto a la diversidad es uno de los valores básicos de este siglo; éste es el sentido último de la democracia pluralista. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas como derecho es fundamental para la construcción de la unidad nacional, basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los argentinos.

            La identidad de los pueblos es un conjunto  de elementos que los definen y, a su vez, los hacen reconocerse como tales.

            Cabe agregar, que actualmente se asiste a la pérdida de algunas de las tradiciones de los indígenas, como son la identidad y el idioma.

En nuestros días, en la Argentina, los indígenas subsistentes no son muchos. En cuanto a los  mapuches o araucanos, constituyen doscientos grupos, con aproximadamente 50.000 personas  en total, radicados principalmente en Río Negro y Neuquén.

            La mayoría de ellos ya no conserva identidad cultural, ni idioma. También hay personas de ese origen en Buenos Aires (Los Toldos), Chubut, La Pampa y Santa Cruz. Existen  otras comunidades de indígenas en el resto del país. En todos los casos,  existe una cantidad de personas que se aculturaron y participan de una cultura mixta, ya que comparten el idioma español, por haberlo aprendido en la educación formal o por haberse asentado por razones laborales fuera de las zonas tradicionalmente ocupadas.

            Considero, respecto de la educación bilingüe e intercultural establecida en la reforma constitucional de 1994, que será difícil recuperarla rápidamente, debido a la pérdida gradual de la lengua mapuche, en función de que sólo los padres hablaban su idioma, mientras que los jóvenes, al recibir educación formal o insertarse en relaciones laborales, lo fueron  perdiendo u olvidando.

            No se advierte cuáles son los medios para garantizar el respeto a la identidad de los pueblos indígenas. Las escuelas existentes o a crearse en esos lugares, deben proporcionarles una educación bilingüe, pero no se sabe si hay docentes preparados para ello, o si existen escuelas de formación para que los preparen. Aunque no es imposible, y a largo plazo puede cumplirse esta tradición.

Los derechos y garantías establecidos como directivas para el legislador, les pertenecen exclusivamente a las comunidades o pueblos, y sólo accesoriamente a los individuos en cuanto permanezcan unidos a éstas.

 

2)  Reconocer la Personería jurídica de las comunidades indígenas

 Bidart Campos expresa, que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, implica admitir su organización, de acuerdo con las características propias de tales sujetos de derecho, pero a la vez, con la peculiaridad asociativa que les imprime la índole indigenista. (45).

Según Bidegain, este problema  se ha resuelto legalmente. La personería jurídica de estas comunidades estaba prevista por la ley 23.302, a través de la inscripción en el Registro de comunidades Indígenas.

 

3) Reconocimiento a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que los indígenas  tradicionalmente ocupan.

            Posesión y propiedad “comunitarias”, significa que esas tierras podrán ser tanto de la persona jurídica que se reconozca en cada sociedad  aborigen determinada, distribuidas y coparticipadas en la forma y con el alcance que el congreso establezca o, todavía mejor, conforme a lo que el estatuto asociativo y organizativo de la persona jurídica colectiva prevea, sin impedimento alguno a mixturas en la propiedad individual. (46).

Según Bidegain,  el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan es un problema grave. No existe en el Código Civil este tipo de “propiedad comunitaria”, debiéndose definir por una ley especial. ¿Estarán censadas las tierras que estos pueblos ocupan tradicionalmente? ¿ Esto originará litigios? Si volvemos al pasado histórico, todo el territorio Iberoamericano, y luego el que sería argentino, fue de hecho propiedad tradicional de las comunidades indígenas.

Bidegain considera que el reconocimiento de posesión de tierras  tradicionalmente ocupadas, está ligado a la permanencia de la comunidad indígena asentada, pues es una garantía de su bien común particular. Esto evita la venta o el gravamen. El autor considera que la expresión “propiedad comunitaria” debe interpretarse teniendo en cuenta su regulación previa por el artículo 4º de la ley 23.302, en cuanto habilita a estas comunidades a regirse por las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

Es sumamente importante diferenciar tierras de territorio. El concepto “territorio” es fundamental para abordar la problemática de la frontera porque involucra a la tierra como recurso. En la época estudiada, el territorio es la tierra que pertenece al que gobierna un Estado y éste significado nació simultáneamente en el momento en que se originó la economía- mundo. Se lo aplicó a los Estados, interrelacionándose con el concepto legal de “soberanía”, que implica reconocer que los Estados existen y que son soberanos en su territorio. Laski considera esa soberanía como el poder coactivo supremo dentro de un país, ya que el Estado “da órdenes a todos y no las recibe de nadie” dentro de sus fronteras reconocidas. Una invasión de una potencia extranjera o una insurrección interna que se proponga crear un Estado nuevo son violaciones de la soberanía del Estado”. (47).

Bidart Campos advierte, que en cuanto el Congreso tiene que regular la entrega de otras tierras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano de estas comunidades, insertar la expresión “desarrollo humano” resulta importante, porque indica la finalidad promotora que debe revestir la tierra y su uso, como espacio de radicación y de crecimiento para la integración, la cultura diferencial y la convivencia de las comunidades aborígenes.

Ninguna de las tierras será  objeto de enajenación, de transmisión, o de gravámenes y embargos. Así se garantiza la permanencia de aquel espacio geográfico de asentamiento, de modo congruente con la finalidad de desarrollo a la que se hacía referencia.

Bidegain expresa, que aunque el acceso a nuevas tierras nos conduce al tema de la propiedad individual, que deberá ser regulada por el Congreso, para que resulte compatible el desarrollo personal de quienes desean insertarse en un proceso de promoción, sin perder sus vínculos e identidades, una solución será habilitar el acceso a parcelas en las proximidades de las tierras comunitarias. Esta clase de dominio debe regirse por el derecho civil común. (48). 

            Por el contrario, Bianchi está en desacuerdo, y opina que se trata de una figura ajena a nuestro derecho civil y que ello exigirá una regulación específica sobre el punto.

En cuanto a la entrega de otras tierras aptas, obviamente se trata de tierras fiscales o de particulares, que deben ser expropiadas. Todas estas tierras, tanto las tradicionales y las que se entreguen en propiedad, son inalienables, intrasmisibles, no susceptibles de embargos u otro tipo de gravámenes. Esta sí es una cláusula operativa. (49).

En resumen, la adjudicación de las tierras es un tema controvertido que se debate continuamente.

Ahora bien, no obstante  suponer las buenas intenciones de los convencionales en 1994, es probable que sea un proyecto utópico, ya que algunas de estas cláusulas no se pueden concretar. Y si se intenta concretarlas, se constituirá en una fuente de conflictos que deberán ser resueltos por el poder Judicial.

 

Nación:           

Los representantes de los proyectos, interpretan que es conveniente usar el concepto de “nación”, para referirse a las agrupaciones sociales y culturales que existían con anterioridad a la llegada de los conquistadores españoles.

            Nos referiremos en primer término al caso chileno, por la contundencia de las argumentaciones. Todavía no existe acuerdo entre los mapuches. En el pensamiento político y las prácticas  no existe consenso para construir un país donde puedan ubicarse todos los mapuches, para finalizar con la farsa de un Estado chileno uninacional, convertido en multinacional, que niega la diversidad de culturas y pueblos que habitan dentro de sus fronteras. En otras partes de nuestra América, por otro lado, existen pueblos que luchan por lograr su legítimo derecho a la autodeterminación., que defienden los principios de la dignidad y la memoria.

             ¿Por qué no existe consenso en la lucha?.  Algunos indígenas, para solucionar los problemas que afectan a las comunidades, optan por hallar protección en el paternalismo estatal, buscando dentro de la institucionalización los espacios de participación que les permiten solucionar sus propias demandas, provocando la ruptura de la potencialidad autónoma del movimiento. Otros indígenas, eligen participar en las esferas internacionales, con el riesgo de perder contacto con las demandas y necesidades locales de las comunidades,  al estar inmersos en un lugar propicio para la cooptación y el surgimiento de intereses caudillistas y personales. Otros que son una minoría, optan por el camino del paternalismo político, sumando la lucha de los indígenas a proyectos políticos trasplantados desde otros espacios geográficos, y para los cuales solo representan “un sector más” dentro de sus estrategias de acumulación de fuerzas. Sin embargo, existe un sector del movimiento mapuche integrado por las comunidades y dirigentes pertenecientes a la Cordinadora mapuche Arauco-Malleco, que optó por la vía de la autonomía, al percibir los graves problemas que tienen las comunidades asentadas en zonas urbanas, que no es solo causa de la falta de educación, de trabajo y de oportunidades como intenta convencer el gobierno. En realidad, el factor principal que los margina como personas y como colectividad, se debe a la dominación del Estado, que niega el legítimo derecho a habitar un territorio, a practicar y desarrollar la cultura indígena y a decidir la forma de gobierno que desea la comunidad. En concreto, la negación del derecho a la autodeterminación como pueblo indígena.

            Después de un siglo de explotación, avasallamiento, opresión e ignorancia, que ejercieron coercitivamente los grupos de poder sobre la cultura indígena, la comunidad reafirma lo que son en realidad: no son una minoría étnica, ni menos un sector más de los marginados, son una NACION  con características bien definidas y derechos que están garantizados en los instrumentos jurídicos internacionales, con reconocimiento a su derecho a la autodeterminación en el Estado chileno.

            A esta altura del análisis, no puedo menos que coincidir con Enrique Mases, en cuanto a que no todas las comunidades indígenas han seguido la misma suerte o recibido el mismo tratamiento, así ...”mientras en Chile, a pesar de que se degradaron sus condiciones de vida, igualmente éstos en el ámbito de la reducción siguieron manteniendo su cultura y sus tradiciones, en la Argentina, salvo honrosas excepciones, el método empleado terminó por disgregar y disolver no sólo a las comunidades sino a las propias familias indígenas, sumiendo a sus integrantes en la pobreza y la marginación.....significó la transformación del pueblo mapuche en una sociedad de campesinos pobres donde el minifundio, la sobreexplotación de las parcelas adjudicadas lo llevaron a una creciente pauperización”.(50). 

            En consecuencia, la autonomía o el derecho a la autodeterminación, debe ser la causa principal del movimiento mapuche en el próximo siglo, ya que ella implica el reconocimiento político, jurídico y práctico del derecho de la Nación mapuche a establecer libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural.

La autodeterminación, que aparece incluida como derecho en dos Pactos de Derechos Humanos de la ONU, establece el usufructo del derecho al territorio, al autogobierno, al ejercicio de sus propios sistemas jurídicos y al control de la seguridad interna. Para el Estado chileno, el derecho a la autodeterminación se transformó en un problema que trata de solucionar negando el derecho mismo como incompatible con el concepto de Estado, heredado de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina clasifica a los movimientos indígenas como enemigos de los gobierno de turno, por considerarlos una amenaza a la seguridad interior de los Estados, de ahí deviene el temor de un sector de políticos cuando escuchan hablar de la autodeterminación mapuche. Se piensa que el temor radica en el desconocimiento del real significado de la autodeterminación en sí mima. En la práctica, la autodeterminación no necesariamente desemboca en la secesión.

            Se observa la presencia  de dos concepciones jurídicas y la superposición de dos estructuras de derecho, con predominio del derecho del Estado Nacional de Chile –escrito, codificado, occidental y urbano- junto a otro derecho objetivo, de raíces ancestrales, que se diferencia por estar basado en otros valores y en una cosmovisión distinta. Este predominio implica  un factor más del fortalecimiento de los mecanismos de dominación del Estado, que aplica en contra de las naciones originarias que habitan dentro de sus fronteras.

            Por esa razón, resurge en Iberoamérica la reivindicación del derecho indígena.

 

CONCLUSION:

 

Weber entendió que las “nuevas políticas borbónicas” no reemplazaron totalmente a las anteriores, lo que implica que hubo permanencias y rupturas en relación al “pactismo español”. Las políticas debían ser impuestas a requerimiento de los funcionarios. La mayoría de los funcionarios eran militares y sustituyeron a los clérigos y autoridades civiles designadas por los Habsburgos, y su función consistió en ejercer altos cargos en el gobierno y defender las fronteras interiores y exteriores frente a supuestos ataques de los indígenas o países extranjeros. Algunos militares que desconfiaban de los indios “bravos” y  los combatían, se oponían a la idea de coexistir con ellos y preferían destruirlos.

Es interesante analizar el problema de las identidades étnicas, equivalente a la nación identitaria, propuesta por Pilar González Bernaldo. Ya que aunque la “nación” haya sido pensada en abstracto, le corresponde a la sociedad pensar en la unidad del cuerpo social y para ello se debe investigar las identidades antiguas (étnicas o regionales) que se asocian a la nación como comunidad de pertenencia, aunque según algunos sean consideradas identidades “a-nacionales”, que es un problema a discutir. Para poder conocer los rasgos que caracterizaron la nación identitaria, hay que volver al tiempo pasado, y revisar las continuidades y rupturas que puedan proporcionar inteligibilidad al presente histórico, para realizar proyecciones futuras convincentes.

La autora rescata que la identidad criolla mediante la idea de civilización, fijó sus rasgos étnicos a la nación identitaria. La civilización contiene una pertenencia a la cultura occidental, y aunque se identifique con valores universales, está asociada a una pertenencia étnica. Aunque, estos valores son compartidos sin condiciones étnicas aparentes. Pero cuando un conflicto enfrenta a dos grupos étnicos, se recurre a la civilización que sistemáticamente se identifica con la acción de los “criollos”, o según Alberdi, con la de aquellos que habiendo heredado el derecho de conquista, son portadores de civilización. Uno de los casos en Argentina es la guerra contra los araucanos de la Patagonia a fines de los años setenta. De este modo, la soberanía de la nación se asocia a la acción “civilizadora” de los herederos del derecho de conquista. (51).

Hemos intentando hasta aquí una aproximación al término “nación”, desde una perspectiva jurídica, analizando distintas posturas doctrinarias, desde una investigación histórica y funcional.

En definitiva, la problemática de considerar la existencia de una “nación india”, no puede minimizarse al extremo de sostener que se trata solamente de una cuestión semántica, sino que fundamentalmente debe analizarse a la luz del reconocimiento real y  el tratamiento político que los pueblos indígenas –por otra parte debidamente individualizados- reciben de los poderes gubernamentales. Y específicamente, a través del Derecho, que como elemento regulador de las conductas intersubjetivas, es el que en definitiva define -desde lo individual a lo grupal y a loo general- los límites de los derechos y obligaciones para todos los integrantes de la sociedad. Creo que el gran debate ya se ha originado decididamente en el campo jurídico, y se refiere al alcance y extensión con que las normas infra constitucionales concretarán, mediante disposiciones especialmente operativas, el principio  reivindicativo inserto en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.

El hecho de incluir algunos vocablos fue para corroborar la ambigüedad de los mismos al conceptualizarlos por las distintas disciplinas, donde la tarea del historiador se hace difícil si no realiza una análisis histórico, mediante fuentes, bibliografía erudita y no comete la equivocación de trasladar modelos abstractos sin contrastarlos con la realidad del sujeto u objeto de estudio, analizando las permanencias y rupturas del proceso histórico. Quiero aclarar que excede  este trabajo un análisis conceptual histórico  de la problemática mencionada que involucra a la sociedad indígena, excluída como parte integrante de la “nación argentina” en las primeras décadas.

            Cabe agregar que para la confección de este trabajo y los otros relacionados con la temática indígena, he carecido de fuentes primarias y solo he contado con bibliografía erudita.

 

CITAS.-

 

(1) Jose Bengoa, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas,1994

(2) Guerra, La Nación en América Hispánica. El problema de los orígenes, en M. Gauchet, y otros, “Nación y modernidad, Nueva Visión”, Bs.As.1995, p.97 a.101.

(3) Guerra, ibidem,págs.117-a 120.

(4) David Weber “Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos”, en Anuario IEHS, Nº 12.

(5) Diccionario Enciclópedico Hispano-Americano, Tomo XX- SI-SZT-.T.XX, Edit. España-América,1912.

(6) Weber,op.cit.1998, p.151.

(7) Weber,op.cit.,1998,p.149.

(8)  Weber, op.cit.1998, pp.149-153.

(9) Raúl J. Mandrini “Las fronteras y la sociedad indígena en el ámbito pampeano”, en Anuario del IEHS “Prof. Juan C.Grosso”,12,Tandil,Argentina, UNCPBA.

(10) Weber se refiere al requerimiento y posteriores Reales órdenes para los Nuevos descubrimientos de 1573, donde se estipulaba que los indígenas eran vasallos de la Corona española y se obligaba a su evangelización. (Op.cit.p.167).

(11) Weber, op.cit.p.160.

(12) Holdenis Casanova.. “La Araucanía Colonial: Discursos y estereotipos”, en Jorge Pinto, “Del discurso colonial al proindigenismo”. Ensayos de América Latinoamericana, Red-Universidad de la Frontera,1996,p.60.

(13) Daniel Weber,.op.cit.1998, pp.161-162.

(14) Weber,p.168.

(15) Rolf Foerster G. “Guerra y aculturación en la araucanía” en Jorge Pinto, Maximiliano Salinas y Rolf Foerster (eds). Misticismo y violencia en la Araucanía, Temuco, Edic.Universidad de la Frontera, 1991,p.200-201.

(16) Pablo Buchbinder : “La historiografía rioplatense y el problema de los orígenes de la nación”, en Cuadernos del Claeh Nº 69,1994.

(17) Weber,op.cit.,1998 p.158.

(18) Bechis, Martha, Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX, En: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore “Caudillismos Rioplatenses, Nuevas miradas a un viejo problema”, Bs.As. Eudeba, 1998, pp.296-29

(19) Bechis, Martha, Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX, En: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore “Caudillismos Rioplatenses, Nuevas miradas a un viejo problema”, Bs.As. Eudeba, 1998, pp.297.

(20) Hebe Clementi, “La frontera en América l. Una clave interpretativa de la historia americana”, Leviatán, Bs.As.1985.

(21) N.Goldman y Sonia Tedeschi “Los tejidos formales del Poder. Caudillos en el Interior y el Litoral Rioplatenses durante la primera mitad del siglo XIX”, en: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore, “Caudllismos Rioplatenses. Nuevas Miradas a un viejo problema”.Bs.As.Eudeba,1998.

(22) Martha Bechis, “Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX”, Eudeba,1998 p,296.

(23) Raúl J. Mandrini “Las fronteras y la sociedad indígena en el ámbito pampeano”, en Anuario del IEHS “Prof. Juan C.Grosso”,12,Tandil,Argentina, UNCPBA.

(24) Diario de la expedición de 1822 a cargo de Pedro García,p.296.

(25) Sonia Fernández, “El problema de la frontera y su relación con el indio. Políticas públicas Argentinas”, presentado y aprobado en las VII Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia,  Neuquén,  22 al 24 de setiembre de 1999.

(26) Chiaramonte, “Ciudades, provincias, Estados:orígenes de la nación argentina (1800-1846)”, 1997.p-248.

(27) Juan Bautista Alberdi. El redactor de la ley.Bs.As. En: Selección de textos de Oscar Terán, Universidad Nacional de Quilmes, 1996-pp-122 y 57-58.

(28) Sonia Fernández, op.cit..1999.

(29) Martha Bechis, “Fuerzas Indígenas en la política criolla del siglo XIX,” p. 302-303.

(30) Sonia Fernández “El problema de la frontera y su relación con el indio. Políticas públicas argentinas” .VII Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia,1999.

(31) Gladys A. Varela y Carla Manara “Violencia Fronteriza en los inicios de la etapa republicana”. En Los Hijos de la Tierra, Neuquén 1998.

(32) Bechis, Martha “La etnia mapuche en el siglo XIX, su ideologización en las Pampas y sus intentos Nacionistas, Revista de Estudios Trasandinos Nº 3, Santiago de Chile, 1998, pp.139-162.

(33) Martha Bechis “La etnia mapuche en el siglo XIX, su ideologización en las Pampas y sus intentos nacionistas”. En revista de Estudios trasandinos Nº 3,Prov.de Mendoza,Año II, Santiago de Chile, Dic.1998.Asociación Argentino-Chilena de Estudios históricos e Integración cultural.

(34) Carlos E..Colautti. “Derechos Humanos Constitucionales”. Rubinzal-Culzoni,1999,pp.197-199.

(35) Zorraquín Becú, Ricardo, Historia del derecho Argentino,T.I,Perrot,1996 .

(36) Carlos E..Colautti, op.cit. 1999.

(37) Bidart Campos, German “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”,T. II. El derecho Constitucional del poder, Bs.As.1986,p.121.

(38) Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”. T.II. El Derecho Constitucional del poder Ed.Bs.As,1986,p.137.

(39) Jose Bengoa, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas,1994.

(40) Bidart Campos, Germán.. “ Manual de la Constitución Reformada”.T.III.Ediar,1999, pp.118.

(41) Carlos E.Colautti,op.cit.1999,p.200.

(42) Bidart Campos, Germán, “Manual de la Constitución reformada”.Tomo III, Ediard,1999,p.118-119.

(43) Colautti,op.cit.1999,p.201.

(44) Carlos M. Bidegain, “Curso de Derecho Constitucional”, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As. 1995.

(45) Bidart Campos, op.cit.1999, p.119.

(46) German Bidart Campos,op.cit. p.119.

(47) Taylor, Peter. “Geografía Política.Economía.Mundo, Estado-Nación y Localidad”, Ed.Trana. Primera edic.en español,1994.p-152.

(48) C. Bidegain. “Curso de derecho constitucional”, T.II, Abeledo Perrot,1995.

(49) Miguel A. Ekmekdjian. “Análisis pedagógico de la Constitución Nacional”, Depalma,Bs.As.1995.

(50) Mases, Enrique. “La cuestión social en Chile y Argentina. La incorporación de los indios sometidos. 1878-1885”.Revista de Estudios Trasandinos, Año 2, Nº 2, Sgo. de Chile, junio de 1998. Pág. 187.

(51) Pilar Gonzalez Bernaldo, “La identidad nacional en el Río de la Plata post-colonial. Continuidades y rupturas con el Antiguo Régimen”. En Anuario IEHS, Nº12,Tandil,UNCPBA,1997,pp.109-122.-

 

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