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FORUM II: PROPUESTAS DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL y JURISPRUDENCIA:

 DERECHO INDIGENA Y DERECHOS HUMANOS/

Forum II: Indigenous law and human rights

 
Colombian Indigenous Jurisdiction and Human Rights
 
Reseña hecha por el autor: El presente trabajo analiza la jurisprudencia de la Corte constitucional colombiana
 en relación con los límites a la jurisdicción indígena. Límites que, tanto en la Constitución colombiana 
como en el propio Convenio 169 de la OIT, vienen enmarcados por el respeto de los derechos humanos. 
Los problemas se plantean, fundamentalmente, en el ámbito penal, puesto que determinadas sanciones
 (fuete, cepo, extrañamiento) y procedimientos indígenas podrían violar los derechos humanos. 
Surge, de este modo, el eterno debate sobre la universalidad de los derechos humanos, 
tachados tantas veces de occidentales. Es, en suma, o pretende ser este artículo una reflexión sobre esta polémica. 
Debate: Cabe tener en cuenta en este debate el artículo de Esther Sánchez, perita de la Corte Constitucional colombiana, 
quien sustenta -desde la antropología-  el concepto de interpretación intercultural de los derechos humanos.
Nota: el presente documento ha sido enviado por su autor para el debate en ALERTANET. La Responsabilidad por los contenidos y 
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LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

DE COLOMBIA Y LOS DERECHOS HUMANOS*

         Vicente José Cabedo Mallol  vijocama@navegalia.com                          

 

CONTENIDO

 

I. Introducción: La Constitución Colombiana de 1991 y el Multiculturalismo

II. El reconocimiento de la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas en

 la Constitución Colombiana  de 1991

III. Los Derechos Humanos desde la perspectiva indígena

IV. La Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial Indígena.                           

IV.I. El indígena ante el régimen penal: competencia para su juzgamiento

IV.II. La  regla de la maximización de la  autonomía de  las  comunidades indígenas y la minimización de las restricciones.

IV.III. Las sanciones  indígenas y  la  prohibición  de  las  torturas,  tratos Inhumanos o degradantes.

A. El Cepo

A.1. Caracteres generales.

A.2. La Corte Constitucional y el cepo.

B.      El Fuete.

B.1. Caracteres generales

B.2. La Corte Constitucional y el fuete

C.      La sanción del Extrañamiento y la prohibición del destierro.

C.1. Caracteres generales

C.2. La Corte Constitucional y el extrañamiento.

D.      El Debido Proceso.

D.1. Caracteres generales.

D.2. La Corte Constitucional y el principio de legalidad del procedimiento.

D.3. La Corte Constitucional y el derecho de defensa y a la asistencia de un abogado.

D.4. La Corte Constitucional y la legalidad del delito y  de la pena.

V. A modo de conclusión

* Esta obra obtuvo en febrero de 1999 el primer premio a los mejores trabajos de investigación jurídica de 1998, que anualmente concede la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

VI. Bibliografía.                                                                                                                                

 

I. INTRODUCCIÓN: LACONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1991 Y EL MULTICULTURALISMO.

 

               El pasado mes de julio estuve participando en el curso de especialización en Derechos Humanos que organiza anualmente el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), curso dedicado este año a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con motivo de su 50 aniversario. En el mismo se abordó, como no podía ser de otro modo, el eterno debate sobre la universalidad de los derechos humanos. Profesores como el argentino Fabian Omar Salvioli no dudaron en afirmar  la universalidad  de la Declaración de Derechos, considerando  que no se puede pretender un determinado relativismo cultural ante determinadas prácticas que son sin duda aberrantes y que atentan contra la dignidad de la persona, citándose como ejemplo extremo la ablación. Por otro lado dicho relativismo, defendido por los países asiáticos en aras de una armonía social y un crecimiento económico que resultarían incompatibles, según ellos, con los derechos civiles y políticos, con los derechos individuales tachados de occidentales, ha perdido peso a raíz de la actual crisis asiática. Esta pretendida exclusión de las libertades y los derechos individuales no era sino la excusa para perpetuarse en el poder ciertos gobernantes; en modo alguno afectan al crecimiento económico, más bien al contrario. Hoy en día parece claro que los derechos humanos conforman un sistema jurídico necesario sobre el que deben cimentarse los derechos civiles y políticos y también los económicos, sociales y culturales.

 

               Sin embargo con motivo de mi estancia en la Universidad Externado de Colombia y la investigación llevada a cabo en relación a la jurisdicción especial indígena y sus normas, procedimientos y, sobre todo, sanciones penales, he vuelto a reflexionar sobre la susodicha universalidad, su compatibilidad con el multiculturalismo, si  en definitiva los derechos humanos son un producto occidental y frente a ellos existe otra cosmovisión por parte, en este caso, de los pueblos indígenas.

 

               No cabe duda del gran paso dado por Colombia con su Constitución de 1991 al definir de manera expresa al Estado colombiano como pluralista (art. 2) y, acorde con ello,  reconocer la diversidad étnica y cultural del país (art. 7) (1) y, concretamente y a los efectos del presente trabajo, la jurisdicción especial indígena (art. 246). Y es que como indicaba ya en el año 1990 el Director del Instituto Indigenista Interamericano, José Matos Mar, “al contrario de lo que se podía suponer y se proponía hace medio siglo, los indios no se han extinguido ni se han transformado para convertirse en parte de una masa indiferenciada de trabajadores en el esquema operativo de las economías modernas. El desarrollo desigual y dependiente del sistema ha creado condiciones para la perpetuación de modos de vida que se refugian y fortalecen en las prácticas de una cultura propia contemporánea, pero diferente a la cultura dominante. Procesos de revitalización étnica y reasunción de identidades, asociados al mercado interno y a los efectos de la crisis, explican esta situación” (2).

.

               Como bien señala Carlos César Perafán (3), una de las diferencias entre la anterior  Constitución colombiana de 1886 y la actual “estriba en que la primera basaba su estructura en el principio de la igualdad de todos los connacionales ante la Ley, igualdad entendida como de pleno derecho y de inmediata aplicación” (una igualdad procedimental); en cambio la Constitución actual “no parte de una preexistencia de ésta (igualdad) en la realidad, sino del reconocimiento a la diferencia [...]. Una diferencia basada [...] en la concepción más realista de que la nación es la sumatoria de sujetos que se adscriben a grupos étnicos diferenciados que practican culturas diferentes”.

 

               Este reconocimiento de la diversidad étnica y cultural nos adentra en la órbita del multiculturalismo. Por ello, pese a la brevedad de estos escritos y a que el objeto principal de los mismos es analizar las sentencias de la Corte Constitucional colombiana en relación a la jurisdicción especial indígena y sus limites, representados por el respeto de los derechos humanos, no podemos dejar de hacer una sumaria referencia a las construcciones teóricas mas importantes que sobre la materia se han dado y se dan.

 

Destaca, en primer lugar, el comunitarismo del filósofo canadiense Charles Taylor (4) con su crítica a la tradición liberal como homogeneizadora desde las mayorías; es decir, un liberalismo que olvida las diferencias para conformar a todos según la identidad de las mayorías (la igualdad procedimental a la que hemos hecho referencia). Frente a ello apuesta por la lucha por los derechos políticos y el fortalecimiento de identidades colectivas, el reconocimiento de la identidad de las personas, sus diferencias, su identidad en relación a su pertenencia cultural. Un liberalismo que se preocupa por las diferencias culturales.

 

En segundo lugar, debe  citarse también a John Rawls (5) y a Jürgen Habermas (6) y sus tesis para conciliar las dos versiones de liberalismo. Ambos autores, cada uno a su manera, intentan mostrarnos cómo se implican mutuamente la autonomía personal, propia del liberalismo tradicional, y la autonomía política del liberalismo de Taylor.

 

 Rawls  a través de lo que denomina un “pluralismo razonable” (un reconocimiento de la diversidad como razonable, basado en motivos que hagan considerar un bien ese pluralismo, que es bueno que existan diversas cosmovisiones), a partir de un “consenso entrecruzado” sobre mínimos en el espacio público. Esto sólo es posible, según este autor, distinguiendo moral y política.

 

 Por su parte,  Habermas desarrolla la teoría comunicativa de la ética, el derecho y la política, entablándose un diálogo multicultural  y a partir de la interrelación entre las diversas identidades lograr mínimos de integración, y todo ello gracias a una intima relación entre autonomía privada y publica.

 

 Por último, resaltar la aportación de Will Kymlicka (7), en cuanto cree posible poder compaginar los derechos de las minorías con los principios básicos de libertad individual y justicia social. Su punto de partida es que a miembros de grupos diferentes se les otorguen derechos diferentes

 

 

               II. EL RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1991.

 

               La Constitución colombiana en su artículo 246 establece que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales (8) dentro de su ámbito territorial  de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a Constitución y las leyes de la República” (el subrayado es nuestro), y añade que “La ley establecerá las formas de cooperación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

 

               Este reconocimiento de la potestad para ejercer funciones jurisdiccionales por parte de los pueblos indígenas en sus territorios, “de conformidad con sus normas y procedimientos”, supone la aceptación de una realidad histórica como es la coexistencia en Colombia de verdaderos sistemas jurídicos diversos al Régimen general de la República. Así pues, la Constitución incorpora un pluralismo jurídico acorde con la concepción de una Nación diversa y plural étnica y culturalmente. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, como escribe Carlos César Perafán (9), la “norma fundamental que reconoce la existencia de sistemas jurídicos a los cuales se les reconoce a su vez jurisdicción legal, paralelos al llamado Sistema Judicial Nacional, [...] la circunscribe explícitamente al caso de las comunidades indígenas, dejando por fuera los sistemas de otros pueblos étnicos y aquellos que se consideran ilegales” (10).

 

               De este modo, en Colombia podemos distinguir dos órdenes normativos:

 

               A) El sistema jurídico nacional, dentro del cual nos encontramos por un lado con la Constitución Política y la legislación nacional general, aplicable a los indígenas en cuanto ciudadanos colombianos, y por otro, la Legislación Indígena Nacional, asumida por los pueblos indígenas andinos y por aquellas comunidades indígenas que han perdido parcialmente sus costumbres, sus sistemas de control y de autoridades, y que están, por tanto, en un proceso de recuperación de sus sistemas normativos propios.

 

               B) Sistemas jurídicos indígenas, creados alrededor de sus cosmovisiones, que cuentan con sistemas propios de autoridad y representación, decisión, control y regulación social.  Sistemas jurídicos a los que, como hemos visto, la Constitución les reconoce jurisdicción legal.

 

               Por otra parte, este articulo 246 de la Constitución se corresponde con lo preceptuado en los articulo 8.2 y 9.1 del Convenio 169 de la OIT “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” (11), que por su importancia transcribimos literalmente a continuación:

 

               Art. 8.2: “Dichos pueblos (indígenas) deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.

 

               Art. 9.1: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.

 

               Hemos resaltado en negrita los limites a la jurisdicción especial indígena que el Convenio de la OIT establece y que coinciden con el artículo 246 C.P. cuando indica que el ejercicio de dicha potestad no debe ser contraria a la Constitución y las leyes de la República. De acuerdo con estos preceptos y con la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional colombiana, estos límites vienen enmarcados por el respeto de los derechos humanos y ahí es donde van a surgir los problemas.

 

Como más adelante tendremos oportunidad de comprobar, determinadas sanciones penales de los pueblos indígenas impuestas a miembros de sus comunidades podrían vulnerar la prohibición, recogida tanto en tratados internacionales como en la Constitución Política, de torturas, tratos inhumanos o degradantes, habiéndose tenido que pronunciar la Corte Constitucional al respecto a través de la resolución de diversas acciones de tutela (12). En menor medida, también estudiaremos si los procedimientos de los pueblos indígenas cumplen los requisitos de un proceso debido.

 

               De lo anterior se desprende, como señala el profesor Juan Andrés Sampedro Arrubla (13), que “el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas debe reflejarse en la posibilidad real de elegir su sistema jurídico y su desarrollo con capacidad de decisión y control, permitiéndoles la conservación de sus sistemas jurídicos y el desarrollo de sus leyes consuetudinarias, mientras no sean incompatibles con sus derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales”. 

 

               III. LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA INDÍGENA.

 

               Se hace imprescindible analizar la visión que sobre los derechos humanos tienen los pueblos indígenas puesto que, como se ha indicado, suponen un limite a su jurisdicción especial.

 

               No cabe duda que los derechos humanos en su origen constituyen una reacción contra los abusos del Estado (europeo) absolutista, es decir, que aparecen como derechos y libertades frente al Estado. En este sentido, René Kuppe entiende que los derechos humanos son “primero, una emanación o, mejor dicho una respuesta hacia el Estado totalizador moderno; segundo, una protección que se preocupa, sobre todo, por el ser humano como individuo”(14). Se trataría, por tanto, de comprobar si desde esta perspectiva  los derechos humanos pueden encajar en las comunidades indígenas, por lo que se hace imprescindible estudiar sus instituciones y su sistema de orden social.

 

               En estas sociedades tradicionales, de acuerdo con Kuppe (15), no encontramos un poder institucionalizado en el sentido político o jurídico del que emanen normas imperativas que puedan vulnerar los derechos y libertades del individuo. Naturalmente, cuentan un sistema de autoridad política como pueden ser, en el caso del pueblo Paez, los Cabildos, estando al frente de ellos los Gobernadores, pero cuya función principal es mantener la armonía y el equilibrio de su comunidad. En todo caso, tanto en la elección de esta autoridad como en el restablecimiento de la armonía que se ha visto afectada por la conducta de algún miembro de su comunidad va a participar la Nasa  Wala (asamblea de indios), devolviendo el equilibrio material y espiritual que se había roto.

 

En estas sociedades el individuo solo cobra sentido en cuanto miembro integrante de su comunidad y, por ello, se comprende que un conflicto no se presente como asunto entre dos individuos, sino que atañe a toda la comunidad en cuanto se ha visto afectada su armonía, se ha roto el equilibrio material y espiritual. El restablecer este equilibrio y, con ello, devolver la armonía es un asunto de todo el pueblo.

 

               Fácilmente se constata del análisis anterior la dificultad de aplicar el concepto de derechos humanos a estas sociedades indígenas, puesto que aunque “abusos y atropellos, incluyendo violencia física, existen en esas sociedades, (...) no son debidos a la omnipotencia de un Estado “leviatán”, y los remedios no son las defensas del individuo dirigidas contra éste”(Kuppe) (16). Es más, los indígenas argumentan que mientras sus instituciones  funcionen de acuerdo a sus tradiciones, con sus mecanismos de equilibrios sociales, se está defendiendo, protegiendo, la dignidad humana (17), y que las posibles violaciones a la misma se deben a fallos de dichas instituciones. En este sentido, Kuppe, llega a la conclusión de que “la necesidad del recurso al sistema de derechos humanos es, en gran parte, una consecuencia de la corrupción y del disfuncionamiento de las instituciones tradicionales” (18).

 

               El anterior análisis resulta muy criticable por cuanto muestra a los derechos humanos como resultado de una ética individualista de corte occidental, siendo éste el argumento más utilizado por aquellos que pretenden negar la universalidad de los derechos humanos, tal y como se pudo comprobar en el Primer Seminario Nacional sobre Jurisdicción Especial Indígenas y Autonomía Territorial celebrado en Popayán (Colombia) durante el mes de marzo de 1997.

 

Quisiéramos a continuación destacar algunos de estos pronunciamientos que se vertieron en dicho Seminario:

 

               Para el Presidente  de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Abadio Green Storel, siempre que se habla de los derechos humanos como límites “se intenta sujetar los regímenes jurídicos indígenas a un pensamiento occidental, tratando de aplicar criterios  como la universalidad de los derechos humanos del individuo, mientras nosotros hablamos de la Ley de la Madre Tierra y los derechos colectivos” (19); pero es que incluso va más allá al entender que “no sólo se intenta aplicar principios propios de un pensamiento centrado en el derecho individual, sino que se presume que los principios del derecho son los mismos en todos los pueblos y todas las culturas” (20).

  

               En esta misma línea de pensamiento, el senador del pueblo Paez, Jesús Enrique Pinacué, entiende que “la teoría de los derechos humanos del Estado se basa en la existencia de un sujeto universal, pero frente al concepto de cultura este concepto tiene que ser abordado desde la perspectiva de la diversidad cultural, perdiendo vigencia la afirmación universal, dado que es la cultura la que determina la existencia del sujeto y no los postulados estatales” (21).

 

               Esta dialéctica utiliza la diversidad cultural para contraponerla a los derechos humanos siempre que su sistema jurídico no resulte compatible en algún extremo con aquéllos. Resulta especialmente elocuente el senador Piñacué cuando al hablar de los limites a la jurisdicción especial indígena se refiere a los derechos humanos con un doble lenguaje: por un lado, destaca que el pueblo Paez  y sus mitos son un ejemplo del respeto del derecho a la vida y en este sentido parece aceptar los derechos humanos; por otro, afirma que “no todos los derechos humanos desarrollados por occidente se encuentran por encima de nuestro derecho a la autonomía” (22), en este sentido no habría, en principio, nada que objetar siempre que previamente se efectuase una ponderación de derechos, tanto colectivos como individuales,  pero nunca podremos, como él  pretende, justificar las sanciones o castigos corporales. El derecho a la autonomía, a la diferencia, tiene límites infranqueables.

 

               En  todos estos planteamientos se aprecia un intencionado victimismo de la cultura indígena frente a la cultura dominante occidental, manipulando el tema de los derechos humanos y su universalidad de acuerdo a sus propios intereses, y ello por las siguientes razones:

 

               a) Siempre se hace referencia a la concepción individualista de los derechos humanos, que efectivamente se corresponde con un pensamiento liberal occidental, pero en pocas ocasiones se alude a la concepción marxista por cuanto se introducen los derechos colectivos, eso sí, corporativos. Tanto unos como otros son derechos humanos, pero, claro está,  resulta más factible aferrarse a la concepción liberal para contraponerla a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

 

               b) Se afirma que, efectivamente, los pueblos indígenas son “cosmológicos” pues para ellos el hombre no es el centro sino que se integra con la Naturaleza, no es superior su naturaleza a otra, y de ahí se desprende la importancia de la comunidad y no del indígena considerado aisladamente. Pero ¿ello significa que el indígena individualmente considerado no cuenta con unos derechos individuales que la comunidad no puede violar? Entendemos que principios y derechos como la colectividad, la armonía o la diversidad cultural, no son incompatibles con los derechos individuales tan esenciales como la vida o la prohibición de la tortura, tratos inhumanos o degradantes.

 

               c) Los derechos que ellos efectivamente defienden dentro de lo que llamamos derecho a la diferencia, su derecho de autonomía, el pluralismo étnico y cultural que reconoce la Constitución colombiana, ¿no son derechos humanos? Los derechos de las minorías son derechos humanos.

 

La concepción de los derechos humanos desde su formulación a finales del siglo XIX hasta la actualidad ha ido variando, ampliándose el catálogo de los mismos, por lo que hablamos de las distintas generaciones de derechos (23). Tanto los derechos individuales como derechos colectivos corporativos como también los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos (24) y no podemos aceptar unos y rechazar otros.

 

               Sin ánimo de adelantarnos al tema de las sanciones más problemáticas de los sistemas de derecho indígenas, es conveniente señalar que el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural nunca puede llevarnos a aceptar violaciones de los derechos humanos, otra cosa es que puedan modularse en su aplicación como veremos en relación al debido proceso. Los derechos humanos no son occidentales ni orientales ni simples libertades, en su esencia se halla el ser humano, y si el problema estriba en razones terminologías, no encontramos inconveniente alguno para que se hable de dignidad de la persona humana, pero que se respete. Pese a quien pese pueden existir prácticas culturales que atenten a la dignidad de la persona.

 

               Este problema ha sido abordado también por la comunidad científica de Guatemala desde la perspectiva de estudio de los pueblos indígenas mayenses (25). Como era lógico suponer  se encontró que los grupos étnicos de Guatemala cuentan, como los pueblos indígenas de Colombia, con una concepción filosófica diferente a la occidental y les resulta extraño el mismo concepto de derechos humanos. Así no existe ni tan siquiera el vocablo derecho. Sin embargo, se encontró el concepto de respeto, entendido como una filosofía de vida y perfectamente asimilable a los derechos humanos occidentales . Con ello queremos recalcar que, llámense derechos humanos, dignidad humana, respeto o cualquier otra denominación, todas las culturas conocen y entienden el significado los derechos humanos occidentales;  y éstos, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT en su articulo 8, inciso 2, suponen un limite a sus instituciones y costumbres, en definitiva, a la jurisdicción especial indígena, puesto que, aun asumiendo que es “efecto de las mismas instituciones indígenas el no crear situaciones violadoras de la dignidad humana” (René Kuppe) (26), existen determinadas sanciones indígenas que no respetan a la persona humana (vid. infra).

 

 

               IV. LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA.

 

               IV.I. EL INDÍGENA ANTE EL RÉGIMEN PENAL: COMPETENCIA PARA SU JUZGAMIENTO.

 

               Con el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena nos encontramos ante posibles conflictos de competencia, fundamentalmente en el ámbito penal, entre la jurisdicción nacional y la especial indígena, conflicto que mientras no se apruebe la ley de coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema nacional, tal y como prescribe el artículo 246 C.P., debe resolverse mediante la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional.

 

               El problema realmente surge porque la jurisdicción penal indígena, al contrario de lo que podría suponerse, no se extiende únicamente a hechos delictivos ocurridos dentro de su ámbito territorial ni opera en todos los casos en que esté involucrado un indígena. Como la Corte Constitucional ha recalcado en sus sentencias, habrá que estarse al caso concreto, teniendo en cuenta estos dos fueros: el territorial y el personal.

 

               Es evidente que si en una conducta típica coinciden los elementos personal y territorial, es decir que un indígena cometa un hecho delictivo dentro de su comunidad, la jurisdicción va a corresponder a las autoridades indígenas. Pero la solución no es tan simple cuando la infracción en que incurre un indígena se produce fuera del ámbito territorial y la parte ofendida no es miembro de su comunidad. En este último caso la Corte Constitucional, ofrece las siguientes vías de solución, que por su importancia reproducimos a continuación:

 

               “a. Cuando la conducta del indígena sólo es sancionada por el ordenamiento nacional, en principio, los jueces de la República son los competentes para conocer el caso; pero como se encuentran ante un individuo de otra comunidad cultural, tienen el deber de determinar si el sujeto agresor entendía, al momento de cometer el ilícito, que su conducta era realmente negativa, para efectos de reconocerle, o no, el derecho al fuero. En este orden de ideas, las autoridades nacionales pueden encontrarse ante un indígena que de manera incidental entró en relación con una persona de otra comunidad, y que por su particular cosmovisión, no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario, enfrentar un sujeto que  por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el carácter perjudicial del hecho. En el primer caso, el interprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia étnica; en le segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el sistema jurídico nacional.

 

               b. En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus miembros y procedimientos” (27).

 

               Esta doctrina de la Corte, confirmada recientemente en la Sentencia T-344 de 9 julio de 1998, atiende a las circunstancias del caso concreto, teniendo en cuenta fundamentalmente el grado de aislamiento o integración del indígena, de la cultura de la comunidad a la que pertenece, en relación a la cultura mayoritaria. Atrás quedan los años en que el indígena era considerado un inimputable, como si tuviera disminuidas sus capacidades intelectivas o volutivas, por lo que si un juez determina que un indígena debe ser devuelto a su comunidad sin ser juzgado al no conocer la ilicitud de su conducta ello es producto, como señala la Corte, “de una DIFERENCIA valorativa y no de una INFERIORIDAD intelecto-volitiva”.

 

               IV.II. LA REGLA DE LA MAXIMIZACION DE LA AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LA MINIMIZACIÓN DE LAS RESTRICCIONES.

 

               Esta regla de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía (28) es una regla de interpretación que, a los efectos que ahora nos interesa, la Corte Constitucional utiliza en sus sentencias para resolver las acciones de tutela planteadas por ciudadanos colombianos indígenas que consideran violados sus derechos fundamentales por parte de la jurisdicción especial indígena.

 

               “Esta regla -en palabras de la propia Corte Constitucional (29)- supone que al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica de la nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

 

               a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés  de superior jerarquía (v. g. la seguridad interna).

 

               b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”.

 

               Esta minimización de las restricciones nos remite al problema de los limites de la jurisdicción especial indígena y, concretamente, al respeto de los derechos fundamentales.

 

               Se trata de establecer unos limites mínimos en aras del reconocimiento de los pueblos indígenas, limites que la Corte denomina “los mínimos aceptables”. Estos limites “sólo pueden estar referidos a lo que verdaderamente resulte intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre”(30). La Corte ha optado claramente por un rerlativismo cultural moderado.

 

               El magistrado Carlos Gaviria Díaz (ponente de las sentencias que analizaremos), al referirse a aquellos derechos humanos que pueden suponer un limite a la jurisdicción especial indígena, señala que se trata de “derechos acerca de los cuales existe un mayor consenso intercultural extraídos, de una parte, de una observación empírica de lo que en la misma comunidad se respeta invariablemente; pero de otra, de los textos (internacionales de derechos humanos)” (31).

 

               Estos derechos en los que existe “un mayor consenso intercultural” son, según la Corte, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura (32), a los que añade por exigencia de la Constitución, la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas. Nótese que no se hace referencia al debido proceso, por lo que el derecho de defensa y a la asistencia de un abogado queda de esta forma, en principio, fuera del conjunto de estos derechos intangibles.

 

               De lo que se trata a continuación es de analizar, a través de las Sentencias de la Corte Constitucional, por un lado aquellas sanciones penales de los pueblos indígenas que resultan más polémicas, como son el fuete y el cepo, en cuanto pueden constituir una violación de los derechos humanos, en concreto de la prohibición de torturas, tratos inhumanos o degradante, y una breve referencia a la del destierro; por otro si la jurisdicción especial indígena cumple los requisitos de un proceso debido.

 

 

               IV.III. LAS SANCIONES INDÍGENAS Y LA PROHIBICIÓN DE LAS TORTURAS, TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES.

 

               A través de los diversos estudios que sobre los sistemas jurídicos indígenas ha realizado Carlos César Perafán (33) se constata la existencia de penas corporales que consisten en castigos físicos como los fuetazos o el cepo. El cepo es una pena bastante frecuente en los sistemas jurídicos Paez y Chamí, mientras la flagelación que supone el fuete es de uso común también en el sistema Paez. Conviene, eso sí, precisar que no todas las comunidades indígenas pertenecientes a estos sistemas cuentan con estas sanciones, así por ejemplo la comunidad paez del Toribío actualmente no utiliza el cepo, y que en otros sistemas jurídicos como el guambiano, que en su día contaban con estas penas corporales, están hoy por hoy en desuso.

 

               A. EL CEPO.

 

               A.1. Caracteres generales.- Para poder determinar si el cepo representa o no una tortura o, en su defecto, un trato inhumano o degradante, debemos ofrecer una definición del mismo y para ello, nos servimos del especialista Carlos César Perafán que lo describe del siguiente modo:

 

               “Consiste en dos maderos aserrados de 4” por 10” y 3,20 mts. de largo, con hasta 20 huecos cilíndricos de dimensiones pequeñas y grandes para acomodar los tobillos de personas de diferentes tamaños, de tal manera que en cada madero va la mitad de un cilindro, con el propósito de que, enfrentados los maderos, conformen los cilindros completos. Sobre el madero inferior se colocan las piernas, a la altura de los tobillos, para que el madero superior, al colocarse encima, coincidiendo los huecos, atrape al penado -dejándose flojo, con un poco de luz-, el cual no se puede soltar porque por dichos cilindros no le caben los pies. Los maderos están unidos por un extremo con una bisagra y se aseguran por el otro con un candado” (34).

 

               Una vez descrito el cepo hemos de averiguar cómo se aplica dicho castigo y los efectos que produce en el indígena que ha sido sometido al mismo, para lo cual nos volvemos a servir de Perafán.

 

               “El cepo, utilizado continuamente, no es aguantable sinó 24 horas. Por esta razón muchas penas menores se castigan con 12 ó 24 horas de cepo, exclusivamente. En penas más graves se pueden prescribir hasta 8 días de cepo, pero con descansos de una hora dos veces al día y con salidas adicionales para defecar y orinar. Se considera que “a según los huecos”, una persona, sometida continuamente al cepo, se enferma -hinchándosele las piernas- a los 8 o 15 días.

               En el cepo la persona está acostada de cúbito. Se puede sentar, teniéndose con las manos del cepo, fumar, charlar,  pero no puede girarse, lo que al cabo de poco tiempo  “aburre” ” (35).

 

               Conviene aclarar que el cepo puede tener una duración superior a 8 días, como en el caso del castigo del homicidio dentro del sistema jurídico Chamí, que puede llegar a ser sancinado hasta con 5 años de cepo. En estos casos dicho castigo se combina con el trabajo forzoso, de tal forma que el condenado permanece de noche en el cepo y trabaja durante el día.

 

               Sin ánimo de hacer una enumeración exhaustiva, queremos simplemente indicar que esta pena se aplica a una variada gama de delitos. Así, siguiendo con la jurisdicción Chamí, a los de falso testimonio, homicidio, lesiones corporales, hurtos, infidelidad, envenenamiento de aguas, contaminación, etc. . No se trata, por tanto, de una sanción esporádica o excepcional.

 

               A.2. La Corte Constitucional y el cepo.- La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en la Sentencia T-349/ 96 sobre el cepo, llegando a la conclusión que dicha pena corporal no constituye tortura ni tan siquiera trato inhumano o degradante.

 

               La Sentencia en cuestión, fruto de una acción de tutela interpuesta por un indígena de una comunidad embera- chamí acusado de homicidio, delito que, como se ha visto, es castigado con el cepo,  estima que dicha pena corporal es admisible con los siguientes fundamentos (36), unos que parecen ser los principales y otros más secundarios:

 

               Los argumentos principales son:

               “ se trata de una forma de pena corporal que hace parte de su tradición y que la misma comunidad considera valiosa (37) por su alto poder intimidatorio y su corta duración. Además, a pesar de los rigores físicos que implica, la pena se aplica de manera que no se produce ningún daño en la integridad del condenado. Estas características de la sanción desvirtúan el que sea calificada de cruel o inhumana,  ya que ni se trata de un castigo desproporcionado e inútil, ni se producen con él daños físicos o mentales de alguna gravedad”.

 

               Estos “razonamientos”, por llamarlos de alguna manera, no solamente no justifican la procedencia del cepo sino que incluso pueden servir para avalar la postura contraria, resultando totalmente intolerables y contrarios a los principios del derecho penal moderno. Pasemos pues a analizar dicho parágrafo detenidamente.

 

                Por una parte hace referencia a “los rigores físicos que implica”, reconociendo que se producen daños físicos y mentales aunque no sean de “alguna gravedad”, con lo cual la Corte da motivos para pensar que estamos en presencia, cuanto menos, de actos inhumanos o degradantes.

 

               Se alude también a criterios de utilidad cuando expresa que la comunidad considera esta pena “ valiosa por su alto poder intimidatorio” y la misma Corte nos dice que no es “inútil”. Cabe preguntarse si se puede hablar de utilidad cuando está en juego la integridad personal. Como suele decirse el fin no puede justificar los medios.

 

               Para concluir con este breve análisis crítico, debemos señalar que el que el cepo forme parte de la tradición indígena, aún reconociendo su importancia, no es motivo suficiente para aceptar la susodicha pena corporal, pena que, por otro lado, no resulta de tan “corta duración” como el Alto Tribunal refleja (38).

 

               Los argumentos secundarios son:

               “Por otro lado, esta valoración que la comunidad hace del cepo como forma de castigo, vuelve ilegítimos los reclamos de sus miembros en contra de la práctica, más cuando, como en este caso, la queja resulta más de una posición acomodaticia que de un verdadero convencimiento de la perversidad de la práctica.

 

               En este punto, cabe resaltar que, de acuerdo con el expediente, el actor fue dirigente de la comunidad en 1991, razón por la cual es posible deducir que estuvo en sus manos la potestad de influir en la comunidad para variar la sanción y sin embargo no lo hizo. Sólo ahora, seguramente asesorado por los “blancos” y pensando que podría sacar algún provecho de ello, decidió acusar a su comunidad de proferir tratos inhumanos a sus miembros por el hecho de usar el cepo”.

 

               Obviamos comentar estas desafortunadas líneas puesto que son un claro ejemplo de lo que no debe hacer un jurista. El que la pena sea considerada un acto de tortura (o  trato inhumano) o no lo sea nunca puede venir condicionado por las circunstancias personales del autor.

 

 

               B. EL FUETE.

              

               B.1. Caracteres generales.- Del mismo modo que hemos hecho con el cepo, pasamos a continuación a describir el fuete, con el fin de determinar posteriormente si dicha pena constituye un acto de tortura o representa un trato inhumano o degradante.

 

               El fuete es una pena corporal típica de las comunidades paez y embero- chamí, y consiste en la flagelación de una persona con “perrero de arriar ganado”. “El “perrero” consta de un palo de rama de madera fina al cual se amarra una tira de entre 3-5 mm. de ancho, 1mm. de espesor y hasta 1,5 metros de largo, que no va trenzada” (39).

 

               La flagelación en cuestión consiste, continuando con Perafán en su estudio de la comunidad paez de Toribío, tratándose de delitos sin agravante, en “un latigazo  por cada uno de los aguaciles del cabildo, que son 25 (en el Toribío), al que se suma el que da la orden, que a veces “juetea” ”. Como ejemplo del numero de latigazos que pueden llegar a darse señalar que en caso de violación la cifra se eleva a cinco por aguacil (40).

 

               B.2. La Corte Constitucional y el fuete.- En la Sentencia T-523/97 se aborda, entre otras cuestiones como la sanción del destierro o lo que debe entenderse por debido proceso, si la flagelación “con perreo de arriar ganado” (el fuete) entraña un acto de tortura o representa, en su defecto, un trato inhumano o cuanto menos degradante. En este apartado únicamente nos referiremos a aquella pare del objeto de la tutela correspondiente a la pena del fuete.

 

               La Sentencia indicada es fruto de la acción de tutela interpuesta por un indígena de la comunidad paez de Jambaló contra el Gobernador de su cabildo y contra el Presidente de la Asociación de Cabildos de la Zona Norte del Departamento del Cauca, por entender que la sanción impuesta de 60 fuetazos (2 por cada cabildo) constituía un ataque a su integridad personal.

              

               La Corte comienza su defensa del fuete haciendo referencia a las concepciones diferentes de castigo para la sociedad mayoritaria y para la comunidad indígena. Posteriormente y tras reproducir la definición de tortura establecida en la Convención contra la Tortura (41), se centra en la Sentencia de 25 de abril de 1978 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Tyrer, para intentar de todas las formas posibles mostrar las diferencias entre el caso que allí se resolvió y el que se le plantea a la Corte, con el único fin de legitimar el fuete.

 

               El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), como bién indica la Corte, parte de la intensidad del sufrimiento de la víctima para calificar el acto llevado a cabo contra ella de tortura o de trato inhumano o degradante, por lo que debe estarse a las circunstancias concretas del caso. El problema de esta construcción sobre la intensidad del sufrimiento es que, salvo casos extremos, el calificar un acto de tortura, de trato inhumano, de trato degradante o de acto respetuoso con la integridad personal es bastante subjetivo y no siempre pacífico. A título de ejemplo citar la Sentencia de 18 de enero de 1978 del TEDH de Irlanda contra Reino Unido, en la que el Tribunal señaló que determinadas técnicas policiales contra miembros del IRA suponían un trato inhumano y degradante, por lo que se condenó al Reino Unido; sin embargo la Comisión y varios jueces de la misma Corte calificaron las mismas técnicas de tortura.

 

               La Corte reconoce que el fuete “produce aflicción”, aunque acto seguido deja claro que “su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento que servirá para purificar al individuo, el rayo”. “Es pues - continua diciendo-, una figura simbólica o, en otras palabras, un ritual que utiliza la comunidad para sancionar al individuo y devolver la armonía”. Una vez más el Alto Tribunal intenta desviar el asunto haciendo referencia a lo que representa el fuete, la hermosa finalidad de restablecer el equilibrio, cuando la cuestión a determinar es si a una persona que reciba 60 latigazos se le causa daño, aunque no sea esa la finalidad, y si ese daño puede calificarse como tortura o trato inhumano. 

 

               De las premisas anteriores, la Corte pasa directamente a estimar “que el sufrimiento que esa pena podría causar al actor, no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda considerarse tortura, pues el daño corporal que produce es mínimo” y que “Tampoco podría considerarse como pena degradante que “humille al individuo groseramente delante de otro o en su mismo fuero interno” ”.

 

El que no se trate de una sanción degradante lo justifica una vez más  señalando que “es una práctica que se utiliza normalmente entre los paeces y cuyo fin no es exponer al individuo al “escarnio” público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad”. Observemos como una y otra vez se cierra la Corte en el argumento de la tradición y de la finalidad, evitando en todo momento pronunciarse sobre el objeto de la tutela:  el hecho que una persona va a ser flagelada.

 

               No queremos ni tan siquiera comentar el “argumento” que como final de sus “fundamentos” nos ofrece y que considera muy significativo,  como es “el hecho de que ninguno de los condenados, ni siquiera el propio demandante, cuestionara (entendemos se refiere ante la jurisdicción indígena) la sanción”.

 

               Por último, resulta conveniente  comentar las diferencias que la Corte observa entre el caso que se le ha planteado y el caso Tyrer, en el que el TEDH consideró que se había infligido a Tyrer una pena degradante, con el propósito de reafirmar que con los fuetazos no se da ni siquiera un elemento de humillación. Estas diferencias para la Corte son:

 

               1. La edad de los condenados. En el caso Tyrer se trataba de un chico de 15 años, mientras que el indígena era hombre adulto.

 

               2. El lugar de los hechos. En un caso tuvieron lugar en el Reino Unido y en el otro en el seno de una comunidad indígena que conserva sus tradiciones.

 

               3. La función que cumple la pena. En el caso del indígena representa, en opinión de la Corte, “un medio que le ayuda a recobrar su espacio en la comunidad” y en el otro caso “los azotes eran vistos como un castigo que degrada al individuo”.

 

               4. El lugar en que se reciben los azotes. Según la Corte al chico británico “se le obligó a bajarse el pantalón y la ropa interior, y agacharse debajo de una mesa, para recibir los azotes”, mientras que en el caso del indígena se ejecuta “en la pantorrilla, estando el sujeto de pie y completamente vestido”.

 

               La manipulación de la Corte Constitucional es tremenda. Por una parte, no señala como diferencias que al indígena se le dan 60 latigazos y al chico únicamente 3,  mientras que, por otra, puede conducir a errores las diferencias señaladas en cuanto al lugar de los hechos, de la función de la pena y del lugar en que se reciben los azotes.

 

Hay que traer a colación que en el caso del británico el hecho tuvo lugar en una islita, la isla de Man, en la que al igual que sucede en las comunidades indígenas, era una tradición dicha forma de castigar a los chicos rebeldes (42). Debemos también precisar que el británico recibió los 3 golpes de vara sobre su espalda desnuda, pero no en el culo como pretende dar a entender la Corte, por un guardián de paz, delante de su padre y en presencia de un médico. Resulta evidente, pues, que en la isla de Man “los azotes no eran vistos como un castigo que degrada al individuo” como pretende intencionadamente hacernos  creer la Corte en su Sentencia.

 

               Los supuestos comentados aunque guarden semejanzas no son iguales. Es mucho más grave el caso del indígena y el fuete. Si en el caso Tyrer se consideró que hubo un elemento de humillación, en el del indígena también existe (se ejecuta la flagelación delante de toda la comunidad), pero es que además la intensidad del castigo del fuete  es mayor y cabe perfectamente en la figura no de la tortura pero sí en la del trato inhumano.

 

C. LA SANCIÓN DEL EXTRAÑAMIENTO Y LA PROHIBICIÓN DEL DESTIERRO.

              

C.1. Caracteres generales.- La sanción del extrañamiento, entendiendo por ella la expulsión del territorio o exclusión de la de la comunidad, es común en la mayoría de las comunidades indígenas (Tukano, Sikiani, Paez, Kogi y Tule) (43).

 

               Uno de los problemas que plantea la pena del extrañamiento es que también afecta a la familia nuclear del condenado. Se produce, por tanto, una extensión de la responsabilidad.

 

Perafán explica esta extensión “por el hecho de la socialización de la responsabilidad, en la medida en que se considera que los familiares cercanos están en tal deber de cuidar el comportamiento de sus miembros, que los actos de reincidencia pasan a considerarse como actos de la unidad social de integración permanente, ya que es imputable a todos ellos su incapacidad para asumir el deber de controlar los comportamientos de sus miembros que les compete”.

 

               C.2. La Corte Constitucional y el extrañamiento.- La Constitución Política de 1991 prohibe en su artículo 38 la pena de destierro, pero la Corte en Sentencia T-254/94 entendió que, “a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la pena de destierro sólo se refiere a la expulsión del territorio del Estado y no a la exclusión  de las comunidades indígenas que habitan un espacio de dicho territorio pero no exhiben el carácter de Naciones”. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia T-523/97 al indicar que “de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (art.12) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.5) el destierro se refiere a la expulsión del territorio del Estado del cual se es nacional. Por lo tanto, por lo tanto como los cabildos sólo pueden administrar justicia dentro de su jurisdicción, es claro que se destierra del resguardo y no de todo el territorio nacional y, en consecuencia, la sanción no encuadra dentro de la restricción del artículo 38 de la Constitución”.

 

               Entendemos que la interpretación que la Corte efectúa sobre el destierro peca de literalidad y que, tal vez, otra sería la solución si se aplicase un criterio finalista. De todos modos, en cuanto que esta sanción no afecta de forma directa (44) a los derechos mínimos establecidos por el Alto Tribunal como límites a la jurisdicción especial indígena, podemos dar por  buena la solución alcanzada.

 

               El problema se plantea con la extensión de la responsabilidad y, por tanto, de la sanción del extrañamiento a los familiares del condenado a la misma. La Corte esta vez ha resuelto satisfactoriamente la cuestión y así en la Sentencia T-254/94, teniendo en cuenta que “la ley penal se erige sobre el principio de responsabilidad individual”, consideró que “la pena (de extrañamiento) impuesta al peticionario se revela(ba) desproporcionada y materialmente injusta por abarcar a los integrantes de su familia, circunstancia que genera la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la integridad de sus hijos”.

 

               D. EL DEBIDO PROCESO.

 

               D.1. Caracteres generales.- El debido proceso aparece recogido en el art. 29 de la Constitución Política de 1991, que reza así:

 

               “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

 

               Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

 

               En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

 

               Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones indebidas; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

 

               Como se recordará, cuando hacíamos referencia a los límites de la jurisdicción especial indígena y a los derechos considerados intangibles (45), dentro de éstos incluíamos, por “expresa exigencia constitucional”, los principios de legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas, según la Corte, pero no al debido proceso. El problema viene dado porque la Corte extrae esa “exigencia constitucional” del artículo 246, cuando prescribe el ejercicio de las funciones jurisdiccionales indígenas “de conformidad con sus propias normas y procedimientos”, y no del artículo 29 transcrito. Con ello cabe preguntarse si es necesario respetar o no el derecho de defensa, con todas sus implicaciones, y el de asistencia de un abogado.

 

               Para el profesor Juan Gabriel Gómez Albarello “cualquiera que sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas, éstas deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 29  de la Carta” (46). Este tema fue objeto de dos aclaraciones de voto en la Sentencia T-349/96 (47).

 

                D.2. La Corte Constitucional y el principio de legalidad del procedimiento.-  La Corte al referirse a la legalidad del procedimiento parte de que “la comunidad (indígena) repudia y castiga los abusos de quienes ejercen la autoridad, lo que implica una censura de la arbitrariedad, y es ésa la finalidad que persigue el debido proceso”, de ahí concluye que, “ dentro del respeto a su cultura, dicha noción (debido proceso pero entendido como legalidad del procedimiento) hay que interpretarla con amplitud, pues de exigir la vigencia de normas e instituciones rigurosamente equivalentes a las nuestras, se seguiría una completa distorsión de lo que se propuso el Constituyente al elegir el pluralismo en un principio básico de la Carta” (48).

 

               En definitiva,  lo que se requiere cuando se habla del principio de legalidad del procedimiento “es el cumplimiento de aquellas actuaciones que el acusado pueda prever y que se acerquen a las prácticas tradicionales que sirven de sustento a la cohesión social” (49).

 

               Estamos totalmente de acuerdo con el tratamiento que la Corte da a la legalidad del procedimiento, lo único reprochable es que se refiere a éste como “debido proceso”, cuando este concepto incluiría también, entre otros, el derecho de defensa y a la asistencia de un abogado y la Corte siempre separa esta cuestiones. Por tanto léase “procedimiento” cuando habla de “proceso”.

 

              

D.3 La Corte Constitucional y el derecho de defensa y a la asistencia de un abogado.- Estos dos derechos son consustanciales dentro del concepto de proceso debido recogido, como hemos visto, en el art. 29 de la Constitución.

 

               Por un lado tenemos que tratar el derecho que asiste al acusado de defenderse, lo que conlleva estar presente en el procedimiento. La Corte en la Sentencia T-349/96 se pronunció al respecto diciendo “que no existe para ellos tal como nosotros lo entendemos (el derecho de defensa), pues no son valores individuales los que dentro de su cosmovisión se protegen prioritariamente”, aceptando como “sucedáneo del derecho de defensa” el que sus parientes estuvieran presentes en el proceso. Sin embargo, en relación a este punto del derecho de defensa se dieron dos aclaraciones de voto a dicha  sentencia, en una de las cuales se pone de manifiesto que el reconocimiento de la diversidad cultural y, correlativamente de la jurisdicción especial indígena,  “no puede abarcar la eliminación total de la participación del sujeto juzgado en el curso de su propio juicio, pues ella, como seguridad de que nadie puede ser juzgado ni condenado a sus espaldas, constituye regla esencial a la idea misma de justicia, anterior a cualquier norma o costumbre”. Nos sumamos a estas aclaraciones de voto.

 

               El derecho a la asistencia de un abogado es abordado por la Corte en su Sentencia T-523/97 indicando que “los medios para ejercer este derecho en los casos que adelantan las autoridades indígenas, no tienen que ser aquéllos contemplados por las normas nacionales o los tratados internacionales, sino los que han sido propios dentro del sistema normativo de la comunidad”. De este modo en esta acción de tutela el Alto Tribunal consideró suficiente el haberse permitido la asistencia de un defensor que fuera miembro de la comunidad. Esta posición de la Corte, al contrario que la anterior, sí resulta perfectamente asumible en aras del respeto a la diversidad étnica y cultural.

 

               D.4. La Corte Constitucional y la legalidad del delito y de la pena.- Resulta evidente que, si estamos en presencia de un Derecho consuetudinario como son los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, estos principios de legalidad del delito y de la pena deben adecuarse a dicha realidad. Por tanto, al no tratarse de un Derecho escrito no podremos exigir los principios de tipicidad y taxatividad, sino que la legalidad del delito, siguiendo a la Corte (50), se corresponderá con la interiorización de la prohibición en cuestión por parte de los miembros de la comunidad; mientras que la legalidad de la pena se relaciona con la previsibilidad que de la misma tenga el indígena que ha cometido un delito y los demás miembros de su comunidad.

 

               V. A MODO DE CONCLUSIÓN.

 

               Hemos querido dejar para el final el tema de la articulación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Jurídico Nacional. Dicha articulación o coordinación debía de haberse plasmado, de acuerdo con la previsión constitucional del artículo 246, en una Ley, pero, todavía hoy, siete años después de promulgada la Constitución, no existe la necesaria Ley de coordinación de las dos jurisdicciones.

 

La falta de la referida Ley de coordinación ha provocado que la Corte Constitucional colombiana se haya convertido, con sus Sentencias en esta materia, en un auténtico legislador positivo, tal y como hemos podido comprobar en el presente trabajo. Esta situación resulta claramente insostenible, por cuanto no es ésta la labor de un Tribunal Constitucional, sin entrar a valorar los peligros que ello conlleva.

 

               La futura Ley de coordinación debería ser una Ley que reglamentara la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional; es decir, lo que se reglamentaría sería la articulación de jurisdicciones y no los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, pues ellos están actuando en la práctica y son dinámicos e inherentes a su autonomía. No debe, por tanto, el legislador suplantar la autonomía de los pueblos indígenas en relación a sus sistemas jurídicos.

 

               Conforme a lo indicado, la regulación legal de esta coordinación o articulación de jurisdicciones debería partir del respeto y reconocimiento de una amplia autonomía de la jurisdicción especial indígena y, consiguientemente, de un alto grado de restricción en la intervención del sistema judicial nacional. Intervención que, aunque restringida, es necesaria en aras del respeto de los derechos humanos.

 

               Sobre estos presupuestos, los temas clave objeto de esta Ley de coordinación serían, principalmente, los siguientes:

 

               a) Establecer las bases para la determinación, en aquellos conflictos en los que intervengan indígenas, de la competencia del sistema judicial nacional y de la jurisdicción especial indígena, así como para la resolución de posibles conflictos de colisión entre ambas jurisdicciones.

 

               b) Determinar unos límites mínimos en materia de derechos humanos en relación a la jurisdicción especial indígena.

 

               Si bien el problema de la competencia ha sido resuelto, a nuestro entender, de forma satisfactoria por la Corte Constitucional, como hemos tenido la oportunidad de comprobar, no ocurre lo mismo con los límites a la jurisdicción especial indígena.

 

               La Corte Constitucional, en esta espinosa materia de considerar los derechos humanos como límites a la jurisdicción indígena, acierta en sus planteamientos iniciales pero se equivoca, no es congruente, en sus conclusiones.

 

               Nada hay que objetar a la Corte cuando, apostando por un relativismo cultural moderado, señala como límites a la jurisdicción especial indígena aquellos derechos que gozan de un mayor consenso intercultural. Estos derechos, “mínimos aceptables” según la propia Corte, son: el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. A estos límites mínimos añade, por exigencia de la Constitución, la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas.

 

               Por el contrario, el Alto Tribunal se equivoca cuando, en sus Sentencias T- 349 de 1996 y T- 523 de 1997, considera que las sanciones penales indígenas del cepo y del fuete, respectivamente, no constituyen una práctica de tortura ni trato inhumano o degradante. Estos castigos corporales, como ha quedado demostrado en este trabajo, atentan contra la dignidad de la persona, contra su integridad, y en este sentido debería de haberse pronunciado la Corte Constitucional.

 

               El cepo constituye un acto de tortura (51) y debe erradicarse, al igual que el fuete, que no alcanzará la intensidad suficiente para ser calificado como tortura pero sí supone un trato inhumano y, por supuesto, degradante.

 

               De lo anterior, se desprende la necesidad de que la Ley de coordinación, cuando se apruebe, haga referencia expresa a estos castigos corporales, prohibiendo su aplicación por parte de los pueblos indígenas.

 

               Por último, Ley en cuestión debería también ofrecer la posibilidad de lo que algunos autores denominan “cláusulas de salida”. Dichas cláusulas permitirían, a través de las acciones de tutela interpuestas por indígenas condenados por sus comunidades, que ese núcleo de derechos mínimos, recogidos en la misma, se fueran concretando y ampliando (52). Así, por esta vía, la Corte ha introducido como límite, en relación a la sanción del destierro y la extensión de la responsabilidad penal a los familiares del autor del delito o falta, el principio de responsabilidad personal en materia penal.

 

               Naturalmente, somos conscientes de las dificultades con las que se encontraría el legislador colombiano si pretendiese aprobar una ley como la apuntada, máxime cuando requeriría la participación en su elaboración de las comunidades indígenas (53). En este sentido, y puesto que no es de esperar un cambio en la doctrina de la Corte Constitucional respecto a los castigos corporales indígenas, confiamos en que la propia dinámica interna de transformación de los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas termine por hacer caer en desuso sanciones como el cepo y el fuete (54).

 

               Que los derechos humanos sean respetados en cualquier rincón del mundo.

 

                                              Valencia, 30 de Diciembre de 1998

 

(1) La Constitución colombiana de 1991, conforme a este reconocimiento de la diversidad étnica y                         cultural de la Nación, recoge una serie de derechos de las comunidades indígenas :

 

- Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y en las comunidades con tradición propia la educación será bilingüe (art. 10).

- Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 63).

- Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados por ley (art. 72).

- Reconoce como nacionales colombianos a los indígenas que comparten territorios fronterizos, a condición de reciprocidad (art. 96).

- Crea cargos de senadores y un numero a reglamentarse de hasta cinco representantes a elegirse en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas (art. 176).

-  Se reconoce la jurisdicción especial indígena (art. 246).

(2)     Vid. MATOS MAR, José. “A propósito de Fray Bartolomé de las Casas: Los nuevos retos del indigenismo al final del milenio” , en Anuario Indigenista, vol. XXIX, diciembre de 1990, p. 9.

(3)     Vid. PERAFAN SIMMONDS, Carlos César. “Reflexiones sobre la Jurisdicción Especial Indígena”, en Anuario Indigenista, vol. XXX, diciembre de 1993,  pp. 331 y 332.

(4)     TAYLOR, Charles. “Identidad y reconocimiento”, en Revista Internacional de Filosofía Política, N 7 , Madrid, UAM/UNED, mayo 1996, pp 10-19.

(5)     RAWLS, John. El derecho de los pueblos, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1996.

(6)     HABERMAS, Jurgen. Teoría de la acción comunicativa. 2 Tomos, Taurus, Madrid, 1990

(7)     KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural, Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

(8)     La Corte Constitucional ha puesto de manifiesto que “el ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionado a la expedición de una ley que la habilite” (Sentencia T- 254 de 1994).

(9)     Vid. PERAFAN SIMMONDS, Carlos César. “Reflexiones sobre ...”, op. cit., p. 333.

(10)  Caso del sistema de grupos armados (guerrilla, narcotráfico o paramilitares) o el sistema (indígena) de compensación directa cuando no esté avalado por sus autoridades.

(11)  La Ley 21 de 1991 ratifica y hace ley colombiana al Convenio 169 de la OIT.

(12)  En el artículo 86 de la Constitución se recoge esta institución de protección de los derechos fundamentales del siguiente modo: “Toda persona tendrá ación de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

(13)  Vid. SAMPEDRO ARRUBIA, Juan Andrés. “Aproximación criminológica y victimológica a la problemática indígena en Colombia”, en Quaestiones 14 IUDICAE, JAVERGRAF, Bogotá, septiembre de 1996, p. 16.

(14)  Vid. KUPPE, René. “Algunas observaciones sobre la relación entre las instituciones indígenas y los derechos humanos”, en Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indígenas: IV Jornadas Lascasianas, UNAM, México, 1994, p. 47.

(15)  Ibidem.

(16)  Idem, p. 48.

(17)  Jack Donnelly, en su libro "Derechos humanos universales. En la teoría y en la práctica", remarca que pueden reconocerse en cada cultura formas distintas de realizar la dignidad humana distintas al paradigma occidental como podría ser el caso da la justicia indígena. De darse este supuesto, parece claro que, si se realiza la dignidad humana (entendiendo ésta como el objetivo final de los derechos humanos), “sería incorrecto imponerles formas de justicia, acordes a los derechos individuales, forjados en Occidente (Vid. GÓMEZ ALBARELLO, Juan Gabriel. “Sobre la articulación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional”, en Pensamiento Jurídico, N7, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998, p. 188).

(18)   Vid. KUPPE, René. Op. cit., p. 54.

(19)  Estos derechos humanos colectivos se podrían sintetizar en los siguientes: el derecho a la identidad, al territorio, a la autonomía y jurisdicción especial, a la participación, a la consulta previa, y a determinar sus propios modelos de vida y desarrollo.

(20)  Vid. GREEN STORE,  Abadio. Aplicación autonómica de la justicia en las comunidades indígenas”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas,  Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997, p. 151.

(21)  Vid. PIÑACUE, Jesús Enrique. “Aplicación de la Justicia Autonómica del pueblo Paez”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997,  p. 49.

(22)  Idem, p. 50.

(23)  Sobre las distintas generaciones de derechos puede consultarse el libro “Libertades Públicas” de Remedio Sánchez Ferriz, publicado por la editorial Tirant lo Blanch.

(24)  Jack Donnelly al plantearse un posible conflicto entre derechos del individuo y del grupo se inclina por dar “prioridad prima facie a los derechos individuales, pero si esta estrategia creara tal agitación política que peligraran todos los derechos humanos, podrían justificarse ciertas transgresiones limitadas al ejercicio de algunos derechos humanos individuales” (DONNELLY, Jack, Derechos humanos individuales. En la teoría y en la práctica, Guernica, México, 1994, p.230). Obsérvese que este autor hace referencia a la posibilidad de limitar “algunos” derechos, entre los que no podremos incluir nunca derechos como la vida o la prohibición de torturas, tratos inhumanos o degradantes. 

(25)  El estudio fue llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales Programa Guatemala (FLACSO- Guatemala). Vid. LEAL, María Angela. “Dos visiones de un mismo fenómeno”, en Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indígenas: IV Jornadas Lascasianas, UNAM, México, 1994, pp. 57-65.

(26)  KUPPE, René. Op. cit., p. 54.

(27)  Gr. Sentencia T- 496 de 1996.

(28)  Gr. Sentencia T-349 de 1996. En una Sentencia anterior la Corte estableció las siguientes reglas de interpretación: “1 A mayor conservación de sus usos y costumbre, mayor autonomía (...).. 2 Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares (...). 3 Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural (...). 4 Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas (...)” (Sentencia T- 254 de 1994).

(29)  Gr. Sentencia T-349 de 1996.

(30)  Idem.

(31)  Vid. GAVIRIA DÍAZ, Carlos. “Aplicación de la Justicia Autonómica del pueblo Paez,”, en Del Olvido surgimos para taer nuevas esperanzas –La Jurisdicción Especial Indígena-, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, 1997, p. 171.

(32)  La Corte señala que “este grupo de derechos se encuentra dentro del núcleo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados de derechos humanos” (Sentencia T- 349 de 1996).

(33)  Vid. PERAFAN SIMMONDS, Carlos Cesar. Sistemas Jurídicos Paez, Kogi, Wayúu y Tule, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1995; vid. PERAFAN SIMMONDS, Carlos César y AZCARATE, Luís Alejandro, Sistemas Jurídicos Tukano, Chamí, Guambiano y Sikuani, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1996. 

(34)  Vid. PERAFAN SIMMONDS y AZCARATE, op. cit., pp. 161 y 162.

(35)  Ibidem. 

(36)  El llamarles “fundamentos” representa un enorme acto de generosidad por nuestra parte, puesto que las líneas vertidas por la Corte no merecen dicho calificativo.

(37)  Efectivamente, gran parte de la comunidad embera- chamí acepta como sanción el fuete y rechaza la pena de cárcel de los “blancos”. En este sentido la Corte transcribe textualmente un pasaje del estudio citado de Perafan Simmonds y Azcáratre en el que un indígena explica esta visión y que, por su importancia, reproducimos a continuación:

            “En la cárcel se está bien, se come bien, se duerme bien; pero, no se ve la familia y se fuma marihuana, basuco, se aprende de homosexual, se aprende de fechorías y los castigos son muy largos. Cuando la persona sale, no se ha rehabilitado, llega vicioso, llega homosexual, llega corrompido. Así, la pena de la cárcel no corrige, antes daña. Por una parte no es un verdadero castigo, por la otra es un castigo muy largo y sin efectos. En cambio, en el cepo, cuando el cepo se aplica solo, el castigo es muy corto – 12 ó 24 horas-, pero efectivo. La persona no quiere volver a él. Cuando se trata de penas graves, que llevan tiempo, estos tiempos son mucho más cortos que los de la cárcel porque llevan el cepo-nocturno- que sí es de verdad un castigo, pero, durante el día, aunque no  se trabaja en lo propio, se está viendo a la familia, a los hijos, sabiendo qué les falta, si están enfermos, disponiendo vender alguna cosa, para llevar al hospital, atendiendo. Además, como se trabaja en terrenos de los comuneros, ellos también están siendo advertidos, que si hacen lo mismo, van a tener que pagar igual, que ellos no quieren esto, por eso hacen también trabajar al condenado suavecito, no vaya a ser que cuando les toque el turno a ellos los hagan trabajar duro”

(38)  Vid. Supra A.1. Caracteres generales.

(39)  Vid. PERAFAN SIMMONDS, Carlos César. Sistemas Jurídicos Paez, ..., op. cit., p. 92.

(40)  Idem, p. 74.

(41)  La Convención contra la Tortura y otros Tratos o  Penas  Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobada por Colombia por Ley 78 del 15 diciembre de 1986, define la tortura en su artículo 1 como: “(...) todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o   sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiesciencia”( el subrayado es nuestro).   

(42)  Por tratarse de una tradición arraigada la sentencia del TEDH fue muy protestada tanto por las autoridades de la isla como por sus habitantes.

(43)  Vid. PERAFAN SIMMONDS. Sistemas Jurídicos Paez,... , op. cit.; vid. PERAFAN SIMMONDS y AZCARATE. Sistemas Jurídicos Tukano, ... , op. cit. .

(44)  Cabría reflexionar sobre los problemas de subsistencia del indígena que es expulsado de su comunidad y, en este sentido, como puede verse afectado el bien más preciado del hombre: la vida.   

(45)  Vid supra IV.II in fine.

(46)  Vid. GÓMEZ ALBARELLO, Juan Gabriel. “Sobre la articulación entre le justicia indígena y el sistema judicial nacional”, en Pensamiento Jurídico, N 7, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 190.

(47)  Vid. Infra D.3 .

(48)  Gr. Sentencia T-349 de 1996..

(49)  Gr. Sentencia T-523 de 1997.

(50)  Gr. Sentencias T-349/ 96 y T-523/97.

(51)  Se ajusta a  la definición de Tortura recogida en la Convención contra la Tortura (ver nota nº 41). Resultando, en este punto, incluso grotesco que algunos representantes indígenas, como el senador paez Piñacué, intenten incluir sus castigos corporales en el inciso final del art. 1.1 de la referida Convención, que dice: “No se considerarán torturas dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.           

(52)  En este sentido, Gómez Albarello considera que “la aplicación constitucional del derecho al debido proceso podría ser realizada de forma diferenciada y progresiva, dependiendo de las circunstancias que rodeen la impugnación de las decisiones de las autoridades tradicionales por parte de los individuos afectados” (GOMEZ ALBARELLO, Juan Gabriel. “Sobre la articulación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional”, en Pensamiento Jurídico, N7, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998, p. 192).

(53)  La Ley 21 de 1991 en su artículo 6.1 ordena la Gobierno “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Convenio 169 de la OIT).

(54)  Vgr. El cepo, aun siendo característico del sistema jurídico Paez, no es utilizado por la comunidad paez del Toribo, al considerarlo excesivo. De igual forma actualmente las comunidades guambianas, por la dinámica de transformación de su derecho interno, no aplican ya el cepo ni tampoco el fuete

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA

 

- ARANGO, Raúl y SÁNCHEZ, Enrique. Los pueblos indígenas de Colombia 1997, TM Editores, Bogotá, 1997.

- DONNELLY, Jac. Derechos humanos universales. En la teoría y en la práctica, Gernika, México, 1994.

- GAVIRIA DÍAZ, Carlos. “Alcances, contenidos y limitaciones de la Jurisdicción Especial Indígena”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas -La Jurisdicción Especial Indígena-, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997.

- GÓMEZ ALBARELLO, Juan Gabriel. “Sobre la articulación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional”, en Pensamiento Jurídico, N7, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.

- GREEN STORE,  Abadio. Aplicación autonómica de la justicia en las comunidades indígenas”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas -La Jurisdicción Especial Indígena-,  Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997.

- HABERMAS, Jurgen. Teoría de la acción comunicativa. 2 Tomos, Taurus, Madrid, 1990.

- KUPPE, René. “Algunas observaciones sobre la relación entre las instituciones indígenas y los derechos humanos”, en Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indígenas: IV Jornadas Lascasianas, UNAM, México, 1994.

- LEAL, María Angela. “Dos visiones de un mismo fenómeno”, en Cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indígenas: IV Jornadas Lascasianas, UNAM, México, 1994.

- MATOS MAR, José. “A propósito de Fray Bartolomé de las Casas: Los nuevos retos del indigenismo al final del milenio” , en Anuario Indigenista, vol. XXIX, diciembre de 1990.

- PAPADOPOLO, Midori. El nuevo enfoque internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 1995.

- PERAFAN SIMMONDS, Carlos César. “Reflexiones sobre la Jurisdicción Especial Indígena”, en: Anuario Indigenista, vol. XXX, diciembre de 1993.

- PERAFAN SIMMONDS, Carlos Cesar. Sistemas Jurídicos Paez, Kogi, Wayúu y Tule, Instituto Colombiano de Antropología,  Bogotá, 1995.

- PERAFAN SIMMONDS, Carlos César y AZCARATE, Luís Alejandro, Sistemas Jurídicos Tukano, Chamí, Guambiano y Sikuani, Instituto Colombiano de Antropología, Santa Fé de Bogotá, 1996.

- PIÑACUE, Jesús Enrique. “Aplicación de la Justicia Autonómica del pueblo Paez”, en Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas -La Jurisdicción Especial Indígena-, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997.

- RAWLS, John. El derecho de los pueblos, Tercer Mundo Editores, Bogoá, 1996.

- SAMPEDRO ARRUBLA, Juan Andrés. “Aproximación criminológica y victimológica a la problemática indígena en Colombia”, en Quaestiones 14 IURIDICAE, JAVERGRAF, Bogoá, septiembre de 1996.

- TAYLOR, Charles. “Identidad y reconocimiento”, en Revista Internacional de Filosofía Política, N 7 , UAM/UNED, Madrid, mayo 1996.

- VILLAR BORDA, Luís. Derechos Humanos: Responsabilidad y Multiculturalismo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, mayo de 1998.

- VVAA. Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas -La Jurisdicción Especial Indígena-, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, noviembre de 1997.

- VVAA. Los pueblos indígenas en el país y en América. Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Bogotá, abril de 1998.

 

 Autor:  Vicente José Cabedo Mallol  vijocama@navegalia.com

 

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