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Citizenship and Diversity: the demand of Peruvian Indigenous Communities.

Comentario: Los autores debaten el tema de la ciudadanía multicultural compleja a partir de los aportes de Will Kimlika. Proponen el reconocimiento de las diferencias culturales y el pluralismo legal, junto con el ejercicio de derechos ciudadanos por los indigenas, en tanto individuos y colectivos. Nota: Documento enviado por su autora para su difusión y debate en ALERTANET. Para cualquier reproducción, solicitar permiso de la autora. ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY http://geocities.com/alertanet/index.html alertanet@hotmail.com 

 

  CIUDADANÍA  Y DIFERENCIA:

LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PERUANAS

Ponencia presentada en: Congreso Internacional de Antropologia Juridica y Pluralismo Legal. Arica, Chile 2000

 

                                               Eliana Rivera Alarcón (ERIVERA@eap.cbc.org.pe) y  Erick  Walle

Introducción

 

            El breve recorrido de la historia del Perú republicano y su relación con el derecho, al igual que la cuantiosa y dispersa legislación de esa época, nos hizo advertir la poca atención del legislador para responder a las necesidades, aspiraciones y demandas de la población indígena.

            En este sentido el desarrollo del proceso de modernización-tradicionalista del Perú republicano del siglo XIX, al igual que la legislación tutelar para comunidades indígenas, y las políticas estatales de carácter proteccionista iniciadas con la Constitución de 1920 hasta la Constitución de 1979, se centraron principalmente en la comunidad indígena como institución, donde el reconocimiento de derechos a las comunidades, demuestran una negación del reconocimiento de los mismos, o en su caso unos derechos contrariamente afirmados en favor de ellas a través de leyes especiales.

            Olvidaron que era igualmente importante la conversión del indígena en ciudadano, lo cual suponía no sólo entregarle, la propiedad de la tierra, sino también reconocerlo como sujeto de un conjunto de derechos orientados a perfeccionar dicha condición ciudadana.

            Ante el hecho que el pluralismo se viene imponiendo frente a la homogeneidad como fuerza y riqueza creativa, hoy la presencia indígena se presenta como un hecho reconocido no sólo en el Perú sino a lo largo del continente Americano. El reconocimiento se produce en unas sociedades más significativamente y más dirimente que en otras, pero con un objetivo claro y preciso: que los indígenas sean los gestores de su propio destino.

            De esta manera las poblaciones indígenas quieren saber cómo vivirán insertos en sociedades complejas, donde el tema de la identidad étnica guarda correspondencia con la consolidación del emergente grupo étnico a nivel mundial; convirtiéndose en uno de los actores de la recomposición universal de los Estados nacionales que reafirman con su gesta la conformación de sociedades pluriculturales y multiétnicas.

            Pero, el tema del reconocimiento y de la presencia indígena, nos puede conducir a otros niveles de reflexión. Así el reconocimiento del derecho indígena, del “ciudadano indígena”, como parte sustantiva y fundamental de sociedades étnica y culturalmente plurales implica analizar los niveles o las categorías del reconocimiento de la diferencia. En esta medida el derecho a la diferencia que se expresa en la noción de ciudadanía étnica, será un tema importante porque cuestiona la homogeneidad de la igualdad propuesto por un proyecto civilizatorio ajeno a la cultura indígena.

            El tema del reconocimiento de derechos, visto desde la cultura indígena de América cuestiona el ideal de igualdad homogenizador que borra las diferencias, cuestiona las políticas públicas que supuestamente nivelarían la desigualdad, y también cuestiona las medidas de discriminación a la inversa implementadas como medidas temporales que paulatinamente podrían nivelar el campo de la desigualdad, porque no sólo se restringen a un conjunto de derechos, sino también a un conjunto de sujetos, donde la presencia indígena puede resultar excluida.

            Lo que reclaman los indígenas es el reconocimiento de un espacio pleno para el reconocimiento de su diferencia, para que sus diferencias lingüísticas y culturales se expresen libremente.

 

Ciudadanía y reconocimiento

 

            El reconocimiento de algunos derechos étnicos para las comunidades indígenas peruanas, no deja de presentar dificultades importantes, especialmente frente al derecho del Estado. Estas las podemos apreciar cuando los indígenas desarrollan sus prácticas jurídicas o ejercen su derecho consuetudinario.

            En el Perú y en los demás países de América Latina, el tema de los derechos humanos juega un rol importante como referente jurídico para los Estados, pero las dificultades se presentan en la relación Estado-grupos étnicos, expresado en las demandas por el reconocimiento de sus derechos étnicos colectivos, o para el reconocimiento de sus prácticas jurídicas alternativas. Sin embargo, al mismo tiempo consideramos necesario respetar unos principios éticos universales, para el reconocimiento de sus prácticas jurídicas, lo que nos lleva a identificarlos como derechos fundamentales de la persona, es decir como derechos humanos.

            En este tema consideramos que se deben tomar en cuenta dos aspectos; en primer lugar es preciso no confundir el pluralismo jurídico, con el relativismo cultural, o con el relativismo ético. En segundo lugar, para el reconocimiento de las prácticas jurídicas indígenas es necesario pensar en los límites del pluralismo jurídico, es decir en unos principios éticos univerales. Ambos aspectos a su vez merecen una reflexión que apueste por un concepto multicultural de los derechos, con el objeto de identificar unas condiciones en que los derechos humanos pueden ser colocados al servicio de una política progresista y emancipatoria que tome en cuenta la naturaleza multicultural y multiétnica de la nación.

 

Ciudadanía y diferencia

 

            El tema de la ciudadanía y el reconocimiento de derechos étnicos diferenciados a las comunidades indígenas peruanas, ha cobrado especial importancia debido fundamentalmente a que el problema contemporáneo de la ciudadanía, tiene su origen en un problema práctico de momento insuficientemente resuelto por el sistema democrático. Este ha basado la pertenencia de los individuos -comunidades indígenas-, a la comunidad política -Estado peruano-, en un modelo de integración, cuando no de asimilación que dejaba en situación precaria el posible desarrollo de la diferencia en la comunidad; y por consiguiente, el desarrollo del pluralismo social y político de la sociedad civil.

            En América Latina, y por supuesto en el Perú, la pertenencia a la comunidad política nunca fue compatible con la pluralidad de identidades colectivas, la democracia fue justificante muchas veces de los procesos de exclusión y asimilación. De esta manera la exclusión política y cultural por razones étnicas se trasladó a la configuración de la ciudadanía. Así el ser miembro activo de la nación depende de su pertenencia a la etnia hegemónica. Según afirma Marcos Roitman, "La división de clases se convierte también en una división étnica. La nacionalidad estatal se funda en una hegemonía étnico-clasista (...). La sociedad civil no se funda en la diferencia sino en la homogeneidad étnica. El enfrentamiento pasado/futuro evidencia el sentido evolucionista de las clases dominantes para quien las comunidades indígenas deben desaparecer, ya que no tienen cabida en la modernidad"[i].

            En esta medida, el paradigma del liberalismo en el Perú republicano del siglo XIX, tuvo su expresión constitucional y social en un proyecto político del liberalismo clásico, es decir aquel que describe Walzer al comentar el trabajo de Taylor, "... El primer tipo de liberalismo (Liberalismo I) está comprometido de la manera más vigorosa posible con los derechos individuales y, (...) un Estado sin perspectivas culturales o religiosas..."[ii].  En base a este paradigma liberal se intenta construir un orden social sustentado en el individuo como componente elemental y en el ciudadano como referente de identidad pública. Este proyecto se sustentó en el fortalecimiento de los derechos individuales y en la construcción de la nación libre de referencias históricas y pasiva frente a las tradicionales culturales y étnicas.

            De otro lado el pensamiento tutelar sobre la comunidad indígena que se inicia con la Constitución de 1920, y con las constituciones posteriores de 1933 y 1979 mantendrán una orientación tutelar o proteccionista. En éstos periodos constitucionales, el afán modernizador del derecho y de las políticas estatales, centraron su atención principalmente en la comunidad indígena como institución. Olvidaron que era igualmente importante la conversión del indígena en ciudadano, lo cual suponía no sólo entregarle la propiedad de la tierra, sino también reconocerlo como sujeto de un conjunto de derechos humanos (individuales y colectivos) orientados a perfeccionar dicha condición ciudadana.

            Pero éstos periodos constitucionales comprensivos con las diferencias, luego de atravesar una seria crisis institucional y de representación política, dará lugar a un nuevo periodo que se inicia con la Constitución de 1993[iii].

            En esta nueva etapa del tiempo constitucional, donde se reconoce al Perú como un país multicultural, se presenta el reto de la construcción de una ciudadanía multiétnica, donde, la declaración constitucional reconociendo la pluralidad étnica y cultural de la nación, es sólo el inicio de un proceso más complejo[iv].

            Decimos que se trata de un proceso complejo, porque la ciudadanía implica, por parte del Estado, el reconocimiento a los individuos de una esfera de derechos privados, así como de una esfera de derechos públicos.

            Pero, al mismo tiempo la ciudadanía no sólo tiene que ver con el reconocimiento de derechos, la ciudadanía tiene además que ver con la materialización práctica de los derechos, con el desarrollo efectivo de las oportunidades de vida, que los derechos contienen normativamente.

            Por todo lo expresado, podemos señalar que a medida que fue avanzado el debate sobre la ciudadanía no solo en el ámbito académico (reflejada en abundante literatura sobre el tema), sino también en la opinión pública en general (puesta de manifiesto en las dificultades que tenían las comuneros integrantes de las comunidades indígenas, para poder ejercer en forma efectiva sus derechos civiles y políticos al igual que el resto de los ciudadanos peruanos) sus múltiples significantes se han ido manifestando. Por ello es que una adecuada comprensión de la ciudadanía -como una categoría jurídica del derecho y de la política- no puede hacerse ya sino desde una perspectiva más amplia.

            Por esta razón el problema de la ciudadanía se ha convertido, además, en el núcleo del debate sobre la democracia[v]. Se trata por ende de una pieza clave para reconstruir la evolución del Estado peruano. Y también para entender su proceso de democratización. En este último punto cobra relevancia el papel democratizador de la sociedad civil en general -ya no solo las población comunero-campesina-sobre el propio sistema político.

            Por su parte la referencia a la sociedad civil nos abre el marco de relaciones, no exploradas en su totalidad, entre el pluralismo y la ciudadanía; es decir, la solución adoptada por el Estado peruano, por el Estado de derecho, ha sido la de integrar el pluralismo mediante una política del reconocimiento, en mayor o menos grado, de la sociedad civil. Una política del reconocimiento que como en el caso de los países de América Latina ha tenido grandes fallas, por su naturaleza excluyente y homogeneizadora de la sociedad civil.

            Al parecer con los cambios que propone la Constitución de 1993, se tratará de responder, de reconocer a grupos étnicos, grupos humanos con identidades colectivas diferentes, es decir respetando sus diferencias, lo que podría considerarse como un intento de rectificar el falso reconocimiento del pasado. Pero al mismo, tiempo surge la necesidad de instaurar un vínculo común que permita el desarrollo de la diferencia sin que ello suponga la disolución de la comunidad política.

            Entonces, articular el pluralismo con la ciudadanía, es una encrucijada de problemas no solo políticos, jurídicos, sino también históricos y sociales. Por ello el pluralismo supone, lograr que su desarrollo sea funcional para la gobernabilidad, que contribuya a mantener su equilibrio. Esto exige afrontar el problema de la diferencia como un momento muy importante del problema del orden político, y, por consiguiente, exige un tratamiento que contemple la necesidad de ordenar la diferencia legítimamente.

 

            1.- La ciudadanía integrada y la ciudadanía diferenciada

 

            Tanto el modelo de la ciudadanía integrada con las características de asimilación presentes en América Latina, como el modelo de ciudadanía diferenciada, no dejan de presentar dificultades. Pero la importancia es que ponen de manifiesto un problema crucial: el de si es posible hacer compatible en un orden democrático la idea de comunidad política con el desarrollo de múltiples identidades colectivas.

            En los últimos años se ha abierto la concepción de la ciudadanía diferenciada, promovida principalmente por los trabajos de Will Kymlicka, quien intenta buscar una solución al problema de las minorías culturales y sociales para las que el concepto de ciudadanía integrada supone la eliminación de su identidad diferenciada (social o cultural). Por ello se hace preciso, diseñar un concepto de ciudadanía que permita a las minorías sociales desfavorecidas y a las minorías étnicas, religiosas o culturales su integración en el Estado sin perder por ello sus rasgos diferenciados propios; es más, se hace preciso un concepto de ciudadanía que permita la integración diferenciada de tales minorías, no sólo como individuos sino también -y especialmente- como grupos específicos. Como es obvio, este nuevo planteamiento del concepto de ciudadanía puede implicar cambios decisivos en la política social y cultural en general, aunque sea un hecho que se haga especialmente perceptible en los Estados multiétnicos, que es una de las características de la mayoría de los países de América Latina.

            La propuesta de ciudadanía diferenciada de Kymlicka, requiere el reconocimiento de  derechos específicos según el grupo:

            a) Derechos de autogobierno, dirigido a las minorías nacionales que requieren derechos de autogobierno, pero de modo permanente. Estos grupos necesitan la transferencia de un grado de autogobierno, porque es la única forma por la que consiguen estar mejor representados.

            b) Derechos especiales de representación, este derecho esta dirigido a los grupos desfavorecidos, por ello requieren derechos especiales de representación, pero no de forma permanente sino temporal.

            c) Derechos poliétnicos, este derecho tiene como objetivo no el auto gobierno, sino fomentar la integración en el conjunto de la sociedad. Kymlicka los denomina derechos poliétnicos porque " tienen como objetivo ayudar a los grupos étnicos y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante"[vi].

            d) Derechos lingúísticos, al igual que los tres derechos señalados anteriormente, los derechos lingüísticos tienden a capacitar la autonomía de las minorías nacionales con respecto a la nación mayoritaria.

            Respecto a éste derecho Kymlicka -afirma-, que es importante distinguir la naturaleza de éste derecho como un elemento importante de la diversidad cultural, debido a que un factor determinante para la supervivencia de una cultura es su lengua.

            Pero, en el tema de la ciudadanía, la propuesta más radical y conocida ha sido, sin duda, la de Iris Young para quien, el concepto hasta ahora hegemónico de ciudadanía integrada atenta contra el genuino concepto de igualdad, ya que viene a negar en la práctica los derechos de las minorías sociales y étnicas al forzarlas a una homogeneización bajo las pautas de la mayoría; y tal proceso homogeneizador es también injusto puesto que contribuye a perpetuar su marginación sociocultural en beneficio de los grupos privilegiados de la mayoría. Tanto por razones de igualdad como de justicia, las minorías actualmente marginadas exigen políticas específicas que eviten el mantenimiento más o menos subrepticio de los procesos de marginación, opresión o explotación a partir de un cierto imperialismo cultural y social, que se traduce igualmente en términos económicos y políticos.

            En definitiva, sólo un concepto de ciudadanía diferenciada permitirá a tales minorías étnicas y sociales mantener su identidad tanto individual como de grupo, con la plena vigencia de sus valores y rasgos culturales o religiosos característicos, dando lugar a una integración diferenciada de los mismos en la organización estatal.

 

            2.- La ciudadanía multiétnica

 

            Una teoría adecuada de la ciudadanía multiétnica en los países de América Latina, precisa de una elaboración más fina de los procesos de integración-diferenciación sociocultural, de un proceso de integración no homogeneizadora, que son extraordinariamente complejos. Hasta ahora se ha insistido en planteamiento casi unilaterales de integración simple o de diferenciación simple. Por estas vías sólo es posible obtener un concepto sesgado y, por tanto, insatisfactorio de ciudadanía. Lo que precisamos es una teoría sobre el complejo proceso de integración-diferenciación y no integración-homogeneización, sobre el que madura la identidad personal y grupal.

            Esta ciudadanía integradora-diferenciadora, constituiría el sustento de una ciudadanía multiétnica a la que se le puede llamar compleja, ya que permite construir en los Estados multiculturales y multiétnicos, una identidad común fundamental dentro de la legítima diferenciación étnico-cultural como individuos y como grupos con identidad propia e irrenunciable.

            Si los indios están presentes hoy en el espacio público, como cualquier otro ciudadano de un sistema político de "hombres libres e iguales", al contrario la conquista de la ciudadanía étnica, es decir la institucionalización de la etnicidad en tanto que fuerza política en sí, tiene todavía un largo camino por recorrer, camino cuyo trayecto dependerá sobre todo de la calidad de la gestión que las élites indias harán de su capital identitario. En el estado actual de las reflexiones y prácticas indias, la figura de un Estado federador de ciudadanías plurales sigue estando ausente y sin embargo, es precisamente allí donde la etnicidad puede conferir mas ventajosamente su hipotético potencial de originalidad política, pero esto a condición que los términos de etnicidad y de nacionalidad sean suficientemente clarificados.

 

Conclusión

 

A manera de conclusión y  con el objeto de contribuir con algunos elementos para el debate que nos plantea la ciudadanía y la plurietnicidad, queremos difundir algunas opiniones que hemos recogido durante los talleres con dirigentes de comunidades campesinas del sur del Perú en el mes de mayo de 1999,  opiniones que de alguna manera podría contribuir a la formulación de conceptos y/o propuestas teóricas pobre el tema que venimos  desarrollando. 

Los temas bajo los cuales se desarrollaron las sesiones de trabajo y las respuestas que obtuvimos son las siguientes:

 

1.- Cambios ocurridos en las comunidades indígenas, Si bien se mantiene una identidad comunal fuerte, afirman que se vienen perdiendo algunas costumbres y tradiciones en la agricultura y la ganadería, consideran que ello se debe a la influencia de los medios de comunicación  por la difusión de nuevas estrategias de trabajo en el campo. Igualmente hay una tendencia a la pérdida de la identidad comunal por parte de los jóvenes, hecho que se refleja no solo en su manera de vestir sino de pensar.

2.- La visión de futuro de las comunidades indígenas; surgen dos aspectos con fuerza, uno a nivel externo y el otro a nivel interno. En el nivel interno, la evolución de la organización política de la comunidad va encaminada a la constitución de un gobierno municipal. En el nivel externo, se exige la constitución de un ministerio de comunidades campesinas y nativas,  se está buscando una institución que los represente o ante la cual puedan presentar sus demandas mas directamente. Asimismo, se exige la presencia de representantes indígenas en el Poder Legislativo, ya no se busca que otros los representen.

3.- Cómo mantener y promover nuestra identidad cultural; el aspecto mas destacado como demanda de las comunidades indígenas surge en pedir se incorpore la educación bilingüe a todo nivel, el objetivo no sólo estaría en recuperar el idioma nativo como el quechua, sino, el pedir se respeto el uso de su derechos a una lengua propia.  Por otra, también manifiestan el deseo de mantener todas las expresiones culturales vigentes.

 

 


B I B L I O G R A F I A

 

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[i] Marcos Roitman. "Formas de Estado y Democracia multiétnico en América Latina", pág. 41

[ii]Charles Taylor. El Multicultualismo y la política del reconocimiento, pág. 139

[iii]Julio Cotler, realiza un breve estudio sobre los procesos de reorganización institucional y de reformulación de las relaciones del Estado y la sociedad peruana, a partir del proceso de la crisis política e institucional iniciada en la década de los ochenta. "Descomposición política  y autoritarismo en el Perú", Revista del Centro de Estudios Constitucionales Nro. 15, págs. 33-52, Madrid 1992.

[iv]La Constitución de 1993 ubica el tratamiento de las comunidades indígenas dentro del título correspondiente  al régimen económico. Sin embargo, la diferencia con las constituciones que le precedieron es que el texto constitucional actual, se ubica dentro de un proceso de tránsito hacia un modelo económico con clara orientación liberal, que reduce la intervención del Estado a la de un mero promotor del libre mercado. Bajo este marco político y normativo se ubica también el nuevo régimen para las comunidades indígenas.

[v]Héctor Tejera Gaona, considera que al haberse puesto énfasis en la relación étnia-nación y la necesidad de abrir a las comunidades indígenas espacios de insidencia o de reconocimiento en el proyecto nación, el tema apunta a una reflexión sobre el sistema democrático porque la "democracia como eje fundamental para el reconocimiento de los derechos y la diversidad cultural, pueden ubicarse en diferentes puntos de los ejes libertad/igualdad y liberalismo/corporativismo sin que las dicotomías que estos ejes nos muestran se discutan explícitamente. Tanto los espacios y límites, así como la forma particular en que se ejerza  la democracia, nos ubicarán en un punto específico de estos ejes. Es indispensable entonces, ahondar en su discusión. Sin embargo, el análisis entre democracia y cultura no se limita a los ejes arriba planteados. Es igualmente importante discutir las formas y reglas de participación en las decisiones y los espacios que, en este caso específico permitirán o ampliarán el reconocimiento de la diferencia y de la diversidad". "Democracia y cultura en regiones étnicas", Nueva Antropología Nro. 39, México 1991; págs. 41-51,  pág. 45

 

[vi]Will, Kymlicka. Ciudadanía Multicultural. Madrid 1996, pág. 53

 

Autores: Eliana Rivera Alarcón (ERIVERA@eap.cbc.org.pe) y  Erick  Walle

 

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