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ALERTANET EN
DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY |
Inter-culturalism and politics in Guatemala
Comentario: El autor analiza el modelo excluyente que ha primado
en la historia política nacional, y que ha marginado a la población indígena
del poder de decisión. Expone la experiencia del trabajo político intercultural
de Xel-jú en la Municipalidad de Quetzaltenango, y propone la necesidad de un
trabajo intercultural conjunto para transformar las relaciones de poder
existentes. Una de las tareas pendientes para esa transformación es la la
reforma constitucional. Nota: Documento enviado para su difusión y
debate en ALERTANET. Para cualquier reproducción, solicitar permiso del autor.
ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY alertanet@hotmail.com http://geocities.com/alertanet/index.html
Datos
Generales
La República de Guatemala cuenta con
una población de 10,5 millones de habitantes. Esta población se ubica en una
extensión de 108.889 kms. cuadrados,
repartida en 22 departamentos
geográficos y 331 municipios.
Una
de sus características más sobresalientes es la gran diversidad lingüística,
étnica y cultural, además de las marcadas diferencias socioeconómicas con mayor
énfasis en las derivadas de la procedencia
Rural o Urbana, así como el régimen de tenencia de la tierra.
Paradójicamente,
a partir de la colonización española,
las poblaciones Maya-
mayoritaria en el país-, Xinca y Garifuna han sido sistemáticamente excluidas
de los ámbitos de información, consulta, debate y toma de decisiones políticas,
jurídicas, socioeconómicas y culturales, tanto a nivel municipal como nacional,
así como de los beneficios derivados de las decisiones allí emanadas. Previamente
habían sido despojados de su modus vivendi por excelencia: la tierra,
pues Guatemala, a diferencia de otros países colonizados, no contaba con
fuentes de riqueza mineral en abundancia. Este despojo les obligó a buscar
otras tierras, siempre, sin embargo, menos fértiles y en orografía difícil como la del Altiplano Occidental, lo
que les llevó a servir como mano de
obra a los nuevos propietarios latifundistas, principalmente en la costa sur
del país.
Recordemos que el motivo de fundamental de
este proceso de despojo-sometimiento-explotación-exclusión fue eminentemente
económico, en tanto en cuanto el propósito último de la colonización era el
descubrimiento y consiguiente explotación de los recursos naturales existentes
en el país para beneficio del Imperio. Claro está que a ello contribuyó de
manera importante, por un lado, la reproducción exacta del modelo
socio-político del Imperio en la colonia, modelo en sí mismo excluyente y , por
otro lado, la mentalidad bien extendida de que los indígenas, al igual que las
mujeres y los niños, no tenían alma y, por tanto, no eran personas, por lo
cual, siendo animales o cosas, se podía hacer cualquier cosa con ellos, como
por ejemplo, despojarles también de sus referentes culturales, especialmente la
lengua y la religión, por su propio bien, que en realidad era el bien de un
determinado status quo.
En
este sentido, la doctora Marta Elena Casaus Arzú señala que “la lógica de la
discriminación socio-racial y cultural va a estar dirigida desde las
instituciones coloniales, la corona, la iglesia, la audiencia y el cabildo y su
objetivo principal va a ser tratar de desidentificar al indígena
de sus referentes principales: religión, idioma, cosmogonía, costumbres, etc. a través de la destrucción gradual y
sistemática de su pasado y de la implementación de los valores cristiano-
occidentales. Así pues la lengua y la
religión se convertirían en los principales instrumentos de penetración y de
aculturación colonial, por lo que la penetración y dispersión del racismo tendrán un sesgo más culturalista que biologista, aunque la pigmentocracia funcionará en las relaciones y el roce
interétnico así como en la
configuración de la pirámide social” (Casaus 1999: 58-59)
No
obstante lo dicho, si bien indios, ladinos y criollos ocupaban espacios
sociales, políticos y económicos
separados entre sí incluso geográficamente, en sus espacios los indios
gozaban de cierta autonomía jurídica y política, que, sin embargo, perderían en un nuevo tipo de Estado que,
paradójicamente, proclamando la igualdad de todos ante la Ley, invisibilizaba
las diferencias culturales existentes, lo cual les obligó a tratar de
ladinizarse para ser sujetos reales de derecho: era el Estado-nación liberal.
Efectivamente.
La Independencia va a suponer un cambio fundamentalmente en relaciones entre la
colonia y la Corona, dado que a partir de ese momento serán los criollos
quienes ejercerán el pleno poder político y económico. Pero asimismo su
consolidación va a necesitar reubicar el lugar y papel social de los
indios. Por un lado, como decíamos
anteriormente, otorga carta de
ciudadanía a todos los habitantes en el territorio guatemalteco, criollos,
indios y ladinos. Pero esta consideración de igualdad es un mero avance
formal-jurídico. Porque la realidad social cotidiana demuestra que el indio es
visto básicamente como obstáculo en el progreso político y económico de la
nueva nación. Esta vez la razón de su incapacidad radicará en su “naturaleza”,
es decir, ahora son sus genes, no su cultura,
quienes le impiden contribuir al progreso antes mencionado. Por eso, es
que se justifica que siga siendo relegado a roles inferiores y, por supuesto,
mantenido al margen de cualquier ámbito de tomas de decisiones que le afecten,
directa o in- directamente.
En
el periodo del llamado “conflicto armado interno” que duró 36 años, el Estado
existente, en que el ejército mantuvo el poder real con la connivencia de la
oligarquía económica y, en ocasiones, las iglesias neo-pentecostales, reprimió
de manera especial alas poblaciones indígenas, pero, a mi juicio, esta
represión que, en algunos momentos, adquirió dimensiones de auténtico
etnocidio, no tenía una motivación prioritariamente étnica, es decir, el
propósito no era eliminar a los indios por sí mismos, aunque de hecho así
ocurrió, sino que el propósito era impedir el triunfo de la ideología de
izquierda abanderada por la guerrilla, la cual cuestionaba seriamente el status
quo imperante caracterizado por profundas desigualdades socio-económicas y un
modelo político al servicio exclusivo de la oligarquía. En definitiva , dicho
“conflicto” estaba enmarcado en el contexto de la “guerra fría”.
De hecho, al interior de los movimientos
populares y también de la guerrilla, la
razón de sus luchas no incluye expresamente reivindicaciones culturalistas sino
eminentemente de clases, en las que la desproporcionada distribución de la
tierra en Guatemala y la evidencia de que más del 70% de la misma se encontraba
en manos de dicha oligarquía (un 4% de la población) mientras que tan sólo el
30% restante de la tierra aproximadamente era cultivada por más del 80% de la
población, esta sí campesina e indígena en su mayoría, para la cual la tierra
era además de económicamente valiosa, culturalmente importante.
En
este sentido convienen no olvidar que la cúpula dirigente de la guerrilla era
un reflejo más del Estado autoritario, racista y excluyente contra el que
luchaba, en tanto en cuanto al igual que aquél no estaba conformada por
indígenas.
No
será hasta la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, que
coincide con el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a la dirigente
indígena Rigoberta Menchú Tum , que las reivindicaciones de tipo cultural
tendrán voz y espacio propios, independientes de las reivindicaciones socio-económicas,
al punto de ser incluidas, ahora sí, expresamente en los Acuerdos de Paz, en
concreto en el llamado Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, suscrito el 31 de Marzo de 1995 en México DF entre el Gobierno de
Guatemala y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca – URNG.
Posteriormente,
el 7 de Diciembre de 1996, en Estocolmo –Suecia se suscribe entre las mismas
partes el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, en el
que, entre otros aspectos, indica que “se prevee reconocer constitucionalmente
la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca y, desde tal perspectiva, la
necesidad de definir y caracterizar al Estado guatemalteco como de unidad
nacional, multiétnica, pluricultural y multilingue. No se trata de reconocer la
existencia de distintos grupos étnicos y su identidad como lo hace actualmente
la Constitución política de la República en el artículo 66, sino reconocer la
conformación de la misma sociedad, sin perjuicio de la unidad nacional, y del
Estado, está caracterizada de aquella manera, lo que implica, además, el
reconocimiento de la especificidad de la espiritualidad indígena como
componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores y de
la oficialización constitucional de los idiomas indígenas, como uno de los
pilares sobre los que se sostiene la cultura nacional y como medio de la
adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y
valores culturales” (Gobierno de Guatemala y URNG 1997: 128-129)
Sin
embargo, por múltiples y variadas circunstancias, dichas reformas
constitucionales no fueron aprobadas en la Consulta Popular celebrada el año
pasado.
Recientemente
el actual partido gobernante, Frente Republicano Guatemalteco - FRG,
recientemente electo, manifestó su interés en convocar una nueva Asamblea
Nacional Constituyente a fin de modificar la Constitución. Paradójicamente la
práctica totalidad de los partidos de la oposición que anteriormente impulsaron
el Sí a las reformas constitucionales en la mencionada Consulta Popular, ahora
empero se oponen a la propuesta del partido oficial, argumentando básicamente
el temor a que sea rebocada la prohibición de postularse a la Presidencia de la
República a aquellos que ya la han ejercido y, en especial, quienes lo hayan
hecho a través de un golpe de estado, como es el caso del actual Presidente del
Organismo Legislativo y fundador del FRG, el general Efraín Ríos-Montt. Siendo
esto cierto, el reto del resto de los partidos políticos sería vencer al fantasma
del pasado en las próximas elecciones.
Esta
situación descrita evidencia claramente que la clase política guatemalteca así
como la sociedad civil organizada en su mayoría, o bien es incapaz de
desarrollar teórica y prácticamente un proyecto de Estado, menos aún incluyente
de la diversidad cultural, o bien carece de la voluntad política suficiente
para llevarlo a cabo.
Y
es que tampoco podemos olvidar que los partidos políticos se caracterizan por
la falta de democracia interna y por constituirse alrededor de los intereses de
ciertas familias o grupos sociales e incluso individuales tradicionalmente
poderosos, en vez de elaborar y trabajar por un determinado proyecto de nación.
Obviamente es por ello que la participación de los indígenas es insignificante
a todo nivel y por ende sus reivindicaciones no se transforman en políticas
públicas, aunque estas estén plasmadas en los Acuerdos de Paz.
Por todo ello se hace necesario oxigenar el
sistema político guatemalteco desde su raiz, que son los partidos políticos, y
facilitar también otras vías de participación ciudadana como son los Comités
Cívicos, para garantizar así la implicación los sectores que tradicionalmente
han estado al margen del quehacer político del país.
En
este sentido, los espacios locales de poder son unos de los pocos reductos
reales y efectivos que los indígenas guatemaltecos están ocupando progresivamente. El caso del comité cívico Xel-Jú
de Quetzaltenango, segunda ciudad en
importancia del país, merece un análisis profundo por las repercusiones que
tiene a todo nivel.
El comité cívico Xel-Ju es un
movimiento político-social que nace hace 28 años con una marcada inclinación
por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. No es sino
hasta 1995 que obtuvo la alcaldía municipal de Quetzaltenango, para
lo cual fue necesario abrir a su interior espacios de participación a
mujeres y hombres no indígenas, asumiendo seriamente el reto de no revertir la
discriminación de que habían sido objeto
los indígenas por más de 500 años.
Propuesta
Es así como el concepto de
interculturalidad tomó vida, más allá de los debates teóricos; es decir
personas de distintas culturas, como en Guatemala lo son los mayas y los ladinos, deciden no sólo coexistir
sino construir en conjunto políticas de
Estado, partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural. Lo que no
implica la superioridad de una cultura sobre otra, teniendo como sustento la
tolerancia, pero tampoco confundiendo ésta con la indiferencia, ni con la
permisividad.
Es inviable pensar en un proyecto
político exclusivista maya en aras de buscar una legítima equidad de
oportunidades sociales, económicas, culturales y políticas para un país que también tiene garífunas, xincas y
ladinos. Y es que ninguno de los grupos culturales puede quedar al margen de la toma de decisiones de las políticas
publicas dirigidas a todos lo
guatemaltecos.
Es pues impostergable tratar de
reducir las desigualdades abismales en el nivel de vida existentes entre, por un lado los sectores que tradicionalmente han establecido las
normas para mantener y/o aumentar sus privilegios, y por el otro lado la
mayoría de la población que no ha tenido los espacios suficientes para ser
participes y beneficiarios de una verdadera
democracia.
La clase política debe de dar muestra concretas de que le
interesa no digamos recuperar la
credibilidad de la población, por que nunca la ha tenido, pero si de cambiar
actitudes que los han desprestigiado, para lo que se debe formarse
políticamente, dejando a un lado el empirismo
político, y capacitarse para el
ejercicio de la administración pública de una forma eficiente y honesta.
En definitiva, si bien es necesario
garantizar un Estado plenamente intercultural, no podemos cifrar todas la
esperanzas de solucionar la compleja situación guatemalteca, sin abordar con
seriedad de forma simultanea e integral
aspectos igual de importantes como: transformar la desproporcional e injusta
distribución de la riqueza, y en ese
sentido también invertir la estructura fiscal que a la fecha en un 80 % depende del pago de
impuestos indirectos, en contra del apenas 20% de impuestos directos, descentralizar el país fortaleciendo los gobiernos
municipales, repenzando a la vez,
estructuras regionales del Estado
democráticas que respondan a una lógica de criterios para su
conformación, ya sean estos lingüísticos, culturales, geográficos e
históricos, fortalecer el Estado de Derecho, democratizar el sistema político y priorizar el gasto público en ámbitos como
la educación y la salud que no gozan un
alto porcentaje de guatemaltecos.
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de
Guatemala – AVANCSO
1999 ¿Racismo en Guatemala?, Ediciones Don
Quijote, Guatemala
Birk, Fridolin (Comp.)
1997 Guatemala: ¿oprimida, pobre o princesa
embrujada?, Magna Terra Editores, Guatemala
Camps, Victoria y Giner, Salvador
1998 Manual de civismo, Editorial Ariel S.A:,
Barcelona
Casaus Arzú, Marta Elena
1998 La metamorfosis del racismo en Guatemala,
Cholsamaj, Guatemala
Institute for Democracy and Electoral Assistance –
IDEA (Comp.)
1998 Democracia en Guatemala, Tercer Mundo
Editores, Colombia
Instituto Muni-k´at
1999 Bajo los diez pensamientos, Ediciones
Muni-k´at, Quetzaltenango
1999 La pobreza indígena, Ediciones
Muni-k´at, Quetzaltenango
Wieviorka, Michel
1992 El espacio del racismo, Ediciones Paidós
Ibérica, Barcelona
[i] Entidades
organizadoras: Red Iberoamericana de Investigaciones Interdisciplinarias en
relaciones Interétnicas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de Varsovia, Escuela Universitaria de Trabajo Social de Jerez de la Frontera,
Corporación Colombiana de Investigaciones Humanísticas, HUMANIZAR.
[ii] Abogado y
Notario, Guatemalteco, Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad
de S.Carlos de Guatemala, Magister en
Dirección y Gestión pública local,
Síndico Municipal de Quetzaltenango
1996-2000, actualmente
subsecretario del Comité Cívico Xel-Jú.
Redactado por Jordán Rodas Andrade cinjor@quetzal.net
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