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Constitutionalism and indigenous rights in Venezuela

Comentario: El texto hace un recuento histórico de las políticas aplicadas a la población indígena en Venezuela así como el tratamiento legal dado por las diversas constituciones, hasta llegar a la reforma constitucional de 1999. Con la reforma se marca un hito para la construcción de una “Nación Plurinacional”. El autor analiza los contenidos de la reforma del ‘99 en lo que respecta al reconocimiento de los pueblos indígenas y el pluralismo legal. Propone criterios para la reforma de otros cuerpos legales a fin de que se adecuen a la nueva Constitución. Plantea la emisión de una Ley Orgánica reglamentaria de desarrollo constitucional que contemple la participación de los pueblos indígenas en el proceso legislativo subsecuente. Nota: Documento enviado para su difusión y debate en ALERTANET. Para cualquier reproducción, solicitar permiso del autor. ALERTANET EN DERECHO Y SOCIEDAD/ LAW & SOCIETY http://geocities.com/alertanet/index.html alertanet@hotmail.com 

 

 

CONSTITUCIONALISMO Y DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN VENEZUELA

 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. J. M. Delgado Ocando", Sección de Antropología Jurídica. Maracaibo, Julio de 2000

 

Dr. Ricardo Colmenares Olívar[1]rcolme@telcel.net.ve

 

 

INTRODUCCIÓN.

 

            El reconocimiento formal y expreso de un capítulo que consagra los derechos de nuestros Pueblos Indígenas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,[2] constituye sin lugar a dudas el mayor logro político y social del movimiento indígena venezolano, el cual ha demostrado una clara ideología de su propio accionar histórico cultural en la lucha por sus derechos propios y vitales, y cuyo objetivo principal es la construcción de una Nación Plurinacional en cada uno de los territorios donde se encuentran asentados.

            Con la consagración de estos derechos colectivos no se pretende la creación de un Estado paralelo al actual Estado Federal Venezolano, ni mucho menos la separación de los demás pueblos. Por el contrario, se plantea la “unidad en la diversidad”, exigiendo que se les reconozcan sus derechos específicos como naciones  distintas y que han sido olvidados deliberadamente por quienes han detentado el poder económico y político de éste país.

Por ello, la nueva Constitución Bolivariana protege la supervivencia de las culturas indias, sobre la base de un interculturalismo que incluye a los grupos aborígenes dentro del proceso histórico de la humanidad  e intenta un cambio para que las mayorías nacionales asuman la problemática indígena como algo íntimamente suyo, de su propia realidad e identidad, pues para  la  concepción clásica del  Estado-Nación, la diversidad étnica o cultural se considera un peligro o amenaza.

 

I.             DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS INDIOS.

 

               La historia de los derechos humanos en América Latina no se puede comprender sin la referencia a la cuestión de los derechos humanos en la época de la conquista y la  colonización de los pueblos. El encuentro con las naciones indígenas que habitaban en América hizo resurgir el problema de la “naturaleza” de los indios y, consecuencialmente, sus derechos como seres humanos. Este planteamiento fué lo que hizo reaccionar a Bartolomé de Las Casas, gran defensor de los derechos de los aborígenes, quien lanzó las siguientes interrogantes: “¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis?...”. [3] Todo esto influyó para que la Iglesia Católica se pronunciara sobre las condiciones sociales del indio  y en 1537 declaró que los mismos eran  personas humanas,  prohibiendo expresamente la esclavitud de los indios, so pena de excomunión.[4]

               Fue el mismo Fray de Las Casas quien intentó imponer en Venezuela, sobre la base de un mensaje de redención y fraternidad cristiana, un  método pacífico que neutralizara de alguna manera los desmanes de los conquistadores.[5] Indudablemente que el aporte de los teólogos de la época tuvo gran significación en la afirmación de que todos los hombres son titulares de derechos inalienables, sin discriminación alguna (principio de igualdad y no discriminación).

               La lucha existente entre el poder religioso de las misiones que aspiraba a un sometimiento pacífico de los indios, y  el poder  económico y político de los encomenderos que preferían la explotación y el disfrute violento de los mismos, llevó a la infatigable presencia de Bartolomé de las Casas en la primera junta de obispos mexicanos en 1546, logrando aquella “Declaración de los derechos de los Indígenas”, la cual reconocía a los naturales la posesión  “... sobre sus cosas que sin perjuicio de otros adquieran, y también con la misma justicia poseen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos”.[6]  En esta primera declaración también se reconoció expresamente que la causa única y final de la fe cristiana era la predicación del Evangelio y la conversión de aquellas gentes naturales, declarando además que la guerra y cualquier mecanismo de sometimiento forzoso como medio para imponer la religión cristiana era “temeraria, injusta, perversa y tirana”.[7]

               De igual manera, los derechos humanos indios tuvieron también otra proyección en la época de la conquista (siglos XV y XVI) en el humanismo ético de la  “Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias” o, simplemente, las Leyes de Indias, que para algunos especialistas constituyen “...monumento legislativo que, considerando la época, debe conceptuarse como una muy valiosa recopilación normativa inspirada en principios dirigidos a asegurar, ..., los derechos de los habitantes de América”.[8] Así tenemos por ejemplo, las leyes de Burgos promulgadas en 1512,[9] las cuales constituyen el primer eslabón del Derecho Indiano, proporcionaron una concepción de completo respeto entre los indios y los españoles, prohibiendo expresamente el golpear con látigos y palos a los indios, los encarcelamientos temerarios, evitando además el imponer cargas a los indígenas.

               Por supuesto, paralelamente se crearon leyes de arquetipo español discriminatorias que atentaban contra sus formas propias de vida, cosmovisión, etc.[10]  Tales leyes indianas tenían el propósito de reducir y someter a los indígenas al Real Servicio, con suavidad y paz, “... por buenos medios”, pero en caso de no someterse, se les aplicaba un castigo según  lo determinaba la Ley Viiij del mismo Libro y Título.[11]                                    

               Por último, no podemos dejar de mencionar la Real Cédula del 12 de Mayo de 1697, que  confirman el  “...buen tratamiento, amparo, protección y defensa de los indios naturales de la América”, quienes deberían ser atendidos, mantenidos, favorecidos y honrados como todos los demás vasallos de la Corona.[12]

               La Iglesia también tuvo un papel fundamental en la Cuestión Social durante el siglo XIX: a pesar del mandato apostólico de San Pablo “quien no trabaja, no coma”, se veía comprometida  con las masas obreras y se inclinaba por los menos favorecidos socialmente, a pesar de las tendencias contrarias que le precedieron.[13] Fué a través de la Encíclica Rerum Novarum del Pontífice León XIII  del 15 de Mayo de 1891, donde se consagró la defensa de la dignidad humana sobre la base de la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores: derecho de asociación laboral, descanso dominical, limitación del trabajo diario, prohibición del trabajo infantil, salario mínimo justo, vivienda, alimentación, entre otros, fueron las principales reivindicaciones colectivas reconocidas universalmente.

 

II.         EL  ESTADO  VENEZOLANO  Y  LAS   NACIONES INDÍGENAS.

 

Desde el punto de vista antropológico, se puede afirmar que la población original de lo que hoy constituye el territorio venezolano se encuentra relacionada con los grupos humanos asiáticos que entraron en Suramérica hace más de unos 30.000 años, por el extremo que en los actuales momentos se conoce como el itsmo de Panamá.[14]  Por otra parte, es un hecho indiscutible  que el  Estado Venezolano -como Estado Nacional-,   nace  con la Constitución de 1811, pues en ella se  establecían formalmente los elementos condicionantes para su existencia: un territorio, una población y una autoridad que legislaría y ejecutaría el orden jurídico establecido para ese entonces.

Sin embargo, desde el punto de vista histórico, ya existía una nación venezolana, conformada por las distintas naciones indias extendidas por todo el territorio, que se entendían entre sí a través de verdaderas lenguas,  luchaban por conservar su patrimonio cultural, sus formas de vida propias y su autonomía política.[15]  Por ello Gil Fortoul afirma que en boca de los conquistadores y cronistas de la época,  el término “nación” significaba cualquiera agrupación de indios.[16]

            La Historia “oficial” de Venezuela es inequívoca en afirmar que antes de la colonización española se encontraban  grandes pueblos indios establecidos en tierra firme. Reseña, por ejemplo, que Fray Bartolomé de las Casas, al defender su tesis de colonización pacífica, acusó a los Welseres de haber hecho perecer cinco millones de indios.  Igualmente señala que Fray Pedro Simón, refiriéndose a las costas orientales venezolanas, expresaba:   “... era tan crecido el número de los naturales y poblaciones en los principios que se descubrieron, que afirman los primeros que le dieron vista, que hervía la tierra de ellos y parecía que de los árboles, matas, piedras, ríos y quebradas brotaban indios”.[17]

            Por lo tanto, es innegable la preexistencia de naciones indígenas antes de la formación del Estado Venezolano, con rasgos culturales propios (lenguas, viviendas, artesanía y religión) y comunes, como lo son las formas de subsistencia (recolección, caza y pesca), la organización político-social en “tribus” y una organización económica basada en la propiedad colectiva de tierras y bienes, sin clases sociales, todos los cuales se desarrollaron en un espacio territorial que les pertenece desde hace milenios de años.[18] 

            Posterior a la Conquista (s. XVI), periodo durante el cual los españoles sometieron a los indígenas existentes e incorporaron sus tierras al imperio español, se dieron “... las mejores condiciones  para hacer de pueblos diferentes por la lengua y la antropología, un solo pueblo”,[19] es decir, para crear el Estado Unitario. Las frases “la gran patria americana”,  “voluntad nacional”, “un destino común de los pueblos”, “una sola nación”, entre otras, fueron los slogans utilizados por el poder político español para justificar una supuesta  unidad de gobierno,  que conllevaba a su vez la imposición de un solo derecho, una religión, una sola lengua, unidad de territorio  y una misma economía.[20]  

            Ahora bien, dentro de este largo proceso histórico, el problema radical entre las distintas formas de Estado y las naciones indígenas ha sido el  control cultural por parte de los distintos gobiernos que se han impuesto, tal como lo sostiene Perozo Díaz, al privar a los indígenas del derecho de controlar sus vidas, tierras y recursos.[21] El primer control de decisiones se inicia con el Estado Absolutista español en 1492, imponiendo un red compleja para poder disponer de las riquezas que se extraían de nuestros territorios.

            Por supuesto, esto llevó a producir la nacionalización de la sociedad venezolana (Nación Venezolana), cuyo principal efecto fue la unidad, que implicaría  el  poder político en un sólo pueblo. En este sentido, el discurso indigenista afirma ahora que la sobrevivencia y solidaridad de los pueblos indígenas están ligados con los valores más enraizados del  Pueblo Venezolano.   

            A finales del siglo XVIII, tanto la burguesía norteamericana como la francesa, llevaron la ideología liberal al plano político mediante la creación de la categoría jurídica denominada Estado, y que estaría representado formalmente por el gobierno establecido en una Constitución.[22] Al considerar que “todos los hombres eran iguales”, se rechazaba la idea de que los indígenas tuvieran derechos especiales; de igual modo, esta filosofía consideraba a la propiedad comunal y la autonomía de los pueblos indígenas como una causa de su propio atraso y de su incapacidad para civilizarse.[23]

Por otra parte, el modo comunitario primitivo de producción practicado por nuestros aborígenes fue desplazado por el régimen de propiedad privada, basada en la figura jurídica del Derecho Romano denominada “dominio eminente” del Estado, elaborada por jurisconsultos para legitimar la conquista y ocupación de territorios  y en la Ley 24, Título 28 de la Partida  III de Alfonso El Sabio,  en la cual se consagraba el derecho de la conquista y ocupación territorial,  donde la Corona asumía su soberanía.[24]

Como bien afirma Oropeza,  el Estado Venezolano no es más que  una  institución  creada artificialmente desde la  declaración de independencia, “... cuyo contorno y fines definen el pensamiento de hombres y pueblos y cuya expresión material y jurídica es ese fundamental documento que llamamos Constitución”.[25] De allí que el  Estado es el poder político ejercido sobre una población en un territorio determinado, que se ha erigido como un modelo de organización política único e inmutable,  desconociendo la pluralidad de formas de organización política de los demás pueblos indios.[26]  Sin embargo, el concepto de Estado se asoció equívocamente al de Nación.

            Durante el período de las Repúblicas (s. XIX y XX), el Estado mantuvo a los indígenas en la misma situación de desigualdad sociocultural, aún cuando pregonaba estar sustentado en una filosofía basada en los principios universales de justicia social:

“Si bien en apariencia el Estado garantizaba igualdad entre las diversas facciones socioculturales, las  exigencias para tener acceso a la estructura organizacional del mismo y la posibilidad de participar en la creación de su base jurídica, limitó el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los grupos  ubicados en los peldaños más bajos de la sociedad, lo que incluye a las poblaciones indígenas”.[27] 

 

            Según la Constitución creada en la Primera República (1830-1945), sólo participaban en el Congreso Nacional los que sabían leer y escribir,  los que detentaran propiedades o ejercieran profesiones liberales rentables.  Esto, sin lugar a dudas, limitaba el acceso al poder de decisión de los grupos socio-culturales marginales, entre los cuales se encontraban los indígenas y, en consecuencia, el Estado se encontraba “controlado” por una élite estructurada y organizada por los partidos políticos de la época, es decir, Conservadores y Liberales.[28]

            En el período Republicano que comienza en 1945, el modelo de Estado se caracteriza por ser altamente centralizado y controlado por las élites económicas y políticas, como consecuencia de la economía de renta petrolera. Asimismo, la participación política de los obreros y campesinos en las diversas instancias  del Estado y  la poca lucha de los indígenas en los escenarios políticos de esa época,  llevó a unificar estas categorías sociales (indígenas = campesinos), obviando la diversidad cultural.

            Por otra parte, cuando se produjo la unidad nacional, la tendencia del Estado Republicano se desarrolló homogeneizando las actitudes políticas y culturales de la población: de allí también que el discurso indigenista -protector de la pluralidad cultural- proclamaba el derecho a la diferencia en el marco del Estado-nación, sobre la base de la  convivencia de los pueblos.[29]  

            Por lo tanto, los gobiernos impuestos por los Estados Colonial y Republicano no han asumido una acción pública destinada al “... equilibrio de intereses entre los diversos grupos que han conformado el sistema político venezolano”.[30]

 

III.        EL  CONSTITUCIONALISMO  Y   LOS  DERECHOS  INDIOS.

 

            Dentro del proceso de formación política de los estados de América se fueron menospreciando las culturas, creencias y sueños de  los pueblos originarios, imponiéndose una cultura dominante y un sistema de organización y administración que negó los aportes y la presencia de los mismos.  Al decir de Ayala Corao, en la creación de los Estados nacionales en la antigüa América Española no se tomaron en cuenta las realidades particulares de los pueblos preexistentes.[31]

               Ahora bien, desde el punto de vista político-constitucional, la Carta  Magna de Inglaterra (1215) fue uno de los documentos de mayor importancia histórica en la consolidación de las garantías individuales y judiciales.  En el Continente Americano, la primera formulación del concepto de Derechos Humanos se dió con la Declaración de Derechos de Virginia (Bill of Rights), el 12 de junio de 1776, y que antecedió a  la declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es con la Revolución Francesa (1789) cuando el concepto de Derechos Humanos logra una dimensión más amplia, por tener una tendencia universalista. En su preámbulo, la declaración expresaba que siendo “... la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre las únicas causas de los males públicos y la corrupción de los gobiernos...”,  resolvieron  consagrar en un documento los “... derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre”.

            A finales del siglo  XIX y comienzos del siglo XX,  los derechos económicos, sociales y culturales comienzan a reconocerse en algunas legislaciones latinoamericanas, influenciado por el  movimiento  que se denominó el Constitucionalismo Social,[32] donde se habían  incorporado  las reivindicaciones sociales, económicas y culturales. De esta manera se inicia la constitucionalización de los derechos humanos en su dimensión social, como fenómeno colectivo. La  Constitución Mexicana  de 1917 fué la primera a nivel mundial que  declaró formal y sistemáticamente los derechos sociales. Esta fue la expresión que sirvió de experiencia a los demás países latinoamericanos -entre ellos, Venezuela- para que incluyeran  los derechos económicos, sociales y culturales en sus constituciones.

 

               1.         LA EXPERIENCIA  CONSTITUCIONAL  EN  AMERICA.

 

               A nivel internacional, las reformas constitucionales que han sufrido algunos países americanos están “... dirigidas a adecuar sus cartas políticas a las exigencias de sus particulares realidades”.[33] A todas estas reformas han precedido fuertes obstáculos con pretensiones distintas en cada país, sin poder contrarrestar la voz de las organizaciones indígenas.

               Desde el punto de vista histórico, la Constitución de Guatemala de 1945 fue la primera en América en regular la cuestión indígena, cuando en su artículo 83 declaró de interés y utilidad nacionales “... el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas”.  De igual modo en el artículo 137, inciso 15 de la Carta Magna, se consagró la obligación al Presidente de la República de concentrar la atención   “... sobre los problemas indígenas”.[34] 

               A partir de 1980, el reconocimiento al pluralismo cultural y multiétnico  se ha ido plasmando en forma expresa en diversas constituciones y otras sólo consagran algunos de los derechos reclamados por los pueblos indígenas. Así se tiene por ejemplo, la Constitución de Honduras de 1982 establece en su artículo 173: “El Estado preservará y estimulará  las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, en el arte popular y las artesanías”;  sin embargo, algunos sostienen que se trata de un gesto “piadoso” para con los pueblos indígenas, tal como lo refiere Ordóñez Cifuentes.[35] Por su parte la Constitución de Nicaragua de 1987 declara en su  artículo 8 lo siguiente: "El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica ..."

               La Constitución de la República Federativa de Brasil promulgada el 5 de Octubre de 1988, contempló un capítulo específico sobre los Derechos Indígenas,[36] más otras 11 disposiciones provisorias que de alguna manera afectan positivamente los intereses de estas poblaciones. Dicha Constitución tuvo de adversarios a los mineros privados quienes se ocuparon de convencer a la opinión pública que el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el cual es una organización no gubernamental a favor de los pueblos indígenas del Brasil, encubría una estrategia destinada a internacionalizar la Amazonía brasileña para un mercado extranjero de mineros.[37]           

               Por su parte, la Reforma Constitucional propuesta en Chile desde 1989, perseguía el reconocimiento de los pueblos Indígenas como expresión de la diversidad cultural de la sociedad  Chilena.  Sin embargo, a la espera de esta reforma,  en 1993 se promulgó  la  Ley  Indígena No. 19.253, la cual estableció en su artículo primero lo siguiente:

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura... El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación Chilena...”.

 

               En la Constitución de Colombia de 1991 se consagró en su artículo 7: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". Por su parte, la Constitución de México de 1992 prescribe en su artículo 4: "La Nación mexicana tiene una composición pluricultural susten­tada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social ..."  La Constitución de Paraguay de 1992 también expresa en su artículo 62: "Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo".              

               De igual modo, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce en su artículo 2 que: “Toda persona humana tiene derecho: n. 19: A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación”.  Por su parte, la Reforma que sufriera la Constitución de Argentina en 1994,  reconoce “... la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” (artículo 75, n. 17), imponiendo al Congreso la obligación de “... Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural ...” (n. 19).

               En la reforma constitucional Boliviana de 1994, se reconoce en su artículo primero que “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituída en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la solidaridad ...” Igualmente consagró un aspecto sumamente importante, cual es el pluralismo jurídico mediante el reconocimiento de funciones administrativas a las autoridades naturales para la resolución de conflictos, según sus usos y costumbres (artículo 171). Todo ello viene a constituir un avance positivo que guarda armonía con el reconocimiento del carácter “multiétnico y pluricultural” de la nación Boliviana.[38]            

               Esta forma de pluralidad cultural no había sido reconocida expresamente en nuestra Constitución.  Por ello debemos tener en cuenta que “... un país moderno debe reconocer la existencia de las diversas culturas que hay en su interior, pues ello enriquece a la sociedad, a la nación, a la cultura nacional”.[39] No cabe duda pues, que el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural constituye un punto de partida en la afirmación de los derechos de nuestros pueblos indios,  pero evitando que sean normas “programáticas”, es decir, con desarrollo legislativo posterior, porque esto puede generar un fuerte contraste entre el derecho (“formalismo jurídico”)  y  la realidad social indígena.

            El reconocimiento de la diversidad garantiza la unidad,  permitiendo la coexistencia, la interrelación y la solidaridad entre los pueblos y nacionalidades y, por ende,  el establecimiento del Estado  Pluricultural y Plurinacional. En fin, como  afirma Ayala Corao,  se  trata de “... un resumen dialéctico entre nación política y nación cultural, en definitiva entre unidad y diversidad ... de un “reencuentro” entre el Estado Nacional y los Pueblos Indígenas, donde ambos ceden espacios propios para el  logro de sus fines”,[40] construyendo una sociedad venezolana más justa, más democrática y más participativa.

            Ante esta realidad político-social indígena, por demás innegable,  Venezuela debía asumir los cambios constitucionales necesarios para dejar de regular categorías e instituciones que corresponden a otros contextos históricos.

 

2.          LAS CONSTITUCIONES VENEZOLANAS Y EL TEMA INDÍGENA.

 

El tema de los derechos indígenas fue olvidado en  las constituciones venezolanas por más de ciento treinta y seis años. Tal como opinan en forma acertada los constitucionalistas Ortiz y Lejarza:

“El modelo de Estado tradicional consagrado por nuestras constituciones, es un modelo influenciado por formas de organización totalmente ajenas a la realidad cultural, social, económica y territorial de nuestros pueblos, que dio lugar en los diversos Textos constitucionales  a una tradición que consagraba, bien sea el Estado Unitario o Federal como forma del Estado que traduce un ordenamiento territorial y administrativo, pero que desconoce los diversos factores étnicos de los pueblos autóctonos de nuestro continente, que quedaron inmersos y bajo el imperio de instituciones pertenecientes a otra sociedad dominante”.[41]

A pesar de esta realidad histórico legislativa innegable,  trataremos en este punto de extraer aquellas normas constitucionales que han hecho referencia a la cuestión indígena, a la vez que se tratará de resaltar los valores colectivos o sociales que impregnaron  dichas normas. 

            Todos los proyectos constitucionales elaborados por el Libertador garantizaron la libertad y la seguridad jurídica de los pueblos y sus instituciones políticas.  Por tal motivo Bolívar fue bien catalogado por Salcedo Bastardo como el “Pensador Social con implicaciones sociológicas”, por su honda preocupación por conocer y analizar las costumbres y necesidades de los diferentes grupos sociales de los pueblos por él libertados, y buscarles su justa y adecuada solución. [42]

En el Capítulo IX de la Constitución Federal de Venezuela de 1811, que fue la primera Constitución Política Nacional de Latinoamérica, se reconocía la ciudadanía a los “naturales” (artículo 200), es decir, a aquellos pobladores originarios del continente, basada en los principios de justicia e igualdad, ordenando a los gobiernos provinciales procurar por todos los medios la incorporación de estos ciudadanos a la enseñanza, todo con el fin de “... sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de las cosas...”. Como bien señala Cañizales Guedez, a partir de esta Constitución “... al indígena le ha nacido la condición jurídica de ciudadano”.[43]  En dicha Constitución se dispuso además “... el reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión para que en proporción entre los padres de familia de cada pueblo las dividan y dispongan de  ellas como verdaderos señores...”. 

En el artículo 201 de esta primera Carta Constitucional se confiere la mayoría de edad al indio, sustrayéndolo de su condición alienada (considerados menores de edad) por un mal entendido privilegio.[44]  Es importante señalar además que en el artículo 202 de la referida Constitución quedó solemnemente abolido “el comercio inicuo de negros”, es decir, se prohibió la esclavitud en todo el territorio, con lo cual se creó un precedente histórico legislativo por no reconocer las formas discriminatorias.

A pesar de estos logros positivos, esta Constitución fue redactada con una visión etnocentrista y, si bien tomó en cuenta los derechos del indígena, no estableció explícitamente un reconocimiento a su especificidad sociocultural; además proclamó el igualitarismo civil o social, quedando todos los ciudadanos - incluyendo a los indígenas - en un mismo plano de derechos, con eliminación de los fueros especiales.  Del mismo modo, esta Carta fundamental proclamó en su preámbulo que la religión Católica sería la religión del Estado, con lo cual  desde ese entonces se coarta de algún modo la práctica de las religiones autóctonas.

Por su parte, la segunda Constitución del país, sancionada el 15 de agosto de 1819, refleja el pensamiento de Bolívar, y establece un régimen centralista y un poder ejecutivo muy fuerte que para nada tomó en cuenta la participación de los indígenas en los asuntos de la administración pública de la época.  Por otro lado, a pesar de la existencia del principio de igualdad social a la cual se hizo referencia, se reconoció expresamente el fuero eclesiástico.[45] 

            Luego de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, se sanciona la Constitución de 1830 y que fue la de mayor duración, pues estuvo vigente hasta 1857.  En ella se amplía la autonomía de las provincias.  Cabe destacar que en este periodo, concretamente en el año 1834, se reconoció la libertad de cultos. [46] Posteriormente, sobreviene la llamada Guerra Federal entre conservadores y liberales, triunfando la Federación.  Ese año se sanciona la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864, en la que se habla por primera vez sobre “territorios”  indios,  cuando se le otorga a la Legislatura Nacional la atribución  de “Establecer con la denominación de territorios el régimen especial con que deben existir temporalmente regiones despobladas o habitadas por indígenas no civilizados: tales territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo de la Unión”.[47]      

La Constitución de 1909 también estableció en su artículo 80 la posibilidad que tenía el Gobierno de contratar misioneros para civilizar a los indígenas, a través de las facultades concedidas expresamente al Presidente de la República:

“Son atribuciones del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: ...18.   Prohibir la entrada al territorio de la República, de los extranjeros dedicados especialmente al servicio de cualquier culto o religión, cualquiera que sea el orden o la jerarquía de  que se halle investidos. Sin embargo, el gobierno podrá contratar la venida de misioneros, que se establecerán precisamente en los puntos de la República donde haya indígenas que civilizar”.

 

            Por último, haremos referencia a  la Constitución Nacional promulgada el 5 de julio de 1947, que constituye una expresión de la Revolución de Octubre de 1945, llena de profundos cambios en el plano político y social. Es en esta Carta fundamental  donde por primera vez se toman en cuenta las características culturales y las condiciones económicas de la población india, ordenando la apertura de una legislación especial en esta materia (art. 72). En esta Constitución también se amplió el articulado relativo a los derechos sociales (educación, salud, familia y trabajo). Sin embargo, en ella perduró el carácter “integracionista”, al pretender incorporar forzosamente al indio a la vida nacional.

                       

               2.1.       LA CONSTITUCIÓN DE 1961.

 

               La Constitución Nacional de 1961[48] recogió todo el proceso político e ideológico de los años que le precedieron. En tal sentido, esta Constitución definió al Estado Venezolano como una República, con un régimen político democrático, representativo y alternativo, aunque nunca respetó ni tomó en cuenta la identidad colectiva de nuestras minorías indias.  Según el discurso oficial, era también un estado federativo, en donde cada rama del Poder Público contaba con una autonomía propia, con funciones específicas que determina la ley. 

               En el Preámbulo de la misma se establecieron como objetivos del Estado, entre otros, los de amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social. Así mismo señaló la obligación de contribuir con los fines de la comunidad internacional en cuanto a la garantía de los derechos individuales y sociales o colectivos de la persona humana.

 

               2.1.1.    El  Régimen de Excepción.

 

               En la Constitución de 1961 sólo existía una disposición que protegía en forma muy general a los indígenas, la que algunos en la doctrina han denominado "norma programática", cual es el artículo 77 de la Constitución y que establecía lo siguiente:  “El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación”.[49]

               Esta norma constitucional estableció el régimen de excepción de las comunidades indígenas, lo cual comportaba un deber constitucional para el Estado Venezolano de proteger a estas comunidades  y su incorporación “progresiva” a la vida de la Nación. La primera crítica a esta norma era la equiparación que se hizo del indígena con el campesino común, sin respetar su especificidad cultural (códigos culturales, cosmovisión, idiomas, etc.) que los hace ser diferentes respecto a estos últimos.[50] Dicho régimen de excepción no equivalía a un “simple” régimen especial sino que implicaba:

“... variaciones, modalidades o matices diferenciales respecto al régimen ordinario. Un régimen de excepción es más radical: incluye la presencia de un sistema que evade los patrones ordinarios, para constituír una plataforma ubicada en una esfera aparte.  En el caso del indígena, ésto se basa en las particularidades culturales del mismo, cuyos rasgos, elementos, valores y conceptos son incoincidentes con los propios de otras culturas”.[51]

 

               La propuesta alternativa de “Ley Orgánica de Etnias Indígenas” hecha por el Grupo del Vicariato de Puerto Ayacucho en fecha 28 de febrero de 1988 al Congreso de la República, expresaba acertadamente sobre este Principio lo siguiente: a) En cuanto a la excepcionalidad, estaría dada por las diferencias idiomáticas, culturales, raciales, axiológicas que existen entre las minorías étnicas y el resto de los pobladores del territorio venezolano; b) el nivel de protección estaría basada en la condición de ser  minorías en relación con el resto de la población no indígena, y c) en lo que respecta a la incorporación progresiva a la vida nacional, ha de hacerse sin perder lo propio: por ejemplo, a nivel tecnológico, permitir la incorporación de su  tecnología intermedia tradicional, no biodegradante a los modos de producción; permitirles la utilización de su medicina tradicional, entre otras exigencias.

               Para los que afirmaban que este régimen constituía una violación del derecho a la igualdad, la doctrina internacional ha entendido que las protección de grupos minoritarios implica la realización de una acción positiva que consiste en un servicio concreto ofrecido al grupo excepcionado.[52]  Por ejemplo, si un niño miembro de la etnia Warao estudia en una escuela nacional en iguales condiciones que los demás niños, el Gobierno está en la obligación de garantizarle el derecho a su propia cultura y a su propia lengua nativa, ofreciendo para ello  a ese indígena un plan  concreto de formación intercultural bilingüe.

               En la sentencia del 5 de Diciembre de 1996, el Alto Tribunal de Justicia desarrolló  la protección consagrada en el régimen de excepción establecida en el artículo 77 de nuestra Constitución, con argumentos históricos, sociológicos y antropológicos, cuando expresó lo siguiente:

“... no debe desestimarse la expresión de la voluntad de los mismos indígenas.  Más aún, su participación debe ser considerada con especial atención, en vista de que los indígenas constituyen uno de los grupos sociales más expuestos a la violación de sus derechos humanos, por sus condiciones socioeconómicas, culturales, y aislamiento, por cuanto en su hábitat  intervienen intereses distintos y a veces contrarios a los legítimos derechos de la población autóctona, porque, lamentablemente, la historia de la humanidad evidencia un largo y triste padecer de las minorías, en algunos casos, por el desconocimiento de sus legítimos derechos, en otros, por la cultura del odio y el perjuicio. Es entonces, en este contexto, que los derechos humanos de los indígenas, cobran mayor fortaleza y esta Corte así lo reconoce expresamente...”.

               Por supuesto,  para poder lograr una defensa efectiva de los derechos indígenas, lo ideal era formular las normas de la Constitución y de los Convenios internacionales de manera que permita su auto aplicación o aplicación directa, teniendo así pleno valor jurídico y pueden ser aplicados automáticamente por los jueces. Por otra parte, existía la posibilidad de resguardar un derecho fundamental  (derecho tácito) aún cuando no estuviese contemplado expresamente en la Constitución, cuando se estableció en el artículo 50 lo siguiente: “La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figure expresamente en ella”.[53]

               Todo ello viene a significar que el régimen de excepción para las comunidades indígenas establecido en el citado artículo 77 de la Constitución de 1961, dejaba de ser una norma de programa de acción del Estado (“programática”) que impidiera el cumplimiento de dichas obligaciones hasta tanto las mismas no sean reglamentadas. Como bien señala Molina Vega: “La calificación de programáticas, y por ende inaplicables, que los órganos del Poder Público han dado a algunas normas constitucionales, unida a la negligencia del Congreso para reglamentarlas reflejan simplemente una oposición a los principios constitucionales por parte de quienes han gobernado”.[54] En este orden de ideas, la Sala Político-Administrativa de la antes Corte Suprema de Justicia, en fecha 20 de octubre de 1983 estableció el criterio que el hecho de que no existan leyes que reglamenten los derechos constitucionales no impide el ejercicio de los mismos.[55]

 

               3.         EL PROCESO CONSTITUYENTE.

 

               El proceso constituyente en Venezuela comenzó formalmente el 25 de julio de 1999, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el cual se realizó mediante la manifestación popular denominado “Referéndum Consultivo”, el cual fue un mecanismo no previsto en la Constitución de 1961.[56] Los objetivos fundamentales de la Asamblea Constituyente fueron, entre otros, el establecimiento de un status constitucional a los derechos humanos, garantizar el derecho a la justicia para todos los ciudadanos e incorporar los derechos específicos a los pueblos indigenas.[57] La ANC estuvo conformada por veintiún Comisiones Permanentes entre las cuales estaba la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, integrada por dignos representantes de las distintas etnias como fueron: Nohelí Pocaterra (presidenta), Guillermo Guevara (vicepresidente), Atala Uriana y José Luis González, entre otros.[58]

 

 

IV.          EL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL VENEZOLANO.

 

            Los distintos pueblos  indígenas constituyen la diversidad o pluralidad cultural junto con  los demás grupos étnicos existentes en Venezuela, pues cada uno de ellos poseen una identidad, una lengua, una historia, costumbres y valores propios. Por su parte, las  organizaciones indígenas sostienen que los Estados deben reconocer el carácter plurinacional y pluricultural de su población, reconociendo a cada una de las poblaciones que habitan en sus territorios con su propia identidad nacional y especificidad cultural, como sujetos de derecho dentro de la sociedad global.[59]  En fin, se trata de buscar en la relación inter­cultural un equilibrio para que "...ninguna cultura se convierta en instrumento de hegemonía y represión". [60]

               Por estas razones históricas y sociológicas, el  primer elemento que el Poder Constituyente agregó en el Preámbulo del nuevo orden constitucional venezolano fue el establecimiento de un Estado Multiétnico y Pluricultural de la República, el cual no implica que cada pueblo debe desarrollar su propio Estado, sino de lo que se trata es de cambiar la idea de un Estado cultural y socialmente homogéneo por un nuevo modelo político que acepte su realidad social y reconozca la existencia de sus diversas realidades socioculturales.  De igual modo, el Preámbulo de la Constitución Bolivariana reconoce el sacrificio de "los antepasados aborígenes" en la construcción de la soberanía de nuestra patria.[61] 

 El reconocimiento de varias culturas dentro de un mismo Estado conlleva necesariamente a la aceptación de otro concepto político e ideológico que se debe manejar en la nueva Constitución, cual  es la creación de un Estado Plurinacional, el cual “... se sustenta en la diversidad real e innegable de la existencia de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas como entidades económicas, políticas y culturales históricas diferenciadas[62] De igual manera, E. Mosonyi sostiene que “... la existencia de pequeñas nacionalidades autóctonas es la garantía más segura y auténtica de una venezolanidad fiel a sus orígenes y respetuosa de la pluralidad de sus creaciones colectivas”.[63]

            La concepción del Estado Nacional debe convertirse, en todo caso, en la fórmula Estado-naciones.  De allí que debe manejarse el concepto de naciones indígenas que, como bien lo define F. Morales posee “...soberanía y capacidad de autodeterminación preexistentes a la formación del Estado colonial y republicano y con una ideología etnonacionalista, ... con la aspiración legítima de ser interlocutoras con derecho ante los Estados latinoamericanos, en búsqueda de la participación en la toma de decisiones”.[64]

Esta es la visión que quedó plasmada en el último Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 26 de Febrero de 1997, como justa participación de las instituciones indígenas en el fortalecimiento nacional:

“... los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población  tienen derecho a ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos...”

 

            Por ello, para  garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estas nacionalidades, se requiere consolidar la unidad del Estado Plurinacional, como expresión soberana, independiente y democrática de las primeras.

 

1.         PLURALIDAD CULTURAL EN  VENEZUELA  ANTERIOR  A LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA.

 

               Este paradigma ya se había manifestado progresivamente en diferentes instrumentos legales gracias a la fuerza en las reclamaciones de los movimientos sociales en los últimos diez años, entre ellos la de los indígenas, como una manera práctica de desarrollar el régimen de excepción previsto en la Constitución de 1961 a favor de los indígenas.

               Una clara manifestación del pluralismo cultural en Venezuela lo constituye el carácter multiétnico y pluricultu­ral (artículo 2) de la Constitución del Estado Amazonas,[65] antes Territorio Federal y cuyos habitantes indígenas alcanza el 50% del total de su población. A solicitud de diversas etnias se reconocieron formalmente los siguientes derechos colectivos: a) la biodiversidad ecológica, genética y biológica (artículo 3); b) el derecho a la propia cultura, religión ancestral y lengua nativa (artículo 11); el derecho a la tierra mediante adjudica­ción de propiedad colectiva (artículo 12) y la creación de parro­quias indígenas como mecanismo que permita la autonomía organiza­cional político-territorial de los pueblos indios. 

               Otras Constituciones Estatales de carácter pluralistas son: las del Estado Bolívar del 16-05-86, la cual confiere a los pueblos aborígenes que habitan en ese Estado el derecho de conservar, desarrollar y manifestar sus patrones sociales, culturales y lingüísticos, particularmente sus tierras;[66] igualmente la Constitución del Estado Delta Amacuro de fecha 1-02-93, también de carácter regional, reconoce, protege y preserva expresamente los derechos indígenas, en especial sobre sus territorios, atendiendo a las costumbres y tradiciones de la etnia Warao que viven en el Delta (Artículo 22, Numeral 17).  Por último, el Proyecto de Reforma de la Constitución del Estado Zulia, que desea reemplazar la Constitución de 1989 (con enmienda parcial en 1993) se perfila como un estado multiétnico (artículo 20), que garantizará las lenguas de los distintos grupos indígenas que habitan en dicha región.[67]  

               Dicho pluralismo jurídico implica, entre otras cosas, un verdadero camino hacia la descentralización, una autén­tica democracia participativa y mayor auge a la gestión del poder local, así como también la "desjuridización" en la medida en que se tienda a desmontar parte de la estructura jurídica que existía con anterioridad.

 

2.          EL CAPÍTULO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

 

               La nueva Constitución dedicó de manera expresa un Capítulo llamado "De los Derechos de los Pueblos Indígenas" conformado por ocho artículos (119 al 126) que garantiza y consagra su existencia como pueblos y comunidades, organización social y económica, cultura, usos y costumbres, así como sus idiomas y religiones. Entre otros derechos, los pueblos indígenas de Venezuela tienen la oportunidad de: a) Practicar sus formas milenarias de cultura, manteniendo así su continuidad histórica; b) Aportar de su cultura, historia y vida en general, sus potencialidades específicas al resto  del conglomerado nacional; c) Derecho a una educación sistemática bilingüe; d) Derecho al respeto y reconocimiento para todos los indios y sus descendientes como legítimos dueños de sus tierras ocupadas tradicionalmente durante miles de años; e) Participar en el equilibrio ecológico de su hábitat y en los beneficios por la explotación de sus recursos naturales y, f) Participar en forma efectiva y a todos los niveles, en los problemas y programas sociales y políticos del Estado, a los fines de coordinar los beneficios de sus propios intereses.

             Por supuesto, la discusión y aprobación del capítulo VII relacionado con los derechos de los pueblos indígenas no fué nada fácil.  El punto álgido de discusión fué el artículo 122 que utilizó el término "pueblos",[68] pues el General Francisco Visconti, miembro de la Comisión de Defensa, asomó el peligro de este reconocimiento, pues "…sería crear un Estado dentro de otro Estado".[69] Sin embargo, la Comisión mixta integrada por los  representantes de los pueblos indígenas y miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea acordaron la aprobación de ocho artículos que reconocían expresamente los derechos propios reclamados, aún cuando establecieron una cláusula de salvaguarda que se integró al texto del artículo 129 la cual estableció lo siguiente:

"Los pueblos indígenas como culturas de raíces ancestrales forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible, y de conformidad con esta Costitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no deberá interpretarse en esta Constitución en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueden conferirse a dicho término en el Derecho Internacional".[70]

 

            Por otra parte, la inclusión de este capítulo dentro de la reforma constitucional implicó cambios en otras instituciones y principios fundamentales que rigen en el actual orden constitucional.  Así por ejemplo,  dentro de los Principios Fundamentales a que se refiere el Título I de la Carta Constitucional,  se reconoce el reconocimiento oficial de los idiomas indígenas (artículo 9).

 

CONCLUSIONES.

 

En síntesis, podríamos afirmar que todos los textos constitucionales anteriores a la Constitución Bolivariana de Venezuela habían estado estructurados sobre la base ideal de una ciudadanía supuestamente “homogénea” y, en consecuencia, su contenido afectaba profundamente a la población indígena por la ausencia del reconocimiento específico de sus características culturales diferentes. Podríamos entonces resumir los principales temas de orden constitucional que recogen las demandas históricas de los indígenas, entre los cuales tenemos: 

a)       Los Pueblos Indígenas solicitan una definición legal  de la naturaleza de la sociedad nacional  -cultural y étnicamente diversa-, y la aceptación del carácter del Estado nacional como un Estado plurinacional. 

b)       También reclaman el derecho a desarrollar sus propias formas de gobierno y administración interna, disponiendo de personalidad jurídica y de representación legal para actuar válidamente frente a entidades del Estado y/o particulares;

c)       Igualmente requerieren una participacion en la vida política, económica y social del país, especialemente en los asuntos relacionados con los derechos de sus comunidades. 

d)       Reclaman además que se les reconozca y respete sus culturas indígenas (lenguas, creencias, tradiciones, etc.), como parte de la cultura nacional, con opción para mantenerlas, reproducirlas y difundirlas, con derecho además de seleccionar los modelos educativos que se ajusten a los intereses vitales y culturales de dichos pueblos.  

e)       Por último, solicitan que se les reconozca el derecho al dominio y/o posesión sobre las tierras que han ocupado ancestralmente, con capacidad de manejarlas y aprovecharlas, de acuerdo con sus modelos tradicionales de uso y tenencia; de igual modo la opción del uso exclusivo sobre los recursos naturales renovables de esas tierras indígenas, con cierto control sobre las actividades de explotación de estos recursos o de los recursos del subsuelo.          

 

               Por supuesto, de este nuevo orden constitucional a favor de los Pueblos Indígenas se derivan una serie de consecuencias que incidirán en las leyes nacionales, estatales y los ordenamientos municipales. En tal sentido y a los fines evitar una proliferación súbita e inconexa de la legislación indígena, la etapa siguiente a la reforma sería la elaboración de una Ley Orgánica, tal como se prevee en la Disposición Transitoria Sexta de la nueva Carta Magna, que contenga las bases sustantivas y procesales que aseguren a los indígenas, a nivel individual como colectivo, una participación justa en todos los procesos legales. Esta Ley Orgánica “reglamentaria” de excepción contendría disposiciones generales aplicables en todos los estados y demás entidades federales; de esta manera se evitaría, por ejemplo, que en los estados limítrofes donde existan indígenas de la misma etnia tengan normas distintas por vivir en uno u otro estado.

               Otra de las consecuencias que se derivan de este proceso sería la modificación de las constituciones estatales, en atención al principio de concurrencia  que existe entre Federación-Estado. Estas constituciones y demás leyes locales deberán establecer las medidas y procedimientos que protejan, preserven y promuevan las lenguas, culturas, costumbres, formas de organización social, relación con el medio ambiente, referidas a las comunidades indígenas asentadas en su área de competencia;  a modo de ejemplo podemos mencionar las Constituciones de los Estados Amazonas y Bolívar.

Teníamos pues, una deuda histórica con nuestros pueblos indios, pues se les habían impuesto por muchos años un modelo de organización política ajena a su realidad pluricultural. Por ello debemos replantear el modelo de organización política del Estado, donde se otorgue una mayor amplitud de posibilidades de participación decisoria (control cultural) a los distintos estratos de la sociedad civil,  ya que hasta los momentos ha sido un fracaso y no ha mejorado en nada la calidad de vida de nuestros indígenas.



[1]               Juez de Primera Instancia en lo Penal del Estado Zulia. Profesor de Derecho Penal e Investigador adscrito a la Sección de Antropología Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. J. M. Delgado Ocando"de la Universidad del Zulia (L.U.Z.). Doctor en Derecho (L.U.Z., 1998), Magister en Ciencias Penales y Criminológicas (L.U.Z., 1992), Especialista en Derechos Humanos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica 1993),

[2]               Publicada en Gaceta Oficial No. 36.860, de fecha 30 de Diciembre de 1999.

[3]               Historia de las Indias. L, c. 4.  También para el maestro de la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria, uno de los principios fundamentales reconocidos en la Carta Constitucional de los Indios, como teología alternativa, era el derecho de los indios a ser hombres y ser tratados como seres libres (Véase: Luciano Pereña Vicente. Derechos y Deberes entre Indios y Españoles en el nuevo mundo según Francisco de Vitoria.  Salamanca (España), Universidad Pontificia de Salamanca, 1992: p. 10.

[4]               José Gil Fortoul. Historia Constitucional de Venezuela. Tomo I. 5ta. Edic. Caracas: Librería Piñango, 1967: p. 78.

[5]               Miguel Angel Mudarra.  Historia General de Venezuela. 2da. Edic. Caracas, Editorial Biósfera, 1991: p. 33.

[6]               Mariano Picón -Salas. De la Conquista a la Independencia y Otros Estudios. Caracas, Monte Avila Editores, 1987: p. 54.

[7]               Ídem.

[8]               Héctor Gros Espiell. Estudios sobre Derechos Humanos II.  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Madrid (España), Editorial Civitas, S.A., 1988: p. 69.  Entre las bondades a favor de los aborígenes se encontraban, entre otros, los siguientes derechos: la prohibición de sacar a los indios del ambiente en que han vivido (Ley 13, Título I, Libro 6;  Ley 15, Título I, libro 6 y Ley 16, Título I,  Libro 6);  el respeto por sus oficios, labranzas  y ocupaciones (Ley 21, Título I,  Libro 6); el comerciar libremente sus frutos y bienes (Ley 25, Título I, Libro 6); que no sean agraviados en los repartimientos de tierra ((Leyes 23, 24 y 26 Título 7, Libro 4), sino que, por el contrario, sean favorecidos en ellos (Ley 7, Título 12, Libro 4).

[9]               Itala Núñez de Aponte. Consideraciones teóricas del Sistema Penal en la Epoca Precolombina y Colonial Venezolana. Tesis Doctoral. Universidad del Zulia, 1993: p. 27.  Estas leyes de Burgos fueron el primer fruto de los sermones de Fray Antonio de Montesinos en 1511.

[10]             Gladys Yrureta. El Indígena ante la Ley Penal. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1981: p. 29.

[11]             Ídem. Véase además: Ley Viij, Libro III, Título IV.

[12]             Ibídem: p. 77.

[13]             Guillermo Cabanellas de Torres y Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Tratado de Política Laboral y Social. Tomo I. 3era. Edic. Buenos Aires (Argentina), Editorial Heliasta, S.R.L., 1982: p. 558.

[14]             Mario Sanoja O. e Iraida Vargas Arenas. "La huella asiática en el poblamiento de Venezuela". Cuadernos Lagoven. 1992: p. 80.

[15]             F.  Cesáreo de Armellada. "Fuero Indígena Venezolano". Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 1977: p. 1.

[16]             José Gil Fortoul. "Historia Constitucional de Venezuela".  Tomo I. 5ta. Edic. Caracas, Librería Piñango, 1967: p. 67.

[17]             Arturo Cardozo. "Proceso Histórico de Venezuela: las comunidades indígenas y la estructura de la sociedad colonial". Tomo I. 2da. Edic. Caracas, Edit. SG, C.A. 1987: p. 78. Acosta Saignes elaboró una clasificación de los indígenas venezolanos que existían a fines del periodo pre-hispánico, basándose en los progresos alcanzados por las distintas tribus en la forma de obtener su subsistencia.  Igualmente consideró el territorio dividido geográficamente en nueve áreas culturales, es decir, sobre la base de rasgos culturales homogéneos (Miguel Acosta Saignes. "Estudio de Etnología Antigua de Venezuela". Caracas, 1954).  Así tenemos: 1.  Area de la Costa Caribe: desde Paria hasta Borburata.  Incluía tres subáreas: la de los Caracas, la de los Palenques y la de Oriente o Cumanagotos. 2.  Area de los Arawacos Occidentales: desde la Costa de Coro hasta la región del “Airico” al sur del Apure. Comprendía también tres subáreas: Los Caquetíos con cultivos de riego en la región costera;  los Caquetíos de  escasos cultivos al sur, y los Achaguas en el Airico. 3. Area Jirajara-Ayamán: rodeada de Caquetíos en la zona centro-occidental. 4. Area Occidental de Recolectores y Pescadores: en el Lago de Maracaibo y Norte de la Guajira, donde pertenecían los Arawacos. 5.  Area de los Caribes Occidentales: Pomenos y Bobures. 6.  Area Otomaca: entre los ríos Orinoco y Apure (Otomacos, Guamos, Taparitas y Yaruros). 7.  Area de Guayana Venezolana: formada por los Caribes del Orinoco, donde   también se asentaron los Piaroas, Guahibos y otras tribus.  8.  Area Timoto-Cuica: en los Andes Venezolanos. 9.  Area de los Recolectores y Pescadores de los Llanos y Delta del Orinoco: formada por los Guaraúnos.

[18]             Alberto Arias Amaro. "Historia de Venezuela". Caracas: Edit. Romor, C.A. 1964: p.  19.

[19]             Ambrosio Oropeza. "La nueva Constitución Venezolana de 1961". 2da. Edic. Caracas: Italgráfica, S.R.L. 1971: p. 2.

[20]             Ambrosio Oropeza. "La nueva Constitución Venezolana de 1961".  Ob. Cit.: p. 5.

[21]             Abel Perozo Díaz. "Estado, Control Cultural e Indígenas". Publicado en ESPERANDO A KUYUJANI: Tierras y Autodemarcación. San Antonio de los Altos (Venezuela), F.T. Color, S.R.L. 1994: p. 27.

[22]             Filadelfo Morales, "Resistencia indígena ante las políticas etnocidas del Estado=Nación". En TIERRA FIRME. No. 44, Año 11, Vol. XI. Caracas. Edit. Tierra Firme, 1993: p. 488.

[23]                 Wilfredo Ardito.  Los indígenas y la tierra en las leyes de América Latina". Londres (R.U.): Survival International .1996: p. 9. 

[24]             Arturo Cardozo. "Proceso Histórico de Venezuela". Tomo I. 2da. Edic. Caracas, Ediciones S.G., C.A. 1987: p. 239.

[25]             Ambrosio Oropeza. "La nueva Constitución Venezolana de 1961". Ob. Cit.1971: p. 12.

[26]             Ibídem: p. 9.

[27]             Abel Perozo Díaz. "Estado, Control Cultural e Indígenas". Ob. Cit., 1994: p. 27.

[28]             Ibídem: p. 33.

[29]             Jorge González Galván. "El sistema jurídico consuetudinario como derecho humano colectivo de las etnias indígenas". Trabajo mimeografiado. 1994: p. 5.

[30]             Abel Perozo Díaz. "Estado, Control Cultural e Indígenas". Ob. Cit., 1994: p. 29.

[31]             Carlos Ayala Corao. "El Estado Constitucional y Autonomía de los Pueblos Indígenas".  Trabajo mimeografiado: p. 3.

[32]             Como lo fueron la Constitución de Francia de 1848, la antigüa U.R.S.S. de 1918 y la de Weimar de 1919.

[33]             Comisión Andina de Juristas. DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA REGIÓN ANDINA. Lima (Perú), Edit. Siklos, S.R.L., 1994: p. 116.

[34]             José Emilio Ordóñez Cifuentes. ETNICIDAD Y DERECHOS HUMANOS. México, s/edit., 1994: p. 2.

[35]             Ibídem: p. 21.

[36]             Capítulo VIII, Título VIII, artículos 231 y 232.

[37]         Véase: Amnistía Internacional. Nosotros somos la Tierra. La Lucha de los Pueblos Indígenas de Brasil. Madrid, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), 1992.                   .    

[38]                 En igual sentido se tiene la  Constitución de Ecuador de 1979 en su artículo 1; la de Perú de 1993, la cual reconoce expresamente este carácter en su artículo 2, numeral 19; la Constitución de Guatemala de 1985 en su artículo 66. 

[39]             Francisco Zúñiga Urbina. "Igualdad Material y Necesidad de una Reforma Constitucional en Chile". Conferencia dictada en el Taller de Consulta sobre el Tema de Constitucionalidad y Derechos de los Pueblos Indígenas", organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Guatemala, 1994: p. 2.

[40]        Carlos Ayala Corao. "El Estado Constitucional y Autonomía de los Pueblos Indígenas". Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en Estudios Básicos de Derechos Humanos II, San José de Costa Rica, 1995: p. 410.

[41]             Luis Ortiz-Alvarez y Jacqueline Lejarza. "Constituciones Latinoamericanas". Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1997: p. 18.

[42]             José R. Silva Cedeño. "Bolívar y los marginados de la sociedad colonial". Maracaibo (Venezuela): Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1988: p. 9.

[43]             Emigdio Cañizales Guedez. "El indio en la guerra de Independencia". Caracas, Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela: p. 79.

[44]             Ídem.

[45]             Pedro Oliveros Villa. "La libertad religiosa en el ordenamiento jurídico venezolano". Pamplona (España), Facultad de Derecho Canónico de la Universidad d Navarra, 1996: p. 75.

[46]             Ibídem: p. 77.

[47]             Título IV, Sección Quinta, Artículo 43, numeral 22.

[48]             Fue sancionada por el Congreso de la República el 23 de Enero de 1961 y promulgada el mismo día por el Presidente Rómulo Betancourt. La Enmienda No. 1 fue sancionada y promulgada por el Congreso el 9 de Mayo de 1973 y la Enmienda No. 2 fue sancionada y promulgada el 16 de Marzo de 1983.

[49]             Esta norma fue sustituída en la nueva Constitución Bolivariana por el artículo 306, en el cual se garantiza el desarrollo rural integral para la población campesina y su incorporación al desarrollo nacional.

[50]     Saúl Rivas Rivas. “Marco Teórico Introductorio a la problemática indígena actual”.  En Revista POLÉMICA. No. 5.  Valencia (VENEZUELA). Junio de 1979: p. 110.

[51]                 Juan J. Bocaranda. La Orfandad Legal del Indígena Venezolano", en la Revista de la Iglesia de Amazonas, No. 32, Vicariato Apostólico de Puerto ayacucho, Octubre de 1986: p. 27.

[52]     Thomas Buergenthal, Claudio Grossman y Pedro Nikken. MANUAL INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1990: p. 243.

[53]             El Legislador de la vigente Constitución Bolivariana dejó casi incólume el contenido de esta norma constitucional de 1961, cuando estableció en el artículo 22 lo siguiente: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos".

[54]           José Enrique Molina Vega. "Los Derechos Sociales: Utopía o Realidad? En LA CONSTITUCIÓN DE 1961. Universidad del Zulia. 1988: p. 409.

[55]           En el mismo sentido, véase la sentencia del Máximo Tribunal, en la  Sala Político-Administrativa de fecha 24-01-85. Igualmente la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia del 8 de diciembre de 1983 señaló lo siguiente: “... no puede pretenderse que la ausencia de legislación sea obstáculo para su aplicación; esto dejaría sin efecto la idea de la jerarquía de la Constitución” .

[56]             Véase: Allan R. Brewer-Carías. “Poder Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente”.  Colección Estudios Jurídicos No. 72. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1999.

[57]             Véase: U.S. Department of State. Human Rights Reports for 1999.

[58]             Paralelamente fue creada la Comisión de Régimen del Ambiente, la cual estuvo presidida por la dirigente Wayuu Atala Uriana Pocaterra, quien también logró importantes avances en el tema de la interrelación entre medio ambiente y las formas de vida de los indígenas.

[59]             Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. "Informe de la Primera Ronda de Consultas sobre el Instrumento Legal Interamericano de Derechos de las Poblaciones Indígenas". Washington, D.C., 1992: p. 33.

[60]             Ileana Almeida. "Pluriculturalidad y Derechos Humanos en el Ecuador". Quito, 1994: p. 1.

[61]       En el Preámbulo de la Constitución Nacional propuesto en el anteproyecto de la Asamblea Nacional Constituyente se incorporó el reconocimiento de lo siguiente: "…la preexistencia de los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y raíz primigenia de nuestra nacionalidad, de nuestro mestizaje, de nuestros rasgos comunes de lengua, religión, territorio, población y gobierno, que hizo posible la nación,… destinadas a establecer una sociedad democrática, soberana, responsible, multiétnica y pluricultural,… en correspondencia con los valores de pertenencia e identidad nacional" (http://www.wl-nacional.com/actualidad/diadia/preambulo.htm).

[62]             Proyecto Político de la CONAIE. Quito (Ecuador), Consejo de Gobierno, 1994: p. 12.

[63]             Emilio Mosonyi. EL NACIONAL, 1978: A-4.  

[64]             Filadelfo Morales. "Resistencia Indígena ante las Políticas Etnocidas del Estado=Nación".  En Revista TIERRA FIRME, No. 44, Año 11, Vol. XI. Caracas, 1993: p. 497.

[65]             G.O. del Estado Amazona No. 1, de fecha 1-5-93.

[66]             Artículos 26, 27 y 28, respectivamente.

[67]           Diario “LA VERDAD”, de fecha  24-04-1998: p. A 2.

[68]             El artículo 122 establecía: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica… así como los derechos originarios de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable sobre los territorios que ancestral y tradicionalmente ocupan…"

[69]             Diario La Verdad. "Debate sobre los Derechos Indígenas divide a los Constituyentes". Noviembre 1 de 1999: p. A-2.

[70]             Diario El Nacional. "Reconocen derechos a los pueblos indígenas". Noviembre 4, 1999: p. 2.

 

Autor: Dr. Ricardo Colmenares Olívar

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